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jueves, julio 21, 2016

Sistema Nacional Anticorrupción: Pedir perdón está bien, pero no es suficiente.

Después de poco más de un año de haberse publicado la reforma constitucional para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) este lunes 18 de julio el Presidente Enrique Peña promulgó las 7 leyes que dan el marco para el SNA.
El SNA pretende generar coordinación entre los distintos poderes y niveles de gobierno y la ciudadanía (el sistema contempla la creación de un Comité Coordinador, encabezado por un ciudadano y un Comité de Participación Ciudadana integrado por cinco ciudadanos) con la idea de prevenir, controlar y sancionar los actos y prácticas de corrupción.

El marco legal del Sistema se construye por las siguientes leyes:

1.- Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Básicamente en ésta, se describen las características del SNA, cómo se va a coordinar en los distintos niveles de gobierno y cómo se creará un Sistema Nacional de Fiscalización y una Plataforma Digital Nacional.

2.- Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta ley explica la responsabilidad y obligación de servidores públicos para presentar su declaración patrimonial, de intereses y declaración fiscal.
Las modificaciones a esta ley fueron las que se impulsaron desde el movimiento ciudadano #3de3 y tal cuál se dio la aprobación no queda del todo claro o definido si estas declaraciones serán o no públicas.

3.- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Esta ley y paquete de reformas, le otorga  a la Auditoría Superior de la Federación mayores elementos y “dientes” para el combate de la corrupción.

4.- Se crea además el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que llevará la tarea de sancionar tanto a servidores públicos como a particulares que incurran en faltas graves.

5.- Reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Es en esta donde se establece la creación de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Cabe destacar que esta fiscalía será un órgano autónomo.

6.- Reformas al Código Penal Federal. Es aquí donde se enlistan las sanciones y los tipos de actos de corrupción. Todo se establece tanto para funcionarios públicos como para particulares.

7.- Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En esta Ley se establecen elementos que darán más fuerza y autoridad a la Secretaría de la Función Pública para la prevención y combate de la corrupción.

A partir de ahora comienza quizás la parte más complicada. Sí, si nos pareció complejo el proceso para la creación y reforma de estas leyes, lo que sigue en realidad es el paso más importante: echar a andar y hacer realidad este sistema. Toca romper la tradición de que en México tenemos muy buenas leyes…que son se cumplen.

A las autoridades les queda un gran tramo por andar y a la ciudadanía nos toca estar muy atenta también de lo que sigue y por qué no, hacer un alto y pensar en qué significa la corrupción en nuestro cotidiano y ver más allá de nuestras narices.

Vivimos en un país donde la corrupción se ha normalizado a tales niveles que en muchos hogares no se entiende la vida sin corrupción o destinar parte del presupuesto familiar para pagos y sobornos para poder acceder a servicios públicos. Según datos de Transparencia Mexicana 33% del ingreso de una familia que gana un salario mínimo se destina a estos pagos, estamos además hablando de las familias más desfavorecidas.

Detengámonos a pensar que la corrupción en nuestro país no es solo el dar una “mordida” al “poli” para evitar una infracción. Veamos a la corrupción como uno de los principales factores que afectan los Derechos Humanos en nuestro país y que violenta hasta extremos tales como la desaparición o muerte de tanta gente en los últimos años.

Sí, la corrupción no es un tema cultural, no es parte de nuestros genes, pero la tenemos muy interiorizada y toca detenerse a pensar cuán corruptos somos o cuan familiarizados estamos con ella.

Como ciudadanos nos quejamos de que nunca pasa nada, porque ciertamente así hemos visto un ir y venir de ex gobernadores o personajes de la clase política que tras actos de corrupción evidentes y a veces comprobados terminan como embajadores, cónsules o estudiando maestrías en otros países. Parece que las cosas están cambiando, hoy vemos un anuncio del SNA acompañado de una estrategia jurídica del gobierno para evitar los candados que próximos exgobernadores de Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz intentaron generar para librarse de rendir cuentas.

El Sistema no es una varita mágica que de un día para otro cambie las cosas y borrón y cuenta nueva. Estoy segura que mucho costará erradicar décadas de prácticas y mentalidades corruptas. Sin embargo hay señales e instrumentos legales y transformación institucional que dan pie a que como ciudadanía comencemos también a hacer cambios y exigir cuentas.

Nos toca estar atentos e ir conociendo cómo es que el Sistema funcionará, cómo podremos acceder a la denuncia, segura y efectiva y ver que existan consecuencias, y cómo ser nosotros actores activos para que esto marche bien. Al gobierno le toca hacernos saber cómo el Sistema estará a nuestro alcance. A las organizaciones y a la academia, estar vigilantes que las personas que se escojan para los puestos ciudadanos y la Fiscalía sean las adecuadas.

