BONITA DEMOCRACIA

Terminó la temporada electoral de este 2016 y tras una jornada de sorpresas para unos y de desencantos para otros vale la pena hacer un alto y pensar qué sucedió.

La mayor parte de la prensa anuncia esta jornada como un día de pérdida para el PRI y de ganar para el PAN, pero ¿qué hay detrás de esto? ¿De verdad ganó el PAN o la gente simplemente dice “no más”?

Llama la atención que particularmente Durango, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas hayan por fin dejado al PRI detrás, después de décadas (casi nueve) de estar bajo gobierno priistas. Puede entenderse que bajo los niveles de violencia y crimen en los que viven, particularmente Veracruz y Tamaulipas, la gente decidiera probar otra opción ¿sin embargo qué opciones hay?

Parece ser que la gente votó desde el hartazgo, completamente comprensible, pero hay que preguntarse si de verdad se votó por una nueva opción, si de verdad el PAN tiene la facultad y la distinción para poder resolver estos grandes problemas que aquejan a la población de los estados que han ganado.

Cuesta trabajo entender qué propuestas se pueden plantear cuando en algunos de estos estados, como es el caso de Durango, Quintana Roo y Veracruz el PAN gana en alianza con el PRD partido que por definición y en planteamientos de agenda ha sido antagonista del PAN, si quisiéramos entenderlo como una alianza entre la derecha y la “izquierda”. ¿Cómo desde estos desencuentro lograrán acuerdos?

Quizás la gran sorpresa para el PAN es Chihuahua un estado tradicionalmente priista en donde gana con Javier Corral, un político panista que se ha caracterizado por sus constantes enfrentamientos con la propia cúpula del PAN y por en numerosas ocasiones no se ha alineado a la disciplina panista y más bien ha demostrado integridad y coherencia con los temas que ha empujado desde su trabajo como legislador. Será interesante ver qué tan íntegro se mantiene en la gubernatura y desde luego se le extrañará como legislador.

Por otro lado seguimos viendo tendencias priistas en estados que si bien ha pasado por transiciones que el PRI gane francamente no revela gran sorpresa tal es el caso de Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y Sinaloa que pese a los índices de violencia, desacuerdo social, gran pobreza que anteriores gobiernos priista no han podido (o no ha querido) resolver, el voto les sigue favoreciendo.

Tenemos además el escenario de la Ciudad de México en donde la elección se caracterizó por su bajísima asistencia, sólo 30% del padrón asistió a votar. Muchos aducen la falta de información de qué se trataba la elección y lo atípico de la misma, la elección del constituyente. El resultado favorece en la elección a  Morena aunque dado el diseño de conformación del Constituyente el PRD es quien tendrá mayoría en la asamblea ¿democrático el proceso?

Qué pasa con las izquierdas en el país, cuando  Morena y PRD van separados y el PRD incluso prefiere una alianza con la derecha, que buscar un proyecto desde sus agendas con un movimiento más afín como Morena. ¿Qué hubiera pasado en Veracruz si el escenario hubiera sido una alianza del PRD-Morena y no con el PAN? Parece que el PRD no confía en su agenda, y está solo buscando la sobrevivencia electoral, sus alianzas con el PAN dan señales de no tener más propuesta ni solidez y desde luego de poca congruencia. A Morena por otro lado habrá que tenerla en el ojo dadas sus ganancias, si bien no en gubernaturas, sí lograron posicionarse de manera interesante en los congresos de Oaxaca, Veracruz y Ciudad de México, será su prueba de oro para ver qué tan opción pueden ser para quienes confían su voto rumbo al 2018 y habrá que ver que tan dispuestos o hábiles están para unir izquierdas y no irse solos, porque así me temo que poco lograrán a nivel nacional.

Otro proceso electoral más, tildándolo de democrático, pero lo cierto es que este país muestra cada día más que estamos lejos de la democracia cuando no hay verdaderas opciones que respondan a la ciudadanía. Cuando tenemos partidos aliados que tradicionalmente son antagonista; cuando el PAN se proclama ganador de algo que ni siquiera construyeron y que no queda claro que estén preparados o verdaderamente interesados para afrontar; cuando hay un PRI que gobierna al país y continúa en sus mismas prácticas sin ánimo de cambio pese al hartazgo de la ciudadanía; cuando ante la opción de dar espacio a la ciudadanía a que decida su futuro en la Ciudad de México ésta no cree en ello y los resultados le dan la razón, gana un partido que no tendrá la mayoría.

Y sobre todo esto unos legisladores que pareciera esperan las elecciones para tener moneda de cambio y que llevan meses discutiendo un urgente sistema anticorrupción como si este fuera la herramienta que les permitirá o darle el traste a sus opositores o acomodarlo a gusto para seguir en las mismas pero no generar cambios.

Y después de las elecciones ¿qué? ¿Esperar a ver si ahora sí viene un cambio? ¿Seguir sentados para tener solo como oportunidad de participación las elecciones? Bonita democracia…

– Melissa Ortiz Massó

Melissa Ortiz Massó es activista social especialista en poder legislativo, transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. Promotora del Parlamento y Gobierno Abierto @melamalo

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La democracia mexicana: farsas, tragedias e impugnaciones

Por Miguel Ángel Valenzuela Shelley.

Los resultados de la elección federal del pasado primero de julio, han dejado al descubierto –una vez más- los problemas, pendientes, debilidades y vacíos de nuestro sistema electoral; otra arista de la (al parecer) perenne problemática institucional mexicana. Se ha logrado mucho desde las elecciones limitadas de los años setenta, el fraude –ese sí, a todos luces- de 1988 y su “caída del sistema”, la (hasta cierto punto) cuestionable elección de Ernesto Zedillo y la sospechosista de Felipe Calderón Hinojosa, doce años después de aquella. La jornada es, sin duda alguna, menos oscura, es transparente aunque confusa; no está exenta de fallas, pero es mucho más confiable que otros ejercicios. Sin embargo, nuestra transición a la democracia, sigue siendo una camino lleno de farsas, tragedias e impugnaciones.

