martes, julio 31, 2012
La pifias de Mitt Romney en Londres y Jerusalén
El viaje de Mitt Romney –virtual candidato republicano a la presidencia estadounidense– por el Reino Unido, Israel y Polonia comenzó enmarcado por una serie de pifias por parte de sus asesores. Uno de ellos comentó que, a diferencia de Barack Obama, Romney si apreciaba la herencia “Anglo-Saxona” que comparten los dos países. Evidentemente, no es difícil interpretar un dejo de racismo en el tono del comentario por contrastar directamente la persona de Romney con la “herencia Africano-Americana” de Obama. Muy probablemente, intentando recomponer el barco, un segundo asesor comentó que como Barak Obama es de izquierda no aprecia la importancia de Organización del Tratado del Atlántico Norte ni la relevancia de las alianzas tradicionales.
A estas pifias Romney sumó las suyas una vez arribado a Londres. Es de todos conocido que el Aeropuerto de Heathrow vio rebasada su capacidad de procesamiento de documentos de migración desde un mes antes de la fecha de inicio de los juegos. Pero que el presunto candidato presidencial estadounidense llegue a la sede olímpica y declare –a pocas horas de comenzar el evento– que había cosas “desconcertantes” en términos de seguridad, cayó muy mal tanto al regente de Londres –Boris Johnson– como al Primer Ministro –David Cameron.
Cabe destacar que Mitt Romney tiene experiencia como organizador olímpico pues fue Presidente del Comité organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno en Salt Lake City en 2002. Sin embargo, este intento de presumir sus credenciales como organizador fue expresado con tal arrogancia que no sólo los medios ingleses sino los propios Johnson y Cameron contestaron los comentarios personalmente. El primero cuestionó, en un evento masivo en Hyde Park, que Ronmey pensara que la organización en Londres no estaba lista; Cameron, por su parte, desestimó los comentarios de Romney al marcar la diferencia entre Londres y Salt lake City de la siguiente manera: “Estamos organizando unos Juegos Olímpicos en una de las ciudades más ocupadas, activas y aceleradas en el mundo. Por supuesto es más fácil organizar unos Juegos Olímpicos en medio de la nada”.
La coronación de los tropezones de Romney en Londres sucedió cuando, al final de su reunión con David Cameron, declaró que también se había reunido con Sir John Sawyers, director del MI6 (el Servicio Secreto de Inteligencia inglés). Los medios se concentraron en el hecho de que los ingleses son muy reservados en sus alusiones al MI6 y que se consideraba poco ético hacer pública una reunión con el jefe del Servicio Secreto. Pero otra cosa es también relevante: ni Cameron ni Sawyers hubiesen deseado que se hiciese pública su reunión con alguien que ni siquiera ha sido nombrado candidato presidencial oficialmente y que no tiene hoy ningún cargo público de importancia; es decir, que ambos tuvieron una reunión de alto nivel con un empresario estadounidense.
Las pifias de Mitt Romney en Israel son de diferente naturaleza. En su principal discurso público en Jerusalén, Romney llamó Jerusalén “la capital de Israel”; incluso declaró que como presidente trataría de mover la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén. Ese simple hecho muestra que sin importar las consecuencias de sus hechos, Romney está dispuesto a decir lo que sea necesario para ganar la simpatía de aquellos ultraconservadores que le pueden extender un gran cheque y conceder su voto. Sin embargo, el resultado es simple y alarmante: Romney podría llegar a ser presidente de los Estados Unidos habiendo destruido toda posibilidad de jugar un papel definitivo en la resolución del conflicto palestino-israelí; es decir, él mismo se ha desacreditado para realizar una de los más importantes labores diplomáticas en política internacional contemporánea.
Evidentemente, no podía terminar allí; Romney hizo referencia a las tensas relaciones entre Israel e Irán y lanzó su aparato discursivo en contra del último declarando un completo apoyo a la posición del primero. En un acto de temerario estrabismo, Romney dice que prevenir que Irán desarrolle armas nucleares debe de ser “la más alta prioridad de seguridad nacional” de los Estados Unidos. Con ello Romney no hace muestra sino de su profunda la ignorancia en materia de política internacional. Es casi de sentido común entender que aún si Irán desarrollara armas nucleares sería casi imposible utilizarlas contra Israel por una simple razón: el gobierno iraní estaría firmando una sentencia de cuasi-exterminio en el mismo momento en que lanzase el ataque; la respuesta de Israel, los Estados Unidos y muchos de sus aliados sería no sólo inmediata sino ejemplar. Evidente el programa nuclear iraní es mero alarde y pretende ser una moneda de cambio diplomático.
