El futuro político de la Ciudad de México

Por Amando Basurto–

La participación de representantes independientes en la asamblea constituyente de la Ciudad de México será fundamental para que la capital no sea presa fácil de la partidocracia. Los aspirantes a candidatos independientes –algunos organizados en forma de colectivos como #CiudadFeminista, #TúConstituyente y #PorLaLibre– requieren no sólo de casi 74 mil firmas para registrarse como candidatos sino, después, ganar un escaño en la asamblea y, aún más importante, dar voz a propuestas que permitan refundar una ciudad políticamente participativa, incluyente y responsable.

Los temas incluidos en las plataformas de estos colectivos incluyen la promoción de políticas de igualdad con perspectiva de género, la ampliación  y garantía de derechos y libertades y la democracia horizontal y deliberativa. Todos estos temas parecen complementarios y es muy difícil pensar que algún ciudadano o colectivo intente llegar a formar parte de la asamblea con propuestas radicalmente diferentes (como promover políticas de desigualdad, restringir derechos y libertades, o impulsar una oligarquía piramidal). Hay que tomar en cuenta que en esta primera fase los aspirantes sólo tienen que obtener el apoyo necesario para poder competir en las elecciones y por ello sus plataformas son muy generales; sin embargo, vale la pena comenzar a poner sobre la mesa temas que pronto deberán ser considerados y discutidos de manera más específica.

Quisiera referirme aquí a un tema en especial: ¿El objetivo de la nueva constitución es refundar la Ciudad de México o implantar el Estado Ciudad de México? Me parece fundamental tener claridad en la diferencia entre crear el estado 32 de la República y repensar políticamente a la Ciudad de México sin replicar la estructura Estado/Municipios que impera en el resto del país. Es cierto que la nueva constitución es una legislación sujeta al marco jurídico establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes federales secundarias que de ella emanan, pero nada obliga a que la CDMX tenga que ser un estado más de la República. Refundar la CDMX requiere considerar las grandes oportunidades que representa y los límites que enfrenta.

Se puede argumentar que la CDMX es la ciudad “más progresista” del país y que su nueva constitución debe refrendar ese status, pero la ciudad también es una megalópolis sobrepoblada con graves desafíos en términos de polución ambiental, movilidad y crimen y corrupción. ¿Cuál será la mejor manera de enfrentar todos estos problemas dando voz y voto a los ciudadanos tanto en planeación como en ejecución y salvaguardando los derechos de todos quienes habitan la ciudad (sin discriminación alguna)? ¿Será necesario descentralizar la toma de decisiones a nivel delegacional, transformando a las hoy Delegaciones en Municipios? ¿O acaso será mejor mantener cierto nivel de concentración de poder en la jefatura de gobierno obligando a la creación de espacios de participación de y consulta a la ciudadanía que permita mejor planeación, transparencia y fiscalización de recursos (manteniendo en manos de las delegaciones la planeación y ejecución de políticas urbanas de impacto más local)?

La primer opción parece ser la mejor para establecer espacios de participación ciudadana localizados y efectivos; pero también puede ser la mejor manera de volver la planeación urbana aún más ineficiente y de permitir que los partidos político conviertan a las Delegaciones en pequeños feudos (cosa que ya sucede de alguna manera el día de hoy). La segunda opción pareciera otorgar mucho poder a la jefatura de gobierno, pero esto sólo sucedería así si la asamblea constituyente fallase en a) otorgar a la asamblea legislativa de CDMX suficiente poder como contrapeso, b) conferir a los ciudadanos la capacidad (eficaz) de hacer uso de los tribunales para iniciar procedimientos en contra de funcionarios públicos por causa de corrupción, conflicto de interés y/o daños y c) establecer obligaciones de transparencia y rendición de cuentas del gobierno acompañadas por la creación de espacios de participación y consulta ciudadana. Evidentemente esta “concentración” de poder puede ser peligrosa si estos contrapesos no son puntualmente establecidos en la nueva constitución de la ciudad.

Es por esto que creo la primera respuesta que hay que obtener de aquellos que quieren ser miembros de la asamblea constituyente es si están a favor de crear el estado 32 o de refundar la ciudad. Mucho depende de ello.

- Amando Basurto Salazar

Doctor en Política por la New School for Social Research, N.Y. y Maestro en Estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México @amandobasurto

amandobasurto@nomospolitico.com

Del DF a la Ciudad de México II

Oportunidades en la transformación.