Los reclamos de AMLO y, hay que decirlo, de buena parte de las izquierdas, incluyendo movimientos ciudadanos, están cayendo en la irracionalidad, las suposiciones, el fanatismo, la nada extraña falta de autocrítica y una clara falta de visión a futuro, e inclusive realismo. No haría daño reflexionar un poco sobre algunos de estos argumentos que sostienen (débilmente) la impugnación; misma que se entiende más como una expresión irracional (en el sentido de la filosofía política) del hartazgo y frustración, que como una respuesta articulada y razonada frente a la profunda inequidad del proceso. Lo delicado, es que lo que se necesita –y desde hace 12 años, al menos- es lo segundo, y no lo primero.

En efecto EPN ganó la elección presidencial teniendo a más del 60% del electorado en contra de su candidatura, pero eso no lo hace una imposición, ni ilegítimo; y en todo caso el porcentaje se amplía con AMLO y JVM. Pretender que se desconozca a EPN o que renuncie y sea (nombrado) presidente AMLO, sí sería una imposición. No pretendo ser un apólogo del IFE, ni defensor de EPN o el PRI -¡jamás!- pero clamar “¡Fraude!” o “¡Impugnación!” es un asunto muy serio y debe estar documentado con pruebas irrefutables, no suposiciones, aunque estén fundamentadas en la razón o la historia. No invito al silencio, ni a la sumisión, pero sí a la responsabilidad que supone la presentación de pruebas, a fin de demostrar allende cualquier duda los ilícitos en materia electoral.

A ver, separemos tres cuestiones elementales: una cosa es la jornada electoral en su conjunto, otra el conteo de los votos y aún otra las condiciones en que se desarrolla el proceso electoral en sentido amplio. La primera obedece a los acontecimientos que suceden el día de la elección, ya sea dentro, fuera, cerca o en los alrededores de las casillas; así como todo aquello que impacte en la votación, de manera directa o indirecta, en todo el territorio nacional. Esta fue muy accidentada, no fue tersa, impoluta o inmaculada; nada más lejano a ello. Pero eso no la hace fraudulenta per se. Cierto, el IFE reportó más de mil incidentes el 1º de julio, pero la gran mayoría obedecieron a problemas al instalar las casillas; como las más de 70 casillas en Tamaulipas que tuvieron que cambiar de lugar o que retrasaron su apertura debido a la lluvia. Ahora bien, existen muchos reportes de compra del voto –Soriana y Monex- lo cual debe investigarse y es nuestra obligación exigir penas EJEMPLARES para quienes hayan cometido dichos ilícitos. Eso sí puede calificarse como fraude.

La Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral es muy clara al señalar que no se puede ejercer presión o violencia física para influir en el resultado de la elección, de hacerlo sería causa de nulidad en la casilla (Artículos 75, 76, 77 y 77 bis). Pero también es clara la Ley al señalar que se deben comprobar dichas acciones, y para que se anule la elección se deben anular el 25% del total de casillas instaladas. No dudo de la compra de votos, pero sí dudo que haya sido exclusivo del PRI; ¿acaso no recordamos las elecciones internas del PRD? ¿ya olvidamos que alguna o algunas tuvieron que ser anuladas, precisamente por la compra de votos? Y también dudo que la compra de votos pueda cambiar el 25% de las casillas, y en consecuencia anular la elección; lo cual por cierto, haría el TEPJF, no el IFE. Por supuesto queda la duda de cómo comprobar que hubo compra del voto; ¿cómo comprobar que Juan Pérez cambió su voto a cambio de una despensa o un horno de microondas? Si estamos insatisfechos con los criterios del COFIPE, del TEPJF o con la Ley mencionada, entonces hay que organizarnos, hay que presionar para que se modifiquen. Pero esas reglas del juego, esos actores, esos árbitros, fueron avalados por los Partidos políticos, no fueron impuestos. El fraude desde la autoridad electoral, al menos en esta elección, es una farsa, un ardid, un sofisma o retórica, pero la limpieza de la jornada electoral también lo es. No porque haya dados cargados, o una conspiración a todo lo largo del territorio nacional para evitar que AMLO sea presidente, sino porque hay permisividad para la trampa, para el cochupo. Porque hay árbitros con muy pocos dientes, e interesados en que eso se mantenga. El IFE no aprobó la Ley, sino el Congreso.

La segunda, el conteo de los votos, se refiere simple y llanamente a eso, al ejercicio de sacar las boletas de las respectivas urnas y ubicarlas en el montoncito que le corresponde: PAN – PRD – PRI – PANAL – Nulos, y posteriormente contar las boletas no utilizadas. Corroborar las cifras finales de la casilla y  registrar el resultado en la sábana respectiva, con la anuencia y aprobación de los representantes de los partidos que ahí se encuentren. En esta elección, vale recordarlo, hubo representantes de todos los partidos políticos en poco más del 96% de las casillas; y simpatizantes de AMLO en más del 98% de ellas. Se reporta el resultado al IFE, se lleva la urna al Instituto, y ahí se lleva a cabo el conteo rápido, que es sólo una muestra estadística y una proyección del resultado. El miércoles posterior a la elección de realiza el cómputo de todas las casillas, y ése es el resultado final, que ratifica el Consejo General del IFE. A grandes rasgos, eso sucede en esta etapa del proceso, y en ella es muy difícil que exista manipulación alguna, toda vez que quienes participan son ciudadanos –no a partidistas muy probablemente, pero tampoco militantes- y además ¡hay representantes de los partidos en las casillas! Por si fuera poco, la UNAM -que de algún prestigio goza y no es de corrupta- analizó los procedimientos del Instituto Federal Electoral y los aprobó –podríamos decir- con Mención honorífica. Ahora, cierto, un buen conteo no significa equidad, ni legitimidad, aunque sí legalidad. De cualquier forma, esa sería otra discusión.