Ahora Romney está en tierras polacas. Esperemos noticias de cómo posiblemente agrave las relaciones entre los Estados Unidos y Rusia, posiblemente con algún comentario anclado en el imaginario hollywoodense de la guerra fría.
lunes, julio 16, 2012
Una aproximación al sistema electoral de los Estados Unidos
Por Miguel Ángel Valenzuela Shelley
Es a raíz del conflicto post
electoral del año 2000 (Florida) que se avivó el interés por conocer y entender
el sistema electoral estadounidense. Voto popular, Colegio electoral,
primarias, electores, distintas normas electorales por distrito y otros
elementos generaron sorpresa, confusión y necesidad de estudiar el sistema
electoral de la democracia norteamericana; una democracia que tiene tanto
aspectos profundamente antidemocráticos, como otros igualmente democráticos. Un
complejo sistema pragmático que ha logrado equilibrar el ímpetu democrático y
la necesidades corporativas.
El sistema electoral
estadounidense es resultado, como varios aspectos de su sistema político, de
una serie de indefiniciones iniciales que dieron lugar (no sin intención
necesariamente) a una serie de pugnas y arreglos pragmáticos a lo largo de la
historia que han definido -y siguen haciéndolo- sus procedimientos y
condiciones electorales. Esto va desde la elección del presidente hasta los
mecanismos de financiamiento en las campañas.
Normas electorales.
Existen dos tipos de elecciones
en los Estados Unidos: las primarias, que lleva a cabo los partidos políticos
para definir a sus candidatos, y las generales, en las que se elige tanto al
Ejecutivo como al Legislativo en sus diferentes etapas. Los artículos I y II de
la Constitución de los Estados Unidos de América, indican cómo y cuándo se
elegirá a la Cámara de Representantes, la Cámara de Senadores, al Presidente y
Vicepresidente. En ellos se establecen requisitos para ser electo, así como
mecanismos y fechas del proceso[1].
A lo largo del tiempo ha habido
una serie de Enmiendas tendientes a consolidar y/o regular al sistema electoral
desde diversas perspectivas. La Enmienda XII (1804) establece que la votación
por Presidente y Vicepresidente será por separado, de tal forma que habrá
candidatos para cada uno de los cargos mencionados. Ella misma define
procedimientos para la elección de ambos cargos en dado caso de que ningún
candidato obtenga la mayoría, recayendo la responsabilidad de la elección ya no
en el Colegio Electoral sino en el Congreso. La Enmiendas XV (1870), XIX (1913)
y XXIV (1964) defienden el derecho al voto frente a cuestiones raciales, de
género y por no haber cumplido sus obligaciones fiscales.
La Enmienda XVII (1913) permite
la elección del Senado por parte de los ciudadanos y reitera que cada estado
contará con dos senadores; asimismo establece las acciones a seguir en caso de
una vacante. La Enmienda XXII (1951) limita a dos el número de períodos
presidenciales, es decir una elección y una re elección. La Enmienda XXIII
(1961) otorga al Distrito de Columbia (Washington, D. C.) un número de
electores en el Colegio Electoral igual al número de electores que tuviera si
fuera un Estado, pero no mayor al número de electores que tenga el estado con
menor representación. Por último, la Enmienda XXVI (1971) establece en 18 años
como la edad mínima para obtener el derecho al voto.
Tipos de elecciones.
Como se mencionó hay dos tipos de
elecciones en los Estados Unidos; generales y primarias. En las generales se
elije al Presidente, al Vicepresidente, a la Cámara de Representantes cuando
así sea necesario, y a un tercio del Senado cada dos años. Los senadores se
dividen en junior (sus 2 primeros años) y en senior (sus períodos de 2 a 4 años
y de 4 a 6 años). Las elecciones primarias son los procesos de elección de
candidatos que llevan a cabo los partidos políticos; estas son elecciones en
casillas, como las conocemos, o caucus. El caucus es un procedimiento en el que
las personas reunidas en un centro comunitario, deportivo, escuela, etcétera,
definen el apoyo a los principales candidatos, con base en la repartición
porcentual de acuerdo al total de participantes del caucus. Depende de las
reglas de cada distrito, se requiere ser miembro registrado de un partido o no.
En algunos casos, inclusive se puede ser miembro de un partido y participar en
el caucus del otro.