Seamos pues nosotros también responsables de que esto funcione y  que sea efectivo. Seamos pues responsables también de nuestros actos y asumamos consecuencias porque aunque pedir perdón está bien, no es suficiente.


Melissa Ortiz Massó

Melissa Ortiz Massó es activista social especialista en poder legislativo, transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. Promotora del Parlamento y Gobierno Abierto @melamalo


jueves, junio 30, 2016

Vuelve la burra al trigo: España 26J

Hace justo 4 meses escribía en este espacio sobre el resultado en las elecciones en España de diciembre de 2015: Elecciones en España: de cómo terminar con un presidente que la mayoría no eligió.
En aquel momento hacía un recuento del resultado así como de las  (im)posibilidades de que el PSOE formara un gobierno de coalición con los partidos emergentes.  Remarcaba que quizás lo novedoso y muy notorio del proceso electoral de diciembre era el fin del bipartidismo de la democracia española.
Pues bien pasó medio año de la jornada electoral y fue imposible hacer gobierno en coalición, lo que llevó a convocar nuevamente a elecciones generales este pasado 26 de junio. Las encuestadoras y el ánimo apuntaban a que Podemos, quien durante estos meses planteó alianza con el partido Izquierda Unida, iba a repuntar o quizás rebasar al PSOE para quedar como segunda preferencia y así lograra la posibilidad de formar gobierno.
La realidad: el abstencionismo aumentó, contrario a las predicciones Podemos no logró sobrepasar al PSOE y solo obtuvo 2 escaños más teniendo un total de 71; PSOE obtuvo 85 escaños, 5 menos que las elecciones pasadas, Ciudadanos pierde 8 escaños y se queda con tan solo 32; y el PP se alza como el ganador con 137 escaños 14 más que en las elecciones pasadas. Sin embargo esto deja en una situación más complicada a los españoles.
Por un lado el novedoso quiebre del bipartidismo se desquebrajó toda vez que el 55% de los votantes eligió a los ya tradicionales PP y PSOE, partidos que siguen hablándole a la España de 50 años o más y que deja a los jóvenes fuera de sus prioridades , de su discurso y sus propuestas.
Por otro lado el PP sigue sin tener la mayoría de 176 escaños para formar gobierno, lo cual lleva a Rajoy a la necesidad de negociar con los partidos que no han querido generar alianzas con el PP y que dadas sus plataformas sería como plantear que agua y aceite funcionen. Puede negociar con Ciudadanos, un partido joven pero con quien comparte idearios y propuestas desde la derecha. Sin embargo ello no plantea un escenario suficiente para lograr la mayoría y necesitarán 8 lugares más para declarar gobierno.
Su última opción es un gobierno en minoría mismo que tendría que ser aprobado por los diputados y de no llegar a ese acuerdo convocar a nuevas elecciones. Para ello tendrán que convencer a los demás partidos que voten a favor o bien se abstengan. Queda claro que los partidos de izquierda y extrema izquierda votarán en contra ¿qué pasará con PSOE que dados los resultados poco le conviene ir a otras elecciones, que no votará a favor pero que de abstenerse lograría que el PP lo logre?
Rajoy gobernará, el PP gobernará habiendo obtenido solo el 32% de la preferencia de los votantes, gobernará con una oposición absoluta, tendrá que negociar política pública, presupuestos y directrices con quien no las comparte. Presidirá en minoría con la premura de poder gobernar y llegar a acuerdos, en una España urgida de acciones y de soluciones a su crisis política, económica y sí también social. Gobernará un país con dos territorios que en sus resultados electorales muestran su cada vez más marcada diferencia con el resto: País Vasco y Cataluña.
La situación política de España invita a la autocrítica de un sistema que aunque democrático claramente es poco representativo, quizás esta oposición mayoritaria pudiera considerar una urgente reforma política. También toca a la ciudadanía hacer una reflexión a conciencia de su voto y de qué tan responsables son de lo sucedido.
Así vuelve la burra al trigo: Elecciones en España: de cómo terminar con un presidente que la mayoría no eligió.

– Melissa Ortiz Massó

Melissa Ortiz Massó es activista social especialista en poder legislativo, transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. Promotora del Parlamento y Gobierno Abierto @melamalo

martes, mayo 31, 2016

De cuentos chinos y desconfianza a la autoridad

Por Amando Basurto –

El caso del secuestro de Alan Pulido en Ciudad Victoria, Tamaulipas, inundó los medios durante el domingo y ayer lunes. Primero, su privación ilegal de la libertad anunciaba algo que parece rutinario: nadie está exento de ser victima de la rampante criminalidad que azota, especialmente, ese estado de la república. Evidentemente todos los casos de secuestros son iguales hasta que los medios y la acción selectiva de la autoridad demuestran lo contrario. Porque reportar, ex post facto, cientos de casos de ejecuciones y secuestros con pocos resultados judiciales positivos puede resultar en cierto costos políticos para un gobierno, pero hacer público el secuestro de una persona “famosa” justo unos días antes de una elección puede tener un alto impacto en el resultado de las mismas. Así que entre la presión de los medios, la presión que ha de haber ejercido el Club de Fútbol Olimpiacos, y la elecciones en puerta obligaron a la inusual coordinación de fuerzas del orden. Al final el jugador de fútbol fue rescatado y mostrado a los medios como la gran eficiencia policiaca que no-caracteriza al gobierno del estado de Tamaulipas.