La tercera, es decir las condiciones en que se desarrolla el proceso electoral en sentido amplio, es en buena medida –a mi parecer- la clave del problema en nuestra transición a la democracia. El proceso fue claramente inequitativo, las irregularidades son la regularidad; el caos, la falta de certidumbre, de transparencia, el sospechosismo, la debilidad, temor y acotamiento del árbitro, son la norma, lo normal. Lo que debe estar ahora en nuestra mira es precisamente eso, las condiciones del sistema político-electoral, y del político en su conjunto. Si hubiera ganado AMLO, ¿hubiera estado todo bien? No, las tareas seguirían pendientes, al menos muchas de ellas. Recordemos que algunas de las leyes que el Gobierno del DF ahora presume –y hace bien- fueron detenidas por AMLO, quien por ejemplo quería someter a referéndum algunos derechos de la comunidad LBGTQ. Cosas de la vida, una diputada panista le corrigió la plana. Hay que presionar a los legisladores -vía personal, ONG’s o Movimientos ciudadanos- para que no sea permisible la compra del voto o cualquier otra ilegalidad, para que haya equidad en el proceso, para que haya penas duras ante alguna infracción o ilícito. Si creemos que la Segunda Vuelta electoral resolverá el problema de la legitimidad, entonces presionemos para que se legalice, se regule de forma precisa y no de forma espontánea. Sólo consideremos que la segunda opción de quienes simpatizan con el PAN es el PRI, por cuestiones de Agenda, y no el PRD.

Hay que aceptar, no guste o no, que el voto favoreció al PRI y su candidato; es decir, no sólo a EPN, sino al PRI, eso puede apreciarse en los resultados de la elección general, no sólo presidencial. Afirmar que quienes votaron por el PRI son corruptos o ignorantes, es un error y una irresponsabilidad. Hay millones de personas que eligieron esa opción, y seguramente la mayoría lo hizo consciente de su decisión; no coincido con ellos, en lo absoluto, pero tampoco puedo descalificarlos, ni acusarlos. Merecen respeto a su voto, amén del desacuerdo.

El resultado parece ser definitivo y no se ven signos, pruebas, de que un fallo del TEPJF vaya en sentido opuesto; en consecuencia debemos trabajar con las elecciones intermedias de 2015 y las federales d 2018 en mente. Presionemos por una Reforma del Estado que abra espacios de toma de decisión política, por la transparencia y el acceso a la información, por imponer límites a los grupos de interés, por otorgar dientes a los órganos que lo requieren a fin de articular y construir condiciones democráticas. Consolidemos la rendición de cuentas y sus mecanismos. Construyamos un sistema democrático.

La democracia, una vez más, es mucho más que elecciones; participar es mucho más que votar; rendir cuentas trasciende la re elección y las instituciones gubernamentales; la inequidad no es fraude, la ilegalidad sí lo es. Pensar lo contrario es una farsa y una tragedia.

Evaluando los daños de la elección federal en México II

–Segunda entrega de dos

–Por Amando Basurto.

Hasta el día de ayer por la noche, al terminar de escribir la presente, los distritos electorales no había terminado de hacer el análisis ni el recuento total de (por lo menos) el 54.5% del total de la elección presidencial. Lo que quedaba cada vez más claro es la enorme cantidad de irregularidades del proceso; lo que ha significado de entrada una bofetada con guante blanco a todos aquellos que repitieron alguna variante del estribillo iluso: “la jornada electoral fue un ejemplo de pulcritud y expresión fina de la democracia mexicana”. Tener que recontar más de la mitad de la elección es un gran revés a la confiabilidad inicial del proceso.

Sin embargo, las irregularidades en las actas no es el peor de los problemas que enfrenta la confiabilidad de nuestro sistema electoral. Si lo es, desafortunadamente, el desaforado uso del poder político, el corporativismo, la corrupción, la compra sistemática de votos y el uso ilegal de recursos públicos en los que se ha convertido la maquinaria política de los partidos políticos. Especialmente las maquinarias estatales del Partido Revolucionario Institucional han demostrado ser el renovado origen de su poder político. Los grandes ganadores de las elecciones del año 2000 fueron los comités estatales que, tras depender del poder concentrado en la figura del presidente desde 1930, obtuvieron descomunales recursos para su operación política local (un avanzado cacicazgo institucionalizado). Estos son los espacios desde donde la coacción y la compra de votos fue orquestada este año con una coordinación difícilmente igualable. Esto ha puesto de cabeza el sistema electoral al que se había (supuestamente) blindado en contra del “embarazo” de urnas. El Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no tienen suficiente facultades para castigar estas ilegalidades y no tienen suficiente poder para anular completamente unas elecciones con tal cantidad de irregularidades. En este sentido, la evaluación arroja números rojos tanto para la confiabilidad general del proceso como para la legalidad con la que proceden los partidos políticos.

¿Cómo hacer para evitar que las dinámicas de corrupción y abuso de la necesidad sigan siendo la constante en nuestro país? Por lo visto una reforma política a fondo no será fácilmente aprobada por la partidocracia mexicana. Lo que nuestro país necesita es una sacudida política; al estilo del “pípila” –ese cuasi-mítico personaje de nuestra independencia– la estructura política necesita ser incendiada desde sus cimientos para reestablecer límites civiles de acción política, imponiendo altos costos al abuso y la corrupción y construyendo definitivamente un sistema electoral confiable. Pero más importante, ¿cómo lo hacemos políticamente antes de que la violencia nos gane el paso y veamos a nuestro país envuelto en una guerra civil?

La evaluación de daños arroja un gran perdedor. El Partido Acción Nacional pierde posiciones políticas en casi todos los puestos de elección por los que compitió el domingo. Perder la Presidencia se suma a la pérdida definitiva de la gubernatura de Morelos, a la reducción de su fuerza en el Distrito Federal y, finalmente, a convertirse en tercera fuerza política en el Congreso. La gran impopularidad de la administración Calderón penetró hondo en el sentir del electorado y Josefina Vázquez Mota no sólo cometió errores graves durante su campaña sino que no pudo desmarcarse del todo para venderse como producto “diferente”. Es muy probable que la bancada intenten convertir al PAN en el partido “bisagra” en la negociación de las “reformas estructurales” con el PRI, pero en todo caso asistirá a las negociaciones con una fuerza muy menguada.

En términos de sistema de partidos, los ciudadanos resultamos perdedores tras la jornada dominical. Que el Partido Nueva Alianza mantenga su registro sólo coadyuva a la institucionalización de la corrupción y el corporativismo. Que Gabriel Quadri haya recibido poco más del 2% del voto presidencial habla muy mal de la política mexicana, en donde algunos prácticamente votarían por cualquiera con tal de no votar por los de siempre. Lo peor es que el recuento distrital podría poner al PANAL en la situación de convertirse en un partido “bisagra”, lo que nos dejaría en manos de un triunvirato temible PRI-PVM-PANAL.