Cada partido define la cantidad
de delegados a la Convención Nacional, lo que a su vez establece el número de
delegados necesarios para obtener la candidatura presidencial. El Partido
Demócrata tiene 3,328 delegados y 694 superdelegados, y se requiere del apoyo
de 2,778 para obtener la candidatura. El Partido Republicano cuenta con 2,166
delegados, 120 superdelegados, y se requieren 1,144 delegados para conseguir la
candidatura presidencial[2]. Este año la Convención Nacional
Demócrata se realizará del 3 al 6 de septiembre en Charlotte (North Carolina) y
la Convención Nacional Republicana del 27 al 30 de agosto, en Tampa (Florida).
Instituciones electorales.
Al no existir un organismo
federal que organice las elecciones, la Constitución sólo establece que estas
se realizarán el martes siguiente al primer lunes de noviembre, la organización
de los proceses electorales recae en el Departamento de Estado de cada entidad
federativa. El Departamento de Estado “estatal” debe coordinarse y establecer
algunos lineamientos con los distritos electorales, los que –por ejemplo-
definen el diseño de la boleta electoral. Por tanto, el día de la elección se
llevan a cabo 51 procesos electorales -50 estados más el Distrito de Columbia- cada uno compuesto por distintos
procedimientos, según los distritos. Otra institución electoral estatal sería
el Colegio Electoral estatal, compuesto por los electores de cada estado, los
que expresan el sentido de su voto al Senado.
El Colegio electoral es, a fin de
cuentas, el organismo que decide la elección –a menos que ningún candidato
alcance los 270 votos necesarios, en cuyo caso el Congreso lo haría; la Cámara
de Representantes elegiría al Presidente bajo la metodología un estado un voto,
y el Senado al Vicepresidente - y está compuesto por electores estatales. La
cantidad de electores de un estado está definido por el número de
Representantes y Senadores con los que cuenta el estado. Por ejemplo, New York
tiene 31 electores en el Colegio, lo que quiere decir que cuenta con 29
Representantes y 2 Senadores, Texas con 34 electores, posee 32 Representantes y
2 Senadores. De tal forma que el Colegio Electoral tiene 538 electores (100
Senadores, 435 Representantes y 3 electores de Washington, D. C.)[3].
Aunque la mayor parte de la
elección recae en los estados, existen dos instituciones federales relacionadas
con el proceso; la Federal Election Commission y la Electoral Assistance
Commission. La primera fue creada en 1975, luego y debido al escándalo de
Watergate, y su tarea es vigilar el gasto público en las campañas, así como
evitar desvío de recursos hacia ellas. La segunda, creada en 2003 como
resultado de problema post electoral en Miami-Dade, puede –en caso de así
requerírsele- asesorar a los distritos electorales en el diseño de las boletas.
Voto popular vis a vis voto electoral.
El voto popular es el
voto ciudadano y el voto electoral corresponden al Colegio Electoral, y estos
pueden no ir en concordancia. De hecho una crítica al sistema electoral
estadounidense, es que un candidato puede perder todos el voto popular, no
obtener un solo voto en 39 estados más Washington D. C., pero si logra el voto
de los electores en California (55), New York (31), Texas (34), Florida (27),
Pennsylvania (21), Illinois (21), Ohio (20), Michigan (17), New Jersey (15),
North Carolina (15) y Georgia (15), sería el próximo presidente de los Estados
Unidos, toda vez que alcanzaría los 271 votos requeridos. Con ello, perdería el
voto popular, pero ganaría el voto del Colegio Electoral. Esto ya ha sucedido,
de hecho en tres ocasiones, siendo la más reciente en el año 2000 en que George
Walker Bush logró la presidencia, a pesar de haber perdido el voto popular por
más de medio millón de votos.
[1] Para mayores detalles sobre
los requisitos y condiciones para ser electo y el proceso mismo acudir a
http://www.archives.gov/espanol/constitucion.html
[2] Los superdelegados son
miembros importantes del Partido que cuentan con mucha influencia en la
definición de los delegados, principalmente de aquellos no comprometidos.
Algunos estados otorgan delegados a la Convención, que pueden definir su voto
en ella.
[3] Sólo los estados de Maine y
Nebraska pueden dividir los votos de los electores, los demás estados otorgan
la totalidad de ellos a quien gane el voto popular.
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miércoles, julio 11, 2012
La democracia mexicana: farsas, tragedias e impugnaciones
Por Miguel Ángel Valenzuela Shelley.