El reporte oficial, que se han dado a la tarea a difundir y repetir hasta el cansancio en medios, dice que Alan forcejeó y sometió al único captor que lo custodiaba quitándole celular y pistola. Que realizó dos llamadas en las que consiguió dar santo y seña del lugar donde se encontraba para que lo rescataran. Así, afortunadamente, el jugador regresó a salvo con su familia no sin antes, voluntariamente o no, hacerle el caldo gordo al gobernador Egidio Torre. Los comentarios sobre el reporte, sobre los inverosímil del relato y sobre lo conveniente del caso no se han hecho esperar las expresiones de incredulidad y sospechosismo (como dijera aquel Secretario de Gobernación con amoríos telenovelescos). Muchas parecen ser las razones de tal respuesta.

Primero, la autoridad comete siempre un error al responder de manera más eficaz y coordinada a los casos que involucran a personas famosas o a miembros de las élites políticas y económicas, que a los casos del ciudadano común quien es el protagonista de la gran mayoría de los casos de violencia y corrupción. Esto representa una muestra de discriminación estructural.

Segundo, si en verdad el secuestro y el rescate sucedieron como lo describen los reportes oficiales, entonces estamos probablemente ante uno de los casos de privación ilegal de la libertad más mal ejecutados de la historia y, posiblemente, también ante la demostración que sólo se necesita ser un “gran atleta” para poder escapar de las garras del crimen organizado. No es que la versión oficial sea necesariamente falsa, sino que resulta inverosímil.

Tercero, el que esta exitosa operación relámpago de localización y liberación del jugador suceda justo a unos días antes de las elecciones y pueda funcionar como para maquillar la terrible incapacidad que el gobierno tamaulipeco ha demostrado en su guerra contra la inseguridad y la corrupción ha llevado a algunos a lucubrar que el secuestro fue un montaje. A mi me cuesta mucho pensar que el gobierno del estado de Tamaulipas sea capaz de simular un acto como este, poniendo en peligro la integridad física del jugador arriesgándose, así, a un mayor costo político; lo que me lleva a una hipótesis diferente: Digamos que el secuestro sucedió como lo relatan las autoridades y, al parecer, el propio Alan Pulido (y que si no hubiese sido el jugador el secuestrado esa noche muy probablemente no nos habríamos enterado); digamos entonces que en el gobierno de la ciudad o del estado se enteran y alguien se comunica con los plagiarios y pide que lo liberen, que se “equivocaron” de víctima (por ser famoso y por hacerlo tan cercano a las elecciones) y que deben soltarlo o “permitir” que las autoridades lo recuperen para no hacer más grande el caso y así “controlar el daño” tanto a la autoridad como al grupo de delincuentes. Lo que querría decir que el plagio fue real y resuelto en una negociación “política” en un estado en el que por años la línea que distingue gobierno de crimen organizado es deleble.

“Haiga sido como haiga sido” (como triunfalmente expresaba Felipe Calderón), el caso del secuestro de Alan Pulido es relevante no porque demuestre que el crimen organizado alcanza a todos por igual sin importar la fama; tampoco lo es porque muestre una actuación selectiva de los cuerpos policiacos en casos “delicados”. El drama del caso no es relevante por ser un gran montaje electorero porque no es claro que hoy el gobierno tamaulipeco obtenga ganancias electorales, no por el hecho de haber rescatado al plagiado sino por la preponderante inseguridad que permitió, de primera instancia, que el jugador fuera secuestrado. Si es muy relevante, a mi parecer, porque evidencia la poca legitimidad y credibilidad que merecen las instituciones políticas y de seguridad en nuestro país. Es cierto que ante un caso como esto no faltarían, en cualquier contexto, quienes intentaran desacreditar al gobierno, pero el desencanto con la autoridad parece ser un sentimiento generalizado. La ingobernabilidad (local, regional, nacional) no comienza con grandes movilizaciones y rebeliones, sino con esta fuerte y compartida sensación de incredulidad y desconfianza hacia todos los niveles de autoridad.


- Amando Basurto Salazar

Doctor en Política por la New School for Social Research, N.Y. y Maestro en Estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México @amandobasurto