Sorpresivamente, suceda lo que suceda tras los conteos distritales, la revisión de los paquetes con irregularidades y las impugnaciones ante el tribunal electoral federal, los verdaderos ganadores de la jornada del primero de julio son los partidos que conforman la Coalición Movimiento Progresista. Aun si después de agotar todas las instancias legales Andrés Manuel López Obrador no es declarado Presidente, la Coalición consiguió ganar las gubernaturas de los estados de Morelos y Tabasco, así como la Jefatura de Gobierno del D.F. (los números de la elección siguen sin ser finales pero es necesario trabajar con este supuesto). El capital político adquirido es enorme; de no dilapidarlo y coordinarlo, la Coalición se erigirá como segunda fuerza política.

Lo que se requiere es una verdadera autocrítica al interior de la Coalición y una definición de sus prioridades. En caso de que el TEPJF otorgue la constancia de mayoría a Enrique Peña Nieto, la Coalición deberá considerar lo inefectivas que fueron las acciones post-electorales de 1988 y del 2006. Posiblemente la mejor opción sería reconocer el resultado bajo protesta y usar el nuevo capital político para intentar crear un marco jurídico mucho más efectivo en contra de todas las irregularidades que se han presentado en las últimas elecciones presidenciales. Podrían también jugar un papel más constructivo en las reformas fiscal y laboral, y una muy legítima oposición política desde el Congreso. Incluso más importante, podrían utilizar el movimiento construido por AMLO para presionar políticamente y fiscalizar a los gobiernos estatales priístas y panistas, así como para asegurar que los gobernadores de “las izquierdas” cumplan con las expectativas de quienes los eligieron. De esta manera allanarían el camino para la elección presidencial del 2018. Para eso tendrían que reconocer que, a diferencia de los casos de Morelos y Tabasco, ganaron la Jefatura de Gobierno y una mayoría legislativa y delegacional aplastante del D.F. como resultado del efecto Ebrard y no López Obrador. Esto ayudaría a convencer a AMLO de liberar su movimiento de su liderazgo y permitir que trascienda su persona en pos de una izquierda políticamente lista para dirigir el país.

Mientras tanto nos queda estar pendientes al proceso de conteo y calificación de la elección; y debemos hacerlo reconociendo que el IFE, la FEPADE, el TEPJF no tienen las facultades de resolver todos los ilícitos ocurridos durante la campaña y la jornada. Actuar de manera efectiva y estratégica será lo único que puede hacer de este proceso uno constructivo.

Evaluando los daños de la elección federal en México

–Primera de dos entregas–

–Por Amando Basurto

Mucho se ha escrito al respecto de la jornada electoral del pasado domingo. Algunos, a pesar de lo desaseado del proceso, se refieren a la jornada electoral como una gran expresión de la democracia mexicana. Otros califican la jornada y el trabajo del Instituto Federal Electoral (IFE) como un ejercicio parcial y fraudulento. Como sucede en circunstancias de polaridad radical, ambas opiniones tienen una alta carga ideológica combinada con sentimientos de frustración y arrogancia. Frente a esta oleada de sinrazones y verdades a medias, decidí esperar algunos días y dejar que la polvareda se asentara para poder realizar una evaluación de la jornada electoral y emitir opinión.

De inicio hay que considerar el papel jugado por el IFE y, en general, el valor de las instituciones. Lo primero que llama la atención es la firma del Acuerdo para la Defensa de las Instituciones y los Resultados Electorales (y el llamado Pacto de Civilidad) por ser una completa incoherencia. Todos los candidatos registraron su candidatura ante la autoridad electoral lo que implica la aceptación y el aval de las reglas de juego por parte de todas las partes (incluyendo los resultados). Firmar uno o diez pactos más no acumula ni incrementa el compromiso de los firmantes (el caso me recuerda lo gracioso de los señalamientos en las carreteras mexicanas que rezan “Respete los señalamientos”, como si el conductor que no respeta el resto de los señalamientos le fuese a hacer caso a éste en específico).

Evidentemente el acuerdo es resultado del conflicto postelectoral de hace seis años y refleja más miedo a que se repita que un verdadero compromiso con las instituciones.

El segundo problema con el acuerdo es de percepción; de alguna manera la gente supuso que al firmarlo los candidatos y partidos renunciaban a impugnar casillas o el proceso y llevar los casos a las cortes correspondientes. Los medios de información han ayudado a generar esta percepción al aplaudir el que los candidatos Vázquez Mota y Quadri reconocieran temprano esa noche que los resultados no los favorecían (es muy fácil hacerlo cuando sólo se obtiene el 25 y el 2.2% del voto respectivamente y cuando sólo algunos ilusos no sabían que serían los candidatos con menos votos). No tiene mucho mérito reconocer la derrota cuando nunca se tuvo la posibilidad de ganar. El caso de López Obrador es diametralmente opuesto ya que pudo haber “reconocido” los resultados bajo protesta y explicar que esperaría al conteo distrital (posible recuento) y a las impugnaciones correspondientes. Sin embargo, López Obrador utilizó un lenguaje titubeante que no ha ayudado a sus seguidores y si le ha servido de combustible a sus detractores. Ojalá que a los dirigentes de “las izquierdas” les quede claro que la movilización y los plantones no sirven para resolver casos de fraude electoral; esta es una enseñanza de lo ocurrido tanto en 1988 como en el 2006. No tiene que ver con lo que piensan los detractores del movimiento, es un asunto de efectividad nula históricamente comprobada.