Los resultados de la elección
federal del pasado primero de julio, han dejado al descubierto –una vez más-
los problemas, pendientes, debilidades y vacíos de nuestro sistema electoral;
otra arista de la (al parecer) perenne problemática institucional mexicana. Se
ha logrado mucho desde las elecciones limitadas de los años setenta, el fraude
–ese sí, a todos luces- de 1988 y su “caída del sistema”, la (hasta cierto
punto) cuestionable elección de Ernesto Zedillo y la sospechosista de Felipe Calderón Hinojosa, doce años después de
aquella. La jornada es, sin duda alguna, menos oscura, es transparente aunque
confusa; no está exenta de fallas, pero es mucho más confiable que otros
ejercicios. Sin embargo, nuestra transición a la democracia, sigue siendo una
camino lleno de farsas, tragedias e impugnaciones.
Los reclamos de AMLO y, hay que
decirlo, de buena parte de las izquierdas, incluyendo movimientos ciudadanos,
están cayendo en la irracionalidad, las suposiciones, el fanatismo, la nada
extraña falta de autocrítica y una clara falta de visión a futuro, e inclusive
realismo. No haría daño reflexionar un poco sobre algunos de estos argumentos
que sostienen (débilmente) la impugnación; misma que se entiende más como una
expresión irracional (en el sentido de la filosofía política) del hartazgo y
frustración, que como una respuesta articulada y razonada frente a la profunda
inequidad del proceso. Lo delicado, es que lo que se necesita –y desde hace 12
años, al menos- es lo segundo, y no lo primero.
En efecto EPN ganó la elección
presidencial teniendo a más del 60% del electorado en contra de su candidatura,
pero eso no lo hace una imposición, ni ilegítimo; y en todo caso el porcentaje
se amplía con AMLO y JVM. Pretender que se desconozca a EPN o que renuncie y
sea (nombrado) presidente AMLO, sí sería una imposición. No pretendo ser un
apólogo del IFE, ni defensor de EPN o el PRI -¡jamás!- pero clamar “¡Fraude!” o
“¡Impugnación!” es un asunto muy serio y debe estar documentado con pruebas
irrefutables, no suposiciones, aunque estén fundamentadas en la razón o la
historia. No invito al silencio, ni a la sumisión, pero sí a la responsabilidad
que supone la presentación de pruebas, a fin de demostrar allende cualquier
duda los ilícitos en materia electoral.
A ver, separemos tres cuestiones
elementales: una cosa es la jornada electoral en su conjunto, otra el conteo de
los votos y aún otra las condiciones en que se desarrolla el proceso electoral
en sentido amplio. La primera obedece a los acontecimientos que suceden el día
de la elección, ya sea dentro, fuera, cerca o en los alrededores de las
casillas; así como todo aquello que impacte en la votación, de manera directa o
indirecta, en todo el territorio nacional. Esta fue muy accidentada, no fue
tersa, impoluta o inmaculada; nada más lejano a ello. Pero eso no la hace fraudulenta
per se. Cierto, el IFE reportó más de
mil incidentes el 1º de julio, pero la gran mayoría obedecieron a problemas al
instalar las casillas; como las más de 70 casillas en Tamaulipas que tuvieron
que cambiar de lugar o que retrasaron su apertura debido a la lluvia. Ahora
bien, existen muchos reportes de compra del voto –Soriana y Monex- lo cual debe
investigarse y es nuestra obligación exigir penas EJEMPLARES para quienes hayan
cometido dichos ilícitos. Eso sí puede calificarse como fraude.
La Ley General de Medios de
Impugnación en Materia Electoral es muy clara al señalar que no se puede
ejercer presión o violencia física para influir en el resultado de la elección,
de hacerlo sería causa de nulidad en la casilla (Artículos 75, 76, 77 y 77
bis). Pero también es clara la Ley al señalar que se deben comprobar dichas
acciones, y para que se anule la elección se deben anular el 25% del total de
casillas instaladas. No dudo de la compra de votos, pero sí dudo que haya sido
exclusivo del PRI; ¿acaso no recordamos las elecciones internas del PRD? ¿ya
olvidamos que alguna o algunas tuvieron que ser anuladas, precisamente por la
compra de votos? Y también dudo que la compra de votos pueda cambiar el 25% de
las casillas, y en consecuencia anular la elección; lo cual por cierto, haría
el TEPJF, no el IFE. Por supuesto queda la duda de cómo comprobar que hubo
compra del voto; ¿cómo comprobar que Juan Pérez cambió su voto a cambio de una
despensa o un horno de microondas? Si estamos insatisfechos con los criterios
del COFIPE, del TEPJF o con la Ley mencionada, entonces hay que organizarnos,
hay que presionar para que se modifiquen. Pero esas reglas del juego, esos
actores, esos árbitros, fueron avalados por los Partidos políticos, no fueron
impuestos. El fraude desde la autoridad electoral, al menos en esta elección,
es una farsa, un ardid, un sofisma o retórica, pero la limpieza de la jornada
electoral también lo es. No porque haya dados cargados, o una conspiración a
todo lo largo del territorio nacional para evitar que AMLO sea presidente, sino
porque hay permisividad para la trampa, para el cochupo. Porque hay árbitros
con muy pocos dientes, e interesados en que eso se mantenga. El IFE no aprobó
la Ley, sino el Congreso.