El próximo 5 de junio elegiremos en el aún Distrito Federal a 60 de los 100 diputados de la Asamblea Constituyente que serán los encargados de elaborar el marco jurídico que regirá a la nueva Ciudad de México; con esto se dará un paso muy importante en el proceso de transformación que vivimos en la capital del país, pero no es el único, el último o el más importante. En las próximas semanas es muy probable que el tema de la elección de diputados constituyentes gane espacios al taquillero Donald Trump y su antimexicanismo por demás altisonante, propagandístico e irresponsable. A esto podría seguir una superficial discusión en los medios de comunicación sobre algunos aspectos de la Constitución para la Ciudad de México, pero difícilmente veamos en diversos foros –mediáticos o no- una gran cantidad de discusiones sobre temas que en Nomos Político nos parecen de suma importancia, tales como rendición de cuentas, transparencia, participación ciudadana, gobierno abierto, parlamento abierto, equidad  y otros. Conceptos que deberían ser indispensables no sólo en la creación de un marco jurídico para una ciudad (del siglo XXI), sino en la transformación de la ciudad misma.

En la pasada entrega de este artículo –Del DF a la Ciudad de México, Nubarrones en el escenario- se mencionaron algunas situaciones poco o nada deseables que podrían presentarse en el ejercicio mencionado; en esta ocasión se hará referencia a, lo que a mi parecer, es la oportunidad más importante que ofrece esta coyuntura: repensar y transformar la ciudad misma. Hace muchos años que la Ciudad ha dado muestras desde diversas perspectivas y en múltiples temas de la necesidad de un cambio profundo, continuo y en un mismo sentido, que combata exitosamente la problemática que ella enfrenta. Así como debe existir un proyecto de nación, debe haber una idea de Ciudad que guíe el desarrollo, el crecimiento, las políticas públicas, al gobierno y a la sociedad en su conjunto. Esto evita tanto políticas o programas improvisados que obedecen a intereses de grupo o particulares, como paliativos que no sólo resultan insuficientes e inadecuados, sino en muchas ocasiones contraproducentes.

Entiendo que la idea de repensar la Ciudad (de México) se perciba como una tarea titánica o francamente imposible dada la descomposición de ella misma, de su estructura, de su infraestructura, de sus actores –al menos de buena parte de ellos- dada la dimensión espacial, la heterogeneidad y vicios de sus habitantes, del oportunismo de buena parte de su clase política, así como de otras razones y factores que el lector pueda identificar cotidianamente. Sin embargo, así como hay mucho qué resolver, hay muchos elementos, herramientas con qué hacerlo; y lo más importante, es que es posible hacerlo. Ejemplo de ello son las ciudades españolas de Bilbao y Valencia; aquélla en un proceso de transformación desde hace casi 25 años, ésta apenas iniciándolo. Dada la juventud del caso valenciano, mencionaré brevemente el caso bilbaíno, esperando nos sirva como referente e inspiración.

Desde principios de la década de los 90, Bilbao inició un proceso de rescate, revitalización y de hecho transformación de la ciudad misma, luego de encontrarse en una profunda crisis, abandono y deterioro, resultado a su vez de la crisis industrial de los años ochenta y del propio modelo de desarrollo; en consecuencia, la ciudad portuaria e industrial se abandonó y deterioró vertiginosamente en aquella década. En respuesta a aquella situación se creó el proyecto Ría 2000 –como se denominó a la compañía sin fines de lucro encargada de los proyectos de transformación urbana de Bilbao- ha sido el responsable de repensar la Ciudad y reconvertirla en su conjunto, logrando ser un muy atractivo destino de turismo cultural, así como un importante centro productivo en lo referente a la industria extractiva y manufacturera, pero lo más importante es que ha mejorado las condiciones de vida de sus habitantes y las perspectivas de desarrollo de los bilbaínos. Aunque Bilbao es conocido y reconocido principalmente por el Museo Guggenheim del arquitecto Frank Gehry, Ría 2000 es mucho más que eso –a pesar de las acusaciones y críticas ene se sentido- es un proyecto que sigue transformando a la ciudad en su conjunto con dos ideas guía: la habitabilidad y la sustentabilidad.

