martes, noviembre 22, 2011

La democracia en tiempos de liberalismo y republicanismo descafeinados


Hay quienes piensan que la realidad virtual es en verdad una realidad sin esencia, sin contenido. Especulan que vendrá el día en que no estaremos seguros si lo visto existe ahí frente a nosotros, si lo que escuchamos y saboreamos son más allá de estímulos cuya existencia no cuestionamos.
Sin embargo, cuando uno observa etiquetas como las que rezan: “leche deslactosada,” “café descafeinado” e incluso la de aquella mantequilla que se llama “I can’t believe it is not butter,” uno no puede sino cuestionar si no es que ya vivimos en una realidad sin esencia, vaciada de contenido. Es decir, si no es que ya convivimos en una sociedad en la que nos convencemos los unos a los otros de que a pesar de estar vacía de contenido, esta realidad es la más real posible. En este mismo sentido, nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo en donde los absolutos ideológicos –ya sean políticos o religiosos– conviven con una generalizada incredulidad y desconfianza hacia todo lo que pretenda ser homogenizante o universalista.
La modernidad, con su ilustración ultranacionalista, prometió entre otras cosas un orden interestatal construido sólidamente sobre la institucionalización de la legitimidad político-estatal y la normalización jurídica de las relaciones entre los estados. La modernidad también prometió el fin de los dogmas a través de la defensa de la pluralidad y el individuo. Mientras la razón se convertía en el eje definitorio de lo humano, la personalidad jurídica y la diferencia de opinión garantizaban individualidad.
Es la modernidad misma la que trae consigo la colisión sociopolítica con el viejo régimen rígidamente estamentario. El republicanismo de la Roma clásica –patricio, altamente jerárquico y que había sido reemplazado por proyectos monárquicos absolutistas– contendía ahora contra el liberalismo. El primero le otorga a lo político un rol esencial en la condición humana del hombre. El Estado, en este caso, es una expresión refinada de civilidad. El segundo, igualitario e individualista por definición, otorga preeminencia al individuo por sobre la sociedad y sobre la comunidad política. El liberalismo disloca al individuo de su entorno político y naturaliza al mercado como su esfera primaria de acción. El ser humano es un ente social porque satisface sus necesidades y deseos en el mercado y requiere del Estado sólo como un garante del orden y la legalidad.
Desde el siglo XIX hemos sido testigos del debate constante entre republicanismo y liberalismo. Entre aquellos que consideran la pertenencia a una comunidad política como esencial en la estructura ontológica del ser humano y los que asumen que el individuo, por ser autónomo, debe de ser protegido en sus bienes y derechos del poder político del Estado. La constancia de dicho debate no es simplemente una consecuencia de que  ninguno haya triunfado del todo, sino también de que el debate se ha desarrollado en el contexto de desconfianza e inconsistencia ideológica de la modernidad.
Más allá del debate mismo, lo que podemos apreciar cada vez con mayor intensidad es que el liberalismo y el republicanismo han sido vaciados de contenido, descafeinados pues. Y no es sólo que a algunos se les ha ocurrido diluir las diferencias entre los dos al afirmar que el liberalismo es una ideología con raíces en el republicanismo (algo que es obvio a menos que se crea que el liberalismo haya tenido un origen ex nihilo), sino también por una intención generalizada de simplemente encontrar puntos intermedios, de falsa convergencia, entre ambas filosofías políticas.
Este es el contexto en el que el concepto de democracia ha sido utilizado como justificador y legitimador de la versión diluida tanto del liberalismo como del republicanismo. Desafortunadamente, esto ha significado un vaciado, aun más radical, del contenido del concepto de democracia y su sobreutilización ideológica. Intentos liberalizadores como el de Norberto Bobbio, modernizadores como el de Giovanni Sartori y globalizadores como el de David Held han requerido hacer creer a sus lectores que la democracia –aquella que era evidentemente un viciado sistema político desde Platón hasta James Madison– tiene una versión mejorada en la virtuosa “democracia moderna, liberal y representativa.” Esto no sólo ha significado la bancarrota conceptual de la democracia –una bancarrota en la que la democracia ha dejado de significar demos kratos– sino también el establecimiento de un espacio de confort intelectual, un mero lugar común plagado de clichés “democráticos” que cubre al mundo con un manto super-ideológico que clama ser parte esencial del mismísimo fin de las ideologías.
Hoy la “democracia,” y todo lo “democrático,” no refiere más aquel sistema político cerrado, excluyente, de participación política directa que se caracterizaba por su inestabilidad; pero tampoco refiere simplemente un sistema político alternativo o probable. Ahora es, mejor dicho, el sistema o la característica que justifica y legitima a todo aquel sistema político con elecciones frecuentes y con cierta igualdad jurídica que garantice “un ciudadano, un voto.” Aquí es donde la democracia descafeinada –desdemocratizada– surte su primer efecto: nos hace olvidar casi por completo que el republicanismo de la Roma clásica era un sistema representativo, en el que el Senado jugaba el papel central; y nos pretende hacer olvidar también que la igualdad de derechos individuales es un principio liberal por definición y no democrático.
¿Cómo es que un orden político que combina republicanismo y liberalismo descafeinados acaba denominándose “democracia”? No es asunto menor ni gratuito; llamar democracia a las repúblicas liberales contemporáneas hace creer a los que viven en ellas que en verdad gobiernan o que en un futuro esperadamente cercano la sociedad gobernará o pondrá al gobierno netamente a su servicio. Es la expresión más alta del simulacro boudrillardiano; es el momento en el que la leche deslactosada remplaza completamente a la leche, el momento en el que el café descafeinado es verdadero café.
Pero el problema del desfondamiento conceptual, y el consiguiente abuso ideológico de la democracia, no termina allí, en una burla política de oligarquías ocultas detrás de la llamada “voluntad popular.” El segundo efecto ideológico de la democracia liberal (desdemocratizada) es geopolítico y estratégico. No sólo es la legitimación de un republicanismo liberal poco igualitario y altamente clasista, sino también es la justificación más utilizada históricamente en la política expansionista e intervensionista estadounidense.
Si los grandes imperios europeos se expandieron bajo premisas civilizatorias, los Estados Unidos de América se expandieron e intervienen alrededor del mundo bajo premisas democratizadoras. Como el republicanismo liberal (“democracia”) genera estabilidad política y libertad económica, la política exterior estadounidense ha insistido en promover su instauración alrededor del planeta, voluntariamente o a la fuerza.
Para que el concepto de democracia jugase un rol central en la política exterior estadounidense debió de ser desfondado de todo contenido y reideologizado. El proceso fue largo y tortuoso y aquí sólo lo enlisto en sus generalidades.
En primer lugar, hubo que crear un discurso y un imaginario público que permitiera el uso de la palabra democracia para referirse, ya no a aquel sistema cerrado de participación política, sino a un sistema que permitiera el libre juego de los intereses de las élites locales y nacionales estadounidenses, lo cual sucedió con la retórica que acompañó la democracia Jacksoniana de los 1830. El gran propagandista y publicista de la democracia a la americana fue Alexis de Toqueville.
El segundo momento de transición sucedió durante la presidencia de Woodrow Wilson. En tiempos de la gran guerra, la potencia mundial en ciernes decidió enfilar sus armas contra aquellos imperios trasnochados que atentaban contra la expansión de los mercados internacionales. Si el Jacksonianismo había descafeinado a la democracia haciéndola segura para el mundo, Wilson ahora intentará instaurar un mundo seguro para esa democracia descafeinada.
Hoy, finalmente, pareciera que todo sistema político debe de ser más o menos democrático en su versión más light. La falta de consenso sobre su definición es lo que ha permitido el abuso discursivo e ideológico del concepto “democracia”. El concepto se ha vuelto no sólo el catalizador del intervencionismo estadounidense, también se ha convertido en el eje legitimizador del proyecto hegemónico cultural occidental. La mejor manera de mantener el status quo es no siendo estrictos con el uso del concepto democracia; este ensayo es un intento de cambiar eso.