La segunda, el conteo de los
votos, se refiere simple y llanamente a eso, al ejercicio de sacar las boletas
de las respectivas urnas y ubicarlas en el montoncito que le corresponde: PAN –
PRD – PRI – PANAL – Nulos, y posteriormente contar las boletas no utilizadas.
Corroborar las cifras finales de la casilla y registrar el resultado en la sábana respectiva, con la
anuencia y aprobación de los representantes de los partidos que ahí se
encuentren. En esta elección, vale recordarlo, hubo representantes de todos los
partidos políticos en poco más del 96% de las casillas; y simpatizantes de AMLO
en más del 98% de ellas. Se reporta el resultado al IFE, se lleva la urna al
Instituto, y ahí se lleva a cabo el conteo rápido, que es sólo una muestra
estadística y una proyección del resultado. El miércoles posterior a la elección
de realiza el cómputo de todas las casillas, y ése es el resultado final, que
ratifica el Consejo General del IFE. A grandes rasgos, eso sucede en esta etapa
del proceso, y en ella es muy difícil que exista manipulación alguna, toda vez
que quienes participan son ciudadanos –no a partidistas muy probablemente, pero
tampoco militantes- y además ¡hay representantes de los partidos en las
casillas! Por si fuera poco, la UNAM -que de algún prestigio goza y no es de
corrupta- analizó los procedimientos del Instituto Federal Electoral y los aprobó –podríamos decir- con Mención
honorífica. Ahora, cierto, un buen conteo no significa equidad, ni legitimidad,
aunque sí legalidad. De cualquier forma, esa sería otra discusión.
La tercera, es decir las
condiciones en que se desarrolla el proceso electoral en sentido amplio, es en
buena medida –a mi parecer- la clave del problema en nuestra transición a la
democracia. El proceso fue claramente inequitativo, las irregularidades son la
regularidad; el caos, la falta de certidumbre, de transparencia, el sospechosismo, la debilidad, temor y
acotamiento del árbitro, son la norma, lo normal. Lo que debe estar ahora en
nuestra mira es precisamente eso, las condiciones del sistema
político-electoral, y del político en su conjunto. Si hubiera ganado AMLO,
¿hubiera estado todo bien? No, las tareas seguirían pendientes, al menos muchas
de ellas. Recordemos que algunas de las leyes que el Gobierno del DF ahora
presume –y hace bien- fueron detenidas por AMLO, quien por ejemplo quería
someter a referéndum algunos derechos de la comunidad LBGTQ. Cosas de la vida,
una diputada panista le corrigió la plana. Hay que presionar a los legisladores
-vía personal, ONG’s o Movimientos ciudadanos- para que no sea permisible la
compra del voto o cualquier otra ilegalidad, para que haya equidad en el
proceso, para que haya penas duras ante alguna infracción o ilícito. Si creemos
que la Segunda Vuelta electoral resolverá el problema de la legitimidad,
entonces presionemos para que se legalice, se regule de forma precisa y no de
forma espontánea. Sólo consideremos que la segunda opción de quienes simpatizan
con el PAN es el PRI, por cuestiones de Agenda, y no el PRD.
Hay que aceptar, no guste o no,
que el voto favoreció al PRI y su candidato; es decir, no sólo a EPN, sino al
PRI, eso puede apreciarse en los resultados de la elección general, no sólo
presidencial. Afirmar que quienes votaron por el PRI son corruptos o
ignorantes, es un error y una irresponsabilidad. Hay millones de personas que
eligieron esa opción, y seguramente la mayoría lo hizo consciente de su
decisión; no coincido con ellos, en lo absoluto, pero tampoco puedo
descalificarlos, ni acusarlos. Merecen respeto a su voto, amén del desacuerdo.