También es importante reconocer que tener una autoridad electoral como el IFE nos enfrenta a nuevos y más complejos retos. Antes de la creación del instituto, la sociedad mexicana vivía presa de resultados electorales organizados, contados y sumados por el partido en el poder y desde el poder. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) controlaba todo el sistema electoral y los resultados eran altamente “confiables”. Para el año de 1988, el fraude incluía todas las modalidades de coacción del voto, rellenado de urnas, acareo y conteo “irregular” de votos (y caídas de sistema). Tras la dura tarea de crear un instituto electoral confiable (confiabilidad que los partidos se han dedicado a erosionar), ahora tenemos urnas más limpias y conteos “menos amañados” pero poca capacidad de verificar y castigar la compra y coacción de voto. Esto quiere decir que hablar hoy de fraude no es hablar simplemente del conteo de votos sino de una serie de actos ilegales que son muy difíciles de fiscalizar y comprobar en la corte; el fraude se ha movido a un espacio es que sólo es prevenible si la pobreza y el hambre; no hiciera a la sociedad mexicana una presa fácil de los partidos políticos. Por desgracia, el sistema hoy permite a los partidos recurrir a estas prácticas y pagar un muy bajo costo político y legal.

Finalmente, es necesario referir el proceso de conteo y publicación de números que sigue siendo obscuro para parte de la ciudadanía. Primero tenemos las encuestas que durante meses insisten en presentar una medición científica de preferencias y que han demostrado por años que en México sólo sirven para hacer propaganda política. Después recibimos las encuestas de salida y conteos rápidos privados que dan una idea de lo cerrado o definitivo de los resultados. Pero el IFE, entonces, inicia la publicación de dos cálculos y sumatorias muy distintas que generan mucha confusión: el Programa de Resultados Preliminares (PREP) y un conteo rápido. Si uno no entiende la diferencia pareciera que antes de media noche, con pocas casillas computadas en el PREP, el IFE otorga la victoria a uno de los candidatos. Puedo decir, por experiencia[1], que la manera en como los resultados son capturados y computados contribuye a la incertidumbre de la jornada. Por falta de cuidado, por cansancio, o de mala voluntad, las actas y las sábanas con los resultados de cada casilla son muchas veces llenados con errores. A esto hay que añadir que las alianzas y coaliciones han vuelto muy complicado el proceso de computo. Cuando los paquetes electorales arriban a las oficinas distritales se descubren muchos problemas en las actas, pero estos problemas no son siempre resueltos antes de que el acta se ingrese al PREP. A esto hay que sumarle además todos los errores de captura que se dan en el PREP. La incertidumbre así generada se suma al resto de irregularidades del proceso (en especial a la compra de votos).

Es por eso que el conteo que comienza el día de hoy es muy importante para saber cual es exactamente el resultado electoral (antes de ser llevado a las cortes a calificar). La defensa del voto emitido, desafortunadamente, no protege a los electores de la coerción y corrupción a los que son sometidos antes de emitirlo.

–El día de mañana presentaré mi evaluación sobre los daños por partido

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[1] En 1994 fui representante de partido en casilla, el año 1997 participé con Alianza Cívica en el ejercicio de conteo rápido el la primera elección de jefe de gobierno del D.F. y el año 2000 fungí como representante distrital de partido.

Dudas para joder un voto razonado

Por Miguel Ángel Valenzuela Shelley

A menos de 48 horas de la jornada electoral, seguramente la gran mayoría de los votantes ya estén seguros sobre el sufragio que emitirán, de hecho muy probablemente lo estaban aún antes de que se definiera el candidato por el partido con el cual simpatizan o en que militan. Sin embargo, una parte importante de quienes emitiremos nuestro voto el 1o de julio -sin duda no la mayoría, pero sí un número que podría definir la elección- aún no definimos la intención de nuestro sufragio. Nos debatimos entre seis posibilidades al encontrarnos frente a la inevitable decisión: Josefina Vázquez Mota, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, Gabriel Quadri de la Torre, anular nuestro voto o simplemente, no asistir a la jornada electoral, y obviar o evadir nuestra responsabilidad ciudadana. Para quienes nos encontramos en esta situación, aunque nos estemos inclinando hacia alguna de esas posibilidades, los cuestionamientos que a continuación expongo, reflejan las dudas, angustia y sin sabores que enfrentamos. Éstos, podrían a fin de cuentas invitar a una última reflexión antes de tomar la decisión final sobre el proceso electoral y las opciones que se nos presentan.

Idealmente, deberíamos preguntarnos qué candidato o qué plataforma nos atrae más, cuál creemos que es más adecuada, conveniente, etcétera, no obstante, parece que para quienes no simpatizamos (al parecer) incondicionalmente con alguno de los principales partidos políticos, la decisión está entre quién es el menos malo, quién traería menos costos y algunos beneficios. Con base en esa lógica la decisión se hizo muy difícil toda vez que cada una de las opciones nos presentan un alto grado de desencanto, riesgo y dudas. El historial y personalidad de casa uno de los aspirantes a la presidencia de la república, nos generaba muchas dudas, y las campañas que el miércoles 27 de junio han terminado, no hicieron más que profundizarlas; quienes ya habían decidido su voto, sólo utilizaron las campañas para radicalizar sus posturas y tratar de disminuir el apoyo a otro candidato, principalmente a través de las redes sociales.

¿Por qué no votar por Josefina Vázquez Mota? La candidata del Partido Acción Nacional representa continuar con un proyecto de gobierno que si bien ha generado una gran estabilidad económica, cosa no menor si consideramos la inestabilidad que caracterizó a México al menos desde los años setenta y hasta los noventa, también ha traído un gran costo social, se ha incrementado la desigualdad, no ha habido desarrollo que acompañe la estabilidad, la estrategia del presidente Calderón en el combate al narcotráfico ha sido errada y muy costosa, la corrupción se ha incrementado y varios estados han combatido algunas iniciativas progresistas en materia de equidad de género y derechos para la comunidad homosexual. La continuidad se ese proyecto parece alto, pero no habría que hacer a un lado que mientras que buena parte de nuestros socios comerciales pasan por muy severas crisis económicas, lo que ha afectado a regiones enteras, México ha soportado dichas crisis gracias al buen manejo financiero; pero a fin de cuentas esa estabilidad podría desvanecerse si el desarrollo sigue siendo una promesa del futuro...la eterna promesa de las campañas electorales; ¿retórica vacía o sofismas? Aunado a esto, Josefina Vázquez Mota no logró inspirar al electorado, tarea nada fácil, de hecho -a excepción del segundo debate y probablemente el tercero- inclusive la candidata fue rechazada por dos personas a quienes ella "invitó" a formar parte de su gabinete. JVM en más de una ocasión demostró falta de capacidad al entrar en contacto directo con la gente en espacios no controlados -como el caso de Tres Marías- amen de diversos gazapos en declaraciones, comentarios, afirmaciones, etc. Tal es el caso de su último comentario, al señalar que invitaría al presidente Calderón formar parte de su gabinete como Secretario de Seguridad.