La oportunidad que se nos presenta a los capitalinos es precisamente la de repensar la ciudad, no sólo crear una Constitución, replantear los poderes, redefinir el presupuesto o reorganizar la administración local, sino darle un nuevo rumbo a la Ciudad de México, guiar su desarrollo, su crecimiento, sus políticas, etcétera, hacia una idea de ciudad que sea para y por sus habitantes. No me refiero a elevar el Plan de Desarrollo Urbano a nivel constitucional –son dos cosas distintas, evidentemente- sino a establecer guías para la Ciudad a nivel constitucional o a crear un pacto resultante de una visión de ciudad compartida. Es decir, si se plasman en la Constitución o se comparten a nivel ciudad ideas o principios como habitabilidad –que contiene criterios muy claros como contaminación ambiental, auditiva y visual, imagen urbana, iluminación, áreas verdes y otras- o gobierno abierto –en términos de proceso para la elaboración de políticas publicas, por ejemplo- entonces los programas y/o políticas de las nuevas alcaldías o del gobierno central, se verían acotados o bien, limitados por aquéllos, toda vez que deberán justificarse a partir de su aporte a la habitabilidad o de su proceso de elaboración.

Más allá de la transformación de la administración pública, cosa no menor, la posibilidad de transformar la Ciudad en sí, es algo mucho más trascendental y necesario. El ejercicio puede ser paralelo a la Asamblea Constituyente o estar inmerso en ella, pero considero central que esta discusión gane espacios: ¿Qué modelo de ciudad necesitamos y queremos? ¿Qué valores y principios queremos que guíen a la Ciudad? ¿Qué ideas queremos que nos gobiernen? ¿Hacia dónde queremos llevar a la Ciudad y a nosotros con ella? Estas y muchas otras preguntas deben ser respondidas, pero algo es indiscutible, debemos tener claro que la Ciudad es de todos y la hacemos todos, por lo que nuestra participación en este proceso y en el devenir de la Ciudad de México es una obligación moral, social y política.

Partidocracia y constitución CDMX

Por Amando Basurto.-

Nada más notable en ingeniería institucional que la edificación de un cuerpo político. Ejemplos históricos hay muchos, pocos realmente ejemplares. Las constituciones tienden a ser el epítome de la concentración de poder o una expresión de las tensiones entre la constitución del poder político y el resguardo de derechos individuales. Es por ello que muchas constituciones comienzan con una retahíla de derechos mucho antes de definir tanto las instituciones como los espacios de participación política ciudadana y las herramientas para la transparencia y rendición de cuentas.

En el caso de la constitución de la Ciudad de México, los primeros temas que parecen centrales en la ingeniería institucional son: primero, ya que conocemos perfectamente los graves costos de la partidocracia en México, ¿cómo dificultamos que la recientemente creada CDMX se vuelva presa fácil de los partidos políticos? Es decir, ¿cuáles son las instituciones que deben ser planteadas para contrapesar el poder corporativista y el compadrazgo político característicos de los partidos en México? Digo, para no vernos pronto en la penosa y tortuosa tarea de "re-ciudadanizar" la política de la capital. Y segundo, ¿cómo aseguramos que desde el principio los funcionarios del gobierno de la ciudad rindan cuentas? Es decir, ¿cuáles serán los medio por los cuales se sancionará la corrupción oficial?

Sin embargo, hoy el tema se ha centrado en equilibrar el poder partidista dentro del constituyente. Mientras el grupo asesor para la redacción del proyecto es mayoritariamente perredista (y simpatizantes de izquierda), 40 de los 100 constituyentes son miembros actuales del Congreso y 6 serán designados por el Presidente Peña. Esto quiere decir que el Partido Revolucionario Institucional obtendrá una importante (si no mayoritaria) representación en la asamblea constituyente. El resto de la Asamblea Constituyente (60 individuos) será electa entre partidos y aquellos que logren registrarse como independientes. Por desgracia aquí los candidatos independientes jugarán en contra del posible equilibro de fuerzas partidistas en la asamblea, porque a más constituyentes independientes, mayor la posible representación del PRI.

La batalla política se tornará más violenta en tanto la Asamblea decida modificar en un mayor grado el proyecto presentado por el grupo asesor de Miguel Ángel Mancera. En vez de concentrarse en construir instituciones políticas modernas y democráticas, los partidos pueden simplemente tratar de dividirse de mejor manera el pastel político que la ciudad representa. Por ello, la constitución de la CDMX puede acabar consolidando la partidocracia mexicana en vez de empoderar a la ciudadanía; enfatizar la centralizad de los derechos políticos de los residentes de la capital será fundamental, pues, en los trabajos de la Asamblea Constituyente.



- Amando Basurto Salazar

Doctor en Política por la New School for Social Research, NY y Maestro en Estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México

Libertad y armamento. Un reto de la renovada administración Obama.