El resultado parece ser
definitivo y no se ven signos, pruebas, de que un fallo del TEPJF vaya en
sentido opuesto; en consecuencia debemos trabajar con las elecciones
intermedias de 2015 y las federales d 2018 en mente. Presionemos por una
Reforma del Estado que abra espacios de toma de decisión política, por la
transparencia y el acceso a la información, por imponer límites a los grupos de
interés, por otorgar dientes a los órganos que lo requieren a fin de articular
y construir condiciones democráticas. Consolidemos la rendición de cuentas y
sus mecanismos. Construyamos un sistema democrático.
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jueves, julio 05, 2012
Evaluando los daños de la elección federal en México II
–Segunda
entrega de dos
–Por Amando Basurto.
Hasta
el día de ayer por la noche, al terminar de escribir la presente, los distritos
electorales no había terminado de hacer el análisis ni el recuento total de
(por lo menos) el 54.5% del total de la elección presidencial. Lo que quedaba
cada vez más claro es la enorme cantidad de irregularidades del proceso; lo que
ha significado de entrada una bofetada con guante blanco a todos aquellos que
repitieron alguna variante del estribillo iluso: “la jornada electoral fue un
ejemplo de pulcritud y expresión fina de la democracia mexicana”. Tener que
recontar más de la mitad de la elección es un gran revés a la confiabilidad
inicial del proceso.
Sin
embargo, las irregularidades en las actas no es el peor de los problemas que
enfrenta la confiabilidad de nuestro sistema electoral. Si lo es,
desafortunadamente, el desaforado uso del poder político, el corporativismo, la
corrupción, la compra sistemática de votos y el uso ilegal de recursos públicos
en los que se ha convertido la maquinaria política de los partidos políticos.
Especialmente las maquinarias estatales del Partido Revolucionario
Institucional han demostrado ser el renovado origen de su poder político. Los
grandes ganadores de las elecciones del año 2000 fueron los comités estatales
que, tras depender del poder concentrado en la figura del presidente desde
1930, obtuvieron descomunales recursos para su operación política local (un
avanzado cacicazgo institucionalizado). Estos son los espacios desde donde la
coacción y la compra de votos fue orquestada este año con una coordinación
difícilmente igualable. Esto ha puesto de cabeza el sistema electoral al que se
había (supuestamente) blindado en contra del “embarazo” de urnas. El Instituto
Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
no tienen suficiente facultades para castigar estas ilegalidades y no tienen
suficiente poder para anular completamente unas elecciones con tal cantidad de
irregularidades. En este sentido, la evaluación arroja números rojos tanto para
la confiabilidad general del proceso como para la legalidad con la que proceden
los partidos políticos.
¿Cómo
hacer para evitar que las dinámicas de corrupción y abuso de la necesidad sigan
siendo la constante en nuestro país? Por lo visto una reforma política a fondo
no será fácilmente aprobada por la partidocracia mexicana. Lo que nuestro país
necesita es una sacudida política; al estilo del “pípila” –ese cuasi-mítico
personaje de nuestra independencia– la estructura política necesita ser
incendiada desde sus cimientos para reestablecer límites civiles de acción
política, imponiendo altos costos al abuso y la corrupción y construyendo
definitivamente un sistema electoral confiable. Pero más importante, ¿cómo lo
hacemos políticamente antes de que la
violencia nos gane el paso y veamos a nuestro país envuelto en una guerra
civil?
La
evaluación de daños arroja un gran perdedor. El Partido Acción
Nacional pierde posiciones políticas en casi todos los puestos de elección
por los que compitió el domingo. Perder la Presidencia se suma a la pérdida
definitiva de la gubernatura de Morelos, a la reducción de su fuerza en el
Distrito Federal y, finalmente, a convertirse en tercera fuerza política en el
Congreso. La gran impopularidad de la administración Calderón penetró hondo en
el sentir del electorado y Josefina Vázquez Mota no sólo cometió errores graves
durante su campaña sino que no pudo desmarcarse del todo para venderse como
producto “diferente”. Es muy probable que la bancada intenten convertir al PAN
en el partido “bisagra” en la negociación de las “reformas estructurales” con
el PRI, pero en todo caso asistirá a las negociaciones con una fuerza muy
menguada.
En
términos de sistema de partidos, los ciudadanos resultamos perdedores tras la
jornada dominical. Que el Partido Nueva Alianza mantenga su registro sólo
coadyuva a la institucionalización de la corrupción y el corporativismo. Que
Gabriel Quadri haya recibido poco más del 2% del voto presidencial habla muy
mal de la política mexicana, en donde algunos prácticamente votarían por
cualquiera con tal de no votar por los de siempre. Lo peor es que el recuento
distrital podría poner al PANAL en la situación de convertirse en un partido “bisagra”,
lo que nos dejaría en manos de un triunvirato temible PRI-PVM-PANAL.