¿Y Enrique Peña Nieto? Para muchos es difícil pensar en el regreso del PRI a la presidencia de la República. Hace apenas doce años México salió del "dominio priísta", de la "dictadura perfecta", y comenzamos un largo camino, una transición hacia algo aún por definir. En esa transición el PRI aún no tiene cabida en la Presidencia, consideramos muchos. Pero no sólo por la historia, desestimada por muchos priístas, sino por el presente. ¿Cómo convencernos de un nuevo PRI, cuando mantienen viejas "tradiciones" como proteger a miembros de su partido aún frente a serias y documentadas sospechas de ilícitos? Tal es el caso de Mario Marín, Arturo Montiel, Ulises Ruiz, Humberto Moreira, Fidel Herrera, Carlos Romero Deschamps o el propio candidato Peña Nieto, quien fungiera como tesorero durante la gobernatura de Montiel. ¿De qué nuevo PRI está hablando el candidato? Cuando seguimos viendo compra de votos, rebase de topes de campaña, bodegas llenas de artículos "promocionales" que van desde playeras hasta estufas, televisores o refrigeradores, ¿A qué viejas prácticas ya desaparecidas hace alusión? ¿Cómo creer en un candidato y su promesa de gobernar para todos, de dialogar con todos, cuando es incapaz de manejar un escenario adverso con estudiantes, de enfrentarlos -no confrontarlos- y/o de aceptar una invitación para in tercer debate? La victoria de EPN significaría la desesperanza del pueblo mexicano ante un proceso inevitablemente largo, como lo es la transición a la democracia, lo que además en nuestro caso significa muchas cosas y no sólo alternancia en el poder. Significaría muy probablemente, autoritarismo, como lo demostró en muchas ocasiones como gobernador del Estado de México. Pero también sería una muestra de la falta de crítica del electorado, de lo pobre de cuestionamiento, o de lo fácil que es lucrar políticamente con la pobreza, o de la corta memoria histórica, o de lo fácil que compramos un producto tan pobre, tan vacío; o del éxito de la alianza entre televisoras y partidos políticos. O todo junto.

¿Y AMLO? Andrés Manuel López Obrador representa una opción natural para muchos, merecida para otros, real de cambio para la mayoría de quienes lo apoyan, ya sea por fe, esperanza o convencimiento. Pero muchos otros no estamos tan seguros y menos convencidos. AMLO es tenaz, sin duda, pero fácilmente se convierte en necedad. Comunica e inspira a buena parte del electorado, pero mantiene un discurso maniqueo, mismo que ha matizado en las últimas semanas. Habemos muchos que creemos en una opción de izquierda a la situación que vivimos, al modelo de nación, de desarrollo, pero dudamos que AMLO la represente. En verdad parece ver un escenario de los años setenta, en política interna y exterior, en la que afirma que México no será colonia de nadie; ¿De qué está hablando? Parece retórica y puede suponer a qué se refiere, pero no hay mejores formas de comunicarlo en el siglo XXI!? ¿Qué pasa con las instituciones? No soy un defensor de ellas a rajatabla, y creo que el pueblo es un actor político cuando toma el papel de legislador o cuando toma las calles, pero desconocerlas o ponerlas en tela de juicio sin pruebas sólidas, reales y casi irrefutables, es muy irresponsable y -sin duda- poco democrático. Hace algunas semanas él cuestiono y descalificó al IFE, me pregunto si tendrá la misma opinión si resulta ganador del proceso electoral. Ya había hablado de someterse a una consulta popular al segundo años de su mandato, lo hizo en la Ciudad de México, con un método muy cuestionable, por cierto. Pero, ¿Qué tanto tomaría en cuenta a la sociedad, si a veces uno podría pensar que ni a sus asesores considera? Sin embargo, AMLO tiene un elemento muy importante a su favor, el gabinete que ha propuesto -y al que no le han declinado invitación alguna- es muy interesante toda vez que está compuesto de personas con muy buena trayectoria, reconocidas y confiables. ¿Será suficiente?

¿Quadri? Para la mayoría, según lo dictan las encuestas y el sentido común, Gabriel Quadri no es una opción real ni deseable en el proceso electoral del próximo domingo. La razón es muy sencilla y suficiente para no considerarlo como opción; Quadri significa Elba Esther Gordillo, es decir corrupción, es decir mantener a la sempiterna secretaria del SNTE como un parásito más viviendo -a todo lujo- del presupuesto. Quadri quiere convencer al electorado de su origen ciudadano, pero en realidad es un peón al servicio de Elba Esther Gordillo y del propio PRI; aquel distanciamiento entre ambos partidos políticos es una clara farsa. Un solo voto a Gabriel Quadri significaría darle un tentáculo más a la Secretaria del SNTE, y sería una clara muestra de la mediocridad o inocencia de nuestra ciudadanía.

¿Anular o no ir, he ahí el dilema? Votar es un derecho, pero también una obligación, por tanto me parece que la opción de simplemente no ejercer ese derecho, es una grave falta cívica y de respeto a nuestra historia. Debemos comprometernos con la sociedad, con el país, con nuestra familia, con nosotros mismos. Ahora, contrariamente a la corriente que se expresa mucho en las redes sociales, considero que anular el voto es una opción válida en cualquier elección. Hay que tener claro, eso sí, que el voto nulo es una apuesta a la siguiente elección, no a la presente. La apuesta consiste en que si el porcentaje del voto nulo -ir a la casilla y anular la boleta- supera a la diferencia entre primer y segunda lugar de la elección, los partidos se preocuparán por atraer a esos votantes en la siguiente elección y con ello tener más legitimidad, ganar la elección y/o más curules en el Congreso.