jueves, noviembre 17, 2011

Los llamados de “unidad” y el autoritarismo democrático en México


Ahora que “las izquierdas” parecen haberse decidido por un candidato de unidad, le corresponde al “centro” y a la “derecha” decidirse por sus abanderados a la extenuante carrera por la presidencia. Y es precisamente la idea “de unidad” la que llama especialmente la atención con respecto a dos temas íntimamente relacionados: la falta de competitividad electoral de “las izquierdas” y la ineficiencia legislativa.

El que las encuestas hayan favorecido a Andrés Manuel López Obrador no es para nada una sorpresa. Es de suponerse que Marcelo Ebrard propuso esta forma de decidir sobre quién lideraría a la izquierda sabiendo que necesitaba casi un milagro para ganarle un López Obrador tan popular (quien también necesita un milagro para quitarse de encima toda su impopularidad). Pero más allá de opinar sobre lo adecuado o no de las encuestas, es importante considerar el resultado: es casi un hecho que López Obrador será el candidato presidencial por segunda vez. Pongámoslo así: el PRD sólo tendrá dos candidatos presidenciales en un periodo de 24 años (entre la formación del Frente Democrático Nacional en 1988 hasta 2012). El que las izquierdas requieran plegarse cada vez más bajo la sombra de un solo líder se debe a su ineficacia electoral. La “unidad”, en este sentido, es parte de una estrategia electoral necesaria a pesar de lo poco democrático del caudillismo.
Por otro lado, la formación de un gobierno de “unidad” que tenga una mayoría legislativa es la mayor preocupación de los priístas. Enrique Peña, por ejemplo, ha insistido en que el “gran tema faltante” de la reforma política en México es la “construcción de mayorías parlamentarias”. No sólo ha sugerido que se instaure una cláusula de gobernabilidad para el congreso federal que replique la que está vigente en el Distrito Federal, también pretende eliminar aquélla que limita la sobrerrepresentación del 8% en la Cámara de Diputados. Su propuesta se ha concentrado en hacer pasar la cláusula de gobernabilidad como un “mecanismo democrático”: “En un contexto plenamente democrático, resulta absurdo poner un freno a la formación de mayorías”, a lo que habría que responder que en un contexto plenamente democrático es absurdo pensar en imponer mayorías que no son directamente electas por los ciudadanos (es decir, anti-democráticas).

La preocupación de Peña es exactamente la misma que expresa Manlio Fabio Beltrones en su ensayo El Futuro es Hoy ¿para qué queremos ganar?: “Lo que nuestro país necesita es impulsar un gobierno de coalición democrática que responda a la cohesión y al acuerdo y no al desencuentro, así como a la representación auténtica de las mayorías y a la participación social, y no a un mecanismo de cuotas electorales y privilegios.” Es decir, los líderes priístas están más preocupados por establecer un instrumento de cohesión y unidