En 2012 el candidato del PRI –en esta ocasión Enrique Peña Nieto-
hablaba una vez más del nuevo PRI, de lo distinta que sería su administración,
de la renovación del Partido y su liderazgo, de honestidad, de transparencia,
de apertura, de promesas. Pero tras cuatro años de su presidencia, nos
encontramos con lo mismo de siempre, con el mismo PRI del Corporativismo, de
las promesas incumplidas, de los discursos vacíos, del enriquecimiento, de la
corrupción, de la mezquindad. En campaña, el candidato Peña Nieto hablaba del
renovado PRI con nombres como Javier Duarte Gobernador de Veracruz), César
Duarte (Gobernador de Chihuahua) y Roberto Borge (Gobernador de Quintana Roo);
cuatro años después esos mismos nombres están ligados a acusaciones de
corrupción, malversación de fondos, sobre endeudamiento y uso indebido de
propiedad estatal. Pero como en el viejo PRI, la impunidad acompaña a las
acusaciones. Pero no nos engañemos, corrupción e impunidad caracterizan también
a otros partido políticos mexicanos; Guillermo Padrés, Cuauhtémoc Blanco…
El propio presidente y su gente más cercana –Angélica Rivera, Luis
Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong- fueron muestra de ese viejo/nuevo PRI al
encontrarse claras muestras de conflicto de intereses –al menos- en la
adquisición de inmuebles del grupo HIGA y no haber consecuencia alguna gracias
a la exoneración por parte de Virgilio Andrade (Secretaría de la Función
Pública) mas que el despido de los periodistas que dieron a conocer el ilícito;
y por supuesto, una disculpa a destiempo, confusa, vacía. En ese mismo tenor sospechosista y falto de transparencia
están Alfredo Castillo Cervantes (ex Comisionado de Seguridad para Michoacán y
ahora titular de la CONADE) y Luis Enrique Miranda (SEDESOL), funcionario que
no ha hecho su declaración patrimonial completa y llega convenientemente a
Desarrollo Social, en vísperas de las elecciones de 2018. Con ello sus nombres y
oscuros antecedentes se unen a otros notables e impunes políticos, como Fidel
Herrera –otrora gobernador de Veracruz- que como castigo a su deplorable y
corrupto gobierno, EPN lo designó cónsul en Barcelona.
La presidencia de EPN –además de seguir con la histórica impunidad
gubernamental- se ha caracterizado por los movimientos en el gabinete, ya sean
polémicos o cuestionados; desde la renuncia de David Korenfeld a CONAGUA, la de
Humberto Benítez a la PROFECO, hasta la remoción de Jesús Murillo Karam (PGR),
la de Luis Videgaray (Hacienda), de Emilio Lozoya (PEMEX), de Enrique Ochoa
(CFE), el ir y venir de José Antonio Meade (Hacienda, SRE, SEDESOL, Hacienda) o
la inexplicable permanencia de Aurelio Nuño en la SEP o de Claudia Ruíz Massieu
en la Cancillería; ¿tiene sentido la interlocución una canciller que no dirige
la política exterior? ¿Le interesará a Roberta Jacobson dialogar con Ruiz
Massieu? La salida de Luis Videgaray -el artífice de las reformas de Peña Nieto
y de la visita de Donald Trump- es hasta ahora el movimiento más aplaudido,
pero (muy) probablemente ni el otrora secretario de Hacienda saldrá del círculo
cercano del Presidente y su proyecto político, ni la razón de su salida sea la
que queremos creer: el precio de su torpeza en la visita del candidato
republicano. Es decir, es más probable que la salida de Videgaray obedezca a
una estrategia del Grupo Atlacomulco teniendo en mente la gubernatura del
Estado de México y/o la Presidencia de la República, que a una seria reprimenda
por el costo mediático de la visita de Donald Trump.
Mientras parte de la clase política en todo el país incrementa cuentas
qué ajustar –aumentando así la impunidad y el desánimo social- el presupuesto
de ingresos y egresos presentado hace unos días, trae cuentas que no cuadran
dada la situación del país. Uno pensaría que la inseguridad es una de las
principales amenazas al Estado mexicano, o al menos uno de los problemas más
alarmantes –sin mencionar la pobreza o la falta de desarrollo- sin embargo este
rubro sufrió diversos recortes. Michoacán es uno de los estados con más
problemas de inseguridad, así como inestabilidad y conflictos derivados de la
(necesaria o al menos explicable) aparición de las autodefensas y la prevención
del delito a nivel nacional una de las tareas urgentes a fin de combatir
estructuralmente la inseguridad en sus distintos niveles, sin embargo en ambos
casos los programas desaparecieron para 2017. Esto sin mencionar que la ayuda
federal que reciben los estados para combatir la delincuencia disminuyó en casi
mil millones de pesos, ni la disminución del 65% en el presupuesto de
Plataforma México o de la Fiscalía para la Búsqueda de Personas Desaparecidas,
entre otros recortes al presupuesto de egresos en temas graves de nuestro país.
Los dos últimos años de la Presidencia de Enrique Peña Nieto, serán parte de un sexenio –otro más- en que el combate a la corrupción.