La moneda sigue en el aire, ya que las elecciones no se ganan ni con encuestas, ni con marchas descomunales, sino con votos, y según estudios la mayoría de los indecisos y algunos que no están del todo convencidos, definen su voto al estar frente a la boleta electoral. Hasta ese momento, muchos nos haremos estas y otras preguntas; decidiremos, y entonces le daremos paso a la esperanza y la fe. Paradojas de la modernidad, aún ahora.

83 Años del PRI. El Uso Político de la Alternancia y el Juego de las Evaluaciones Retrospectivas

Adam Przeworski en su libro: Democracy and the market: political and economic reforms in Eastern Europe y Latin America[1] (1991), señalaba que la  democracia es un sistema en el cual algunos partidos pierden las elecciones, periódicamente unos ganan y otros pierden. Con ésta definición el politólogo chileno (nacido en Polonia) pretendía ubicar los rasgos mínimos para identificar un régimen democrático,  sin que esto implicará ignorar la diversidad de arreglos institucionales bajo los cuales toma forma una democracia representativa. La definición de Przeworski encierra un elemento de suma importancia que nos debería permitir entender la dinámica de la democracia en México, después de que el período de transición terminó con el desarrollo y resultados de la elección Presidencial de julio del 2000: La posibilidad de la alternancia.

Con el aniversario número 83 del Partido Revolucionario Institucional, ésta posibilidad  adquiere particular relevancia porque es  precisamente éste partido, el identificado con el viejo Régimen, el que encabeza las preferencias electorales de cara a la próxima elección Presidencial de julio del 2012. De acuerdo con datos de la casa encuestadora Parametría, al día de hoy el PRI tiene el 48% de las preferencias por lo que, si no sucede otra cosa, podría ganar la Presidencia de la República. Sin embargo, la posibilidad de la alternancia es un escenario que se rechaza si es el PRI el que tiene la oportunidad de suceder a Acción Nacional en la Presidencia. Existen distintos argumentos que por el espacio sería imposible mencionar, pero el más utilizado es el que se refiere a la longevidad del partido –no a sus 83 años de vida sino a los 71 en que controló la Presidencia de la República. Se afirma que el PRI es el causante de todo lo malo que ocurre en el país, si existen atrasos en materia de salud, seguridad social, empleo etc., es producto de la estela priísta de cuando gobernó el país.

Lo que inmediatamente llama la atención es que es el PAN, partido que lleva 12 años a cargo de la Presidencia de la República, el que enarbola ésta bandera. Sus principales líderes señalan que son necesarios seis años más de gobierno panista para profundizar los avances que hasta hoy han conseguido. El PRI señala, por su parte, que estos 12 años han sido los peores en materia de empleo, combate a la pobreza y sobretodo han representado un aumento generalizado de la violencia derivada de la pésima conducción en la denominada "Guerra" contra el narcotráfico que arroja hasta el momento más de 50 mil muertos (y contando). Lo anterior constituye una pugna en la atribución de responsabilidades;  lo que llamo el juego de las evaluaciones retrospectivas, lo cual no es otra cosa que lograr convencer al electorado sobre "quién es el culpable" de la situación actual. En este juego,  la necesidad o no de la alternancia adquiere un uso político en el momento en que, a discreción, los tres principales partidos olvidan que han gobernado por un tiempo prolongado en distintas entidades de la República al mismo tiempo que demandan un cambio en las estados en donde son oposición.

Lo que olvidan PAN, PRI y PRD es que la alternancia constituye una necesidad siempre y cuando un gobierno de larga data implique, o de como resultado, un deterioro en el funcionamiento de las instituciones en áreas como la impartición de justicia, en el combate a la pobreza, seguridad pública etc. La pregunta obligada que nos debemos hacer, es si éste deterioro institucional está ocurriendo en las entidades en que gobiernan estos tres partidos políticos desde hace 10, 15 ó 20 años según sea el caso.

La alternancia no deriva de un criterio numérico, si así fuera ésta sería necesaria de facto en Guanajuato en donde el PAN gobierna desde 1991, en Baja California donde lo hace desde hace 23 años o en el Distrito Federal que es territorio perredista desde 1997. Sin embargo en Guanajuato y el Distrito Federal, PAN y PRD tienen posibilidades de ser ratificados en la titularidad del gobierno estatal. Al parecer la evaluación retrospectiva sobre su desempeño  será lo suficientemente buena para  renovar por seis años más en el gobierno.

Finalmente, no deja de resultar paradójico que el argumento que se esgrima para que el PRI  no regrese a la Presidencia de la República y que también sustenta la necesidad de que  el PRD sea "echado" del gobierno de la Ciudad de México, se finque sobre los efectos o externalidades que produce un ejercicio prolongado de gobierno; afrimando al mismo tiempo la necesidad de 18 o 24 años de PAN para "profundizar" la democracia en el país, estamos sin duda ante un uso político de la alternancia.

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[1] Democracia y Mercado, en su versión en castellano

Carlos Luis Sánchez y Sánchez. Maestro en Estudios Políticos y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México y Doctor en Investigación en Ciencias sociales, con orientación en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México.

Con todo respeto señor presidente, ¡cállese chachalaca!

El tema parece estar en todos los medios: el presidente Felipe Calderón afirmó frente a banqueros que la diferencia en las encuestas entre Enrique Peña y Josefina Vázquez es de sólo cuatro puntos. Esto ha desatado una serie de reacciones desde distintos frentes, entre los que se encuentran los que le reprochan hacer referencias a encuestas en tiempo de “veda” electoral (periodo intermedio entre precampañas y campañas), hasta aquéllos que han cuestionado el uso de las encuestas y el rol de las encuestadoras.

Como sucede en muchas ocasiones, la atención se ha concentrado en un tema: ¿son las encuestas un método de medición confiable? ¿tienen las encuestas algún objetivo distinto al de muestrear preferencias? ¿se utilizan las encuestas como herramientas ideológico-propagandísticas? La respuesta a estas preguntas es simplemente “si”.