Por Amando Basurto

El Presidente Barack Obama inauguró su segundo término con una agenda política repleta de retos legislativos. Entre éstos, el control de la venta y posesión de armas es si no el más urgente sí el del impacto mediático más importante. La complejidad de este reto deriva de que la portación de armas de fuego ha dependido históricamente de la interpretación judicial de una controversial enmienda constitucional.

Si dos de los objetivos básicos del Estado son proveer seguridad e impartir justicia, uno podría pensar que lo lógico es que el Estado controle quién puede portar qué tipo de armas. Sin embargo, la Segunda Enmienda a la constitución de los Estados Unidos de América hace que el control sobre la posesión y distribución de armas sea un tema de controversia judicial. Así que antes de simplemente hablar sobre la necesidad o las bondades de controlar el tráfico de armas es importante conocer el origen del problema que enfrenta el gobierno vecino y que tiene relevantes implicaciones para la seguridad nacional de México.

La Segunda Enmienda reza:
“A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.” –“Una milicia bien regulada, siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo de poseer y portar armas, no debe de ser infringido.”–

La explicación histórica es muy simple: con la intención de mantener una formal autonomía, los Estados de la Unión decidieron garantizar el mantenimiento de milicias estatales que les permitiese defenderse de abusos de poder del gobierno federal. Evidentemente la idea de que las milicias estatales podrían enfrentarse al ejército de los Estados Unidos para defender la “libertad” de uno de los estados caducó completamente desde principios del siglo XX. ¿Cómo pretenderían tales milicias enfrentarse al ejército mejor armado y con mayor capacidad de fuego del planeta? Es simplemente impensable.

Sin embargo las decisiones de la Suprema Corte han llevado a que la legislación federal sobre la compra-venta y posesión de armas sea laxa e intermitente. La interpretación de la segunda enmienda ha favorecido una lectura que reconoce la posesión de armas como un derecho individual. Por otro lado, las prohibiciones de portación de armas de asalto se han expedido con tiempos de expiración y no se han aplicado con todo el rigor tanto por falta de capacidad como por evitar enfrentamientos judiciales con los gobiernos estatales.

Es por ello que, en su Discurso Inaugural de ayer, Obama insistió: “Ser fieles a nuestros documentos fundacionales no requiere que estemos de acuerdo en cada detalle de la vida. No significa que definamos la libertad de la misma manera o que sigamos exactamente el mismo camino a la felicidad. El progreso no nos obliga a resolver de una sola vez debates añejos sobre el rol del gobierno, pero requiere que actuemos de acuerdo a nuestros tiempos.”

Ante los últimos eventos de violencia –entre los que se encuentra el asesinato de 20 niños de primer grado en Newtown, Connecticut– y haciendo uso de la inercia política que le ha concedido su reelección, Obama anunció la semana pasada una serie de 23 acciones ejecutivas para aumentar el control sobre la venta y tenencia de armas de fuego. De esas acciones la mayoría son paliativos menores que puede realizar el ejecutivo directamente, entre las que destaca: 1) hacer más accesibles los datos relevantes para la verificación de antecedentes en manos de las agencias federales, además de reducir las obstáculos legales innecesarios en la disponibilidad de dicha información; y 2) revisar las categorías de los individuos que no pueden portar armas y trabajar críticamente en la prevención de la violencia con armas de fuego.

Sin embargo, las dos “acciones ejecutivas” más relevantes son, en el mejor de los casos, buenos deseos. Ambas son peticiones –o requerimientos– al Congreso para que cree un sistema universal de verificación de antecedentes y para que restablezcan la prohibición de armas de asalto de tipo militar. Evidentemente, Obama redirigirá la presión pública sobre el tema hacia el Congreso para empujarlos a actuar. Por desgracia en este caso no sólo se enfrentará a la oposición republicana sino a una grave división al interior de la bancada demócrata.

 De esta manera, el riesgo que corre Obama es mantener la idea de que su gobierno es poco efectivo e incapaz de concretar legislaciones que requieren el convencimiento de los moderados. Además tendrá que enfrentarse a las lecturas esencialistas provenientes de la Suprema Corte. Así que, a pesar de aquellos que desde México consideraron las acciones ejecutivas trascendentes para limitar el trasiego de armas a nuestro país, no veremos en el mediano plazo una legislación federal que permita un más férreo control de la venta y posesión de armas en los Estados Unidos. Seguirá siendo una importante tarea del gobierno mexicano, pues, garantizar la seguridad de sus ciudadanos evitando el fragante cruce de armas de alto poder desde el vecino del norte.