Sorpresivamente,
suceda lo que suceda tras los conteos distritales, la revisión de los paquetes
con irregularidades y las impugnaciones ante el tribunal electoral federal, los
verdaderos ganadores de la jornada del primero de julio son los partidos que
conforman la Coalición Movimiento Progresista. Aun si después de agotar todas
las instancias legales Andrés Manuel López Obrador no es declarado Presidente,
la Coalición consiguió ganar las gubernaturas de los estados de Morelos y
Tabasco, así como la Jefatura de Gobierno del D.F. (los números de la elección
siguen sin ser finales pero es necesario trabajar con este supuesto). El
capital político adquirido es enorme; de no dilapidarlo y coordinarlo, la
Coalición se erigirá como segunda fuerza política.
Lo que
se requiere es una verdadera autocrítica al interior de la Coalición y una
definición de sus prioridades. En caso de que el TEPJF otorgue la constancia de
mayoría a Enrique Peña Nieto, la Coalición deberá considerar lo inefectivas que
fueron las acciones post-electorales de 1988 y del 2006. Posiblemente la mejor
opción sería reconocer el resultado bajo protesta y usar el nuevo capital
político para intentar crear un marco jurídico mucho más efectivo en contra de
todas las irregularidades que se han presentado en las últimas elecciones
presidenciales. Podrían también jugar un papel más constructivo en las reformas
fiscal y laboral, y una muy legítima oposición política desde el Congreso. Incluso
más importante, podrían utilizar el movimiento construido por AMLO para
presionar políticamente y fiscalizar a los gobiernos estatales priístas y
panistas, así como para asegurar que los gobernadores de “las izquierdas”
cumplan con las expectativas de quienes los eligieron. De esta manera allanarían
el camino para la elección presidencial del 2018. Para eso tendrían que
reconocer que, a diferencia de los casos de Morelos y Tabasco, ganaron la
Jefatura de Gobierno y una mayoría legislativa y delegacional aplastante del
D.F. como resultado del efecto Ebrard
y no López Obrador. Esto ayudaría a
convencer a AMLO de liberar su movimiento de su liderazgo y permitir que trascienda su persona en pos de una
izquierda políticamente lista para dirigir el país.
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miércoles, julio 04, 2012
Evaluando los daños de la elección federal en México
–Primera de dos entregas–
–Por Amando Basurto
Mucho
se ha escrito al respecto de la jornada electoral del pasado domingo. Algunos,
a pesar de lo desaseado del proceso, se refieren a la jornada electoral como
una gran expresión de la democracia mexicana. Otros califican la jornada y el
trabajo del Instituto Federal Electoral (IFE) como un ejercicio parcial y fraudulento.
Como sucede en circunstancias de polaridad radical, ambas opiniones tienen una
alta carga ideológica combinada con sentimientos de frustración y arrogancia.
Frente a esta oleada de sinrazones y verdades a medias, decidí esperar algunos
días y dejar que la polvareda se asentara para poder realizar una evaluación de
la jornada electoral y emitir opinión.
De
inicio hay que considerar el papel jugado por el IFE y, en general, el valor de
las instituciones. Lo primero que llama la atención es la firma del Acuerdo
para la Defensa de las Instituciones y los Resultados Electorales (y el llamado
Pacto de Civilidad) por ser una completa incoherencia. Todos los candidatos
registraron su candidatura ante la autoridad electoral lo que implica la
aceptación y el aval de las reglas de juego por parte de todas las partes
(incluyendo los resultados). Firmar uno o diez pactos más no acumula ni
incrementa el compromiso de los firmantes (el caso me recuerda lo gracioso de
los señalamientos en las carreteras mexicanas que rezan “Respete los
señalamientos”, como si el conductor que no respeta el resto de los
señalamientos le fuese a hacer caso a éste en específico).
Evidentemente el
acuerdo es resultado del conflicto postelectoral de hace seis años y refleja
más miedo a que se repita que un verdadero compromiso con las instituciones.