La importancia de las encuestas en la vida política mexicana se ha incrementado en los últimos meses. No sólo se han utilizado para muestrear preferencias de voto sino, como sucedió en el Partido de la Revolución Democrática, para la selección de candidatos a la presidencia y al gobierno del Distrito Federal. Es decir, la “izquierda” parece confiar tanto en las encuestas que decidió utilizarlas para evitar batallas campales entre tribus. Recordemos también que el Partido Acción Nacional intentó utilizar una “consulta indicativa” para bajar de la contienda a uno de los aspirantes a la candidatura presidencial. La consulta no se llevó a cabo porque violaba el proceso de selección en curso y no porque fuese mala idea. Más allá del problema que representa el que algunos insistan –en sus definiciones simplonas de lo que es “democracia”– en que las encuestas son parte natural del proceso, también nos enfrentamos al dilema de su uso partidista, propagandista y proselitista de los resultados.

El tema relevante, el reproche a la declaración del presidente Calderón, ha resultado en el refrendo del compromiso del presidente de actuar imparcialmente y en una serie de reclamos en la Cámara de Diputados que no lleva sino a la descalificación general del trabajo de los legisladores. Obtener un compromiso explícito del presidente para no entrometerse en el proceso electoral es fundamental para intentar evitar que se repita lo que sucedió hace seis años, cuando el entonces presidente Vicente Fox se entrometió constantemente en el proceso electoral.

El 5 de septiembre del año 2006, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación publicó el dictamen con el que validaba la elección de Felipe Calderón y lo nombraba Presidente Electo. El dictamen es una joya porque (como lo expresé en su momento en un artículo publicado en el portal de Alterinfos) califica cómo válida la elección en lo general pero la descalifica en muchos de sus particulares. Uno de los particulares que el tribunal descalificó del proceso electoral fue precisamente la intervención del presidente de la república: “esta Sala Superior no pasa por alto que las declaraciones analizadas del Presidente de la República Vicente Fox Quesada, se constituyeron en un riesgo para la validez de los comicios que se califican en esta determinación que, de no haberse debilitado su posible influencia con los diversos actos y circunstancias concurrentes examinados detenidamente, podrían haber representado un elemento mayor para considerarlas determinantes para en el resultado final, de haber concurrido otras irregularidades de importancia que quedaran acreditadas.” Las intervenciones de Fox, según el tribunal, sólo pusieron en riesgo y no representaron un obstáculo para la validez de la elección.


A diferencia de la moderación y colmillo político que los priístas (en especial Manlio Fabio Beltrones detrás de Pedro J. Coldwell) mostraron al reunirse con el presidente Calderón y conseguir que se comprometiera públicamente a no intervenir, en 2006 Andrés Manuel López Obrador le exigió al presidente Fox de manera airada: “cállese chachalaca”. López Obrador, consecuentemente, pagó (y seguirá pagando) un importante costo político. Pero ¿quién paga el costo político de las (delicadas o burdas) intervenciones electoreras del presidente en turno? ¿Quién paga el costo de que un presidente ponga en “riesgo la validez de los comicios”? Evidentemente, lo pagamos los ciudadanos que seguimos esperando algo de civilidad por parte de nuestros gobernantes. Y esto seguirá sucediendo mientras no se establezca un instrumento que permita traspasar este costo al presidente y a su partido. Entender esto no requiere de una encuesta ni de la manipuladora interpretación de numeritos.   

Desmarques y la candidatura presidencial de Josefina Vázquez Mota

El día de ayer, Josefina Vázquez Mota ganó las elecciones internas del Partido Acción Nacional y se convirtió en la primera candidata a la presidencia por ese partido. La primera impresión que uno obtiene es de un júbilo que oculta una tendencia por más interesante.

Recordemos que Vicente Fox comenzó muy temprano, en 1997, a trabajar en su candidatura presidencial. Su ímpetu por ser nombrado candidato presidencial del partido que lo había puesto a la cabeza del gobierno de Guanajuato le llevó a realizar una “precampaña” “por la libre.” Para reunir y triangular recursos, haciendo uso de vacíos legales, utilizó la organización civil llamada “Amigos de Fox” y esto le permitió generar su propia red de apoyo y popularidad fuera del partido. Al final la presión sobre el PAN dio frutos y Fox fue designado el candidato presidencial que ganaría las elecciones del año 2000.

También recordemos que, al final de la administración de Vicente Fox, ya nos quedaba claro quien era el elegido para sucederlo. Santiago Creel fue (o intentó) ser el operador político de Fox desde la Secretaría de Gobernación. Pero cuando todo parecía alinearse para que Creel fuera el candidato, el entonces gobernador de Jalisco –Francisco Javier Ramirez Acuña– “destapó” al Secretario de Energía Felipe Calderón como posible candidato presidencial del PAN. Esto desató el despido de Calderón y el virtual inicio de una campaña al interior del partido para decidir entre él y Creel para candidato presidencial. A la postre Calderón vencerá a quien era el favorito del Presidente. Si la candidatura de Fox se había realizado a pesar del partido, la de Calderón se había conseguido a pesar de Fox. La ruptura no significó una gran fractura dentro del partido pero si significó que Calderón se desmarcara de la administración Fox. Una de las razones por las que Felipe Calderón ganó las elecciones de 2006 fue que no representaba la continuación de la presidencia de Fox.

Ayer Josefina Vázquez ganó las elecciones internas del PAN. Su “pre-candidatura” representaba una tercera vía, un vía entre Creel (quien con apoyo de Fox intentaba por segunda vez ser candidato) y Ernesto Cordero quien era “el gallo” del Presidente Felipe Calderón. Una vez más, el candidato será alguien que no representa, totalmente, la continuación de la administración actual. La tendencia no es la ruptura constante dentro del partido, sino que para competir y en su caso ganar elecciones, los candidatos del PAN han tenido que desmarcarse de las administraciones que les preceden desde el inicio de sus campañas (recordemos que los presidentes del PRI solían desmarcarse una vez sido electos). Es decir, las administraciones panistas han sido tan ineficientes y tan poco exitosas que lo primero que sus candidatos han tenido que hacer es dejar en claro que no representan su continuación. Frente a aquel que representaba la continuación del Foxismo, y aquél que representaba la continuación del Calderonismo, hoy el PAN tiene una candidata sin liderazgo y sin proyecto que fue capaz de obtener los votos de aquellos panistas que creen que para ganar la presidencia de nuevo es necesario no ser delfín ni del actual ni del anterior.