Después de poco más de un año de haberse
publicado la reforma constitucional para la creación del Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA) este lunes 18 de julio el Presidente Enrique Peña promulgó
las 7 leyes que dan el marco para el SNA.
El SNA pretende generar coordinación
entre los distintos poderes y niveles de gobierno y la ciudadanía (el sistema
contempla la creación de un Comité Coordinador, encabezado por un ciudadano y
un Comité de Participación Ciudadana integrado por cinco ciudadanos) con la
idea de prevenir, controlar y sancionar los actos y prácticas de corrupción.
El
marco legal del Sistema se construye por las siguientes leyes:
1.-
Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción. Básicamente en ésta, se describen las características del
SNA, cómo se va a coordinar en los distintos niveles de gobierno y cómo se
creará un Sistema Nacional de Fiscalización y una Plataforma Digital Nacional.
2.- Ley General de Responsabilidades
Administrativas. Esta ley explica la responsabilidad y obligación de
servidores públicos para presentar su declaración patrimonial, de intereses y
declaración fiscal.
Las
modificaciones a esta ley fueron las que se impulsaron desde el movimiento
ciudadano #3de3 y tal cuál se dio la aprobación no queda del todo claro o
definido si estas declaraciones serán o no públicas.
3.- Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, y las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y a la
Ley General de Contabilidad Gubernamental. Esta ley y paquete de reformas,
le otorga a la Auditoría Superior de la
Federación mayores elementos y “dientes” para el combate de la corrupción.
4.-
Se crea además el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa que llevará la tarea de sancionar tanto a
servidores públicos como a particulares que incurran en faltas graves.
5.-
Reformas a la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República. Es en esta donde se establece la
creación de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Cabe destacar
que esta fiscalía será un órgano autónomo.
6.-
Reformas al Código Penal Federal. Es
aquí donde se enlistan las sanciones y los tipos de actos de corrupción. Todo
se establece tanto para funcionarios públicos como para particulares.
7.-
Reformas a la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal. En esta Ley se establecen elementos que
darán más fuerza y autoridad a la Secretaría de la Función Pública para la
prevención y combate de la corrupción.
A partir
de ahora comienza quizás la parte más complicada. Sí, si nos pareció complejo
el proceso para la creación y reforma de estas leyes, lo que sigue en realidad
es el paso más importante: echar a andar y hacer realidad este sistema. Toca
romper la tradición de que en México tenemos muy buenas leyes…que son se
cumplen.
A
las autoridades les queda un gran tramo por andar y a la ciudadanía nos toca
estar muy atenta también de lo que sigue y por qué no, hacer un alto y pensar
en qué significa la corrupción en nuestro cotidiano y ver más allá de nuestras
narices.
Vivimos
en un país donde la corrupción se ha normalizado a tales niveles que en muchos
hogares no se entiende la vida sin corrupción o destinar parte del presupuesto
familiar para pagos y sobornos para poder acceder a servicios públicos. Según
datos de Transparencia Mexicana 33% del ingreso de una familia que gana un
salario mínimo se destina a estos pagos, estamos
además hablando de las familias más desfavorecidas.
Detengámonos
a pensar que la corrupción en nuestro país no es solo el dar una “mordida” al
“poli” para evitar una infracción. Veamos a la corrupción como uno de los
principales factores que afectan los Derechos Humanos en nuestro país y que
violenta hasta extremos tales como la desaparición o muerte de tanta gente en
los últimos años.
Sí,
la corrupción no es un tema cultural, no es parte de nuestros genes, pero la
tenemos muy interiorizada y toca detenerse a pensar cuán corruptos somos o cuan
familiarizados estamos con ella.
Como
ciudadanos nos quejamos de que nunca pasa nada, porque ciertamente así hemos
visto un ir y venir de ex gobernadores o personajes de la clase política que tras
actos de corrupción evidentes y a veces comprobados terminan como embajadores,
cónsules o estudiando maestrías en otros países. Parece que las cosas están
cambiando, hoy vemos un anuncio del SNA acompañado de una estrategia jurídica
del gobierno para evitar los candados que próximos exgobernadores de Chihuahua,
Quintana Roo y Veracruz intentaron generar para librarse de rendir cuentas.
El
Sistema no es una varita mágica que de un día para otro cambie las cosas y
borrón y cuenta nueva. Estoy segura que mucho costará erradicar décadas de
prácticas y mentalidades corruptas. Sin embargo hay señales e instrumentos
legales y transformación institucional que dan pie a que como ciudadanía
comencemos también a hacer cambios y exigir cuentas.
Nos
toca estar atentos e ir conociendo cómo es que el Sistema funcionará, cómo
podremos acceder a la denuncia, segura y efectiva y ver que existan
consecuencias, y cómo ser nosotros actores activos para que esto marche bien.
Al gobierno le toca hacernos saber cómo el Sistema estará a nuestro alcance. A
las organizaciones y a la academia, estar vigilantes que las personas que se
escojan para los puestos ciudadanos y la Fiscalía sean las adecuadas.
Seamos
pues nosotros también responsables de que esto funcione y que sea efectivo. Seamos pues responsables
también de nuestros actos y asumamos consecuencias porque aunque pedir perdón está
bien, no es suficiente.
Melissa Ortiz Massó
Melissa Ortiz Massó es activista social especialista en poder legislativo, transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. Promotora del Parlamento y Gobierno Abierto @melamalo
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