El
segundo problema con el acuerdo es de percepción; de alguna manera la gente
supuso que al firmarlo los candidatos y partidos renunciaban a impugnar
casillas o el proceso y llevar los casos a las cortes correspondientes. Los
medios de información han ayudado a generar esta percepción al aplaudir el que
los candidatos Vázquez Mota y Quadri reconocieran temprano esa noche que los
resultados no los favorecían (es muy fácil hacerlo cuando sólo se obtiene el 25
y el 2.2% del voto respectivamente y cuando sólo algunos ilusos no sabían que
serían los candidatos con menos votos). No tiene mucho mérito reconocer la
derrota cuando nunca se tuvo la posibilidad de ganar. El caso de López Obrador
es diametralmente opuesto ya que pudo haber “reconocido” los resultados bajo
protesta y explicar que esperaría al conteo distrital (posible recuento) y a
las impugnaciones correspondientes. Sin embargo, López Obrador utilizó un
lenguaje titubeante que no ha ayudado a sus seguidores y si le ha servido de combustible
a sus detractores. Ojalá que a los dirigentes de “las izquierdas” les quede
claro que la movilización y los plantones no sirven para resolver casos de
fraude electoral; esta es una enseñanza de lo ocurrido tanto en 1988 como en el
2006. No tiene que ver con lo que piensan los detractores del movimiento, es un
asunto de efectividad nula históricamente comprobada.
También
es importante reconocer que tener una autoridad electoral como el IFE nos enfrenta
a nuevos y más complejos retos. Antes de la creación del instituto, la sociedad
mexicana vivía presa de resultados electorales organizados, contados y sumados por
el partido en el poder y desde el poder. El Partido Revolucionario
Institucional (PRI) controlaba todo el sistema electoral y los resultados eran
altamente “confiables”. Para el año de 1988, el fraude incluía todas las modalidades de coacción del voto, rellenado
de urnas, acareo y conteo “irregular” de votos (y caídas de sistema). Tras la
dura tarea de crear un instituto electoral confiable (confiabilidad que los
partidos se han dedicado a erosionar), ahora tenemos urnas más limpias y
conteos “menos amañados” pero poca capacidad de verificar y castigar la compra
y coacción de voto. Esto quiere decir que hablar hoy de fraude no es hablar
simplemente del conteo de votos sino de una serie de actos ilegales que son muy
difíciles de fiscalizar y comprobar en la corte; el fraude se ha movido a un espacio es que sólo es prevenible si la
pobreza y el hambre; no hiciera a la sociedad mexicana una presa fácil de los
partidos políticos. Por desgracia, el sistema hoy permite a los partidos recurrir
a estas prácticas y pagar un muy bajo costo político y legal.
Finalmente,
es necesario referir el proceso de conteo y publicación de números que sigue siendo
obscuro para parte de la ciudadanía. Primero tenemos las encuestas que durante
meses insisten en presentar una medición científica de preferencias y que han
demostrado por años que en México sólo sirven para hacer propaganda política.
Después recibimos las encuestas de salida y conteos rápidos privados que dan
una idea de lo cerrado o definitivo de los resultados. Pero el IFE, entonces,
inicia la publicación de dos cálculos y sumatorias muy distintas que generan
mucha confusión: el Programa de Resultados Preliminares (PREP) y un conteo
rápido. Si uno no entiende la diferencia pareciera que antes de media noche,
con pocas casillas computadas en el PREP, el IFE otorga la victoria a uno de
los candidatos. Puedo decir, por experiencia[1],
que la manera en como los resultados son capturados y computados contribuye a
la incertidumbre de la jornada. Por falta de cuidado, por cansancio, o de mala
voluntad, las actas y las sábanas con los resultados de cada casilla son
muchas veces llenados con errores. A esto hay que añadir que las alianzas y
coaliciones han vuelto muy complicado el proceso de computo. Cuando los
paquetes electorales arriban a las oficinas distritales se descubren muchos
problemas en las actas, pero estos problemas no son siempre resueltos antes de
que el acta se ingrese al PREP. A esto hay que sumarle además todos los errores
de captura que se dan en el PREP. La incertidumbre así generada se suma al resto
de irregularidades del proceso (en especial a la compra de votos).
Es por
eso que el conteo que comienza el día de hoy es muy importante para saber cual
es exactamente el resultado electoral (antes de ser llevado a las cortes a
calificar). La defensa del voto emitido, desafortunadamente, no protege a los
electores de la coerción y corrupción a los que son sometidos antes de
emitirlo.
–El día
de mañana presentaré mi evaluación sobre los daños por partido
[1] En 1994 fui representante de
partido en casilla, el año 1997 participé con Alianza Cívica en el ejercicio de
conteo rápido el la primera elección de jefe de gobierno del D.F. y el año 2000
fungí como representante distrital de partido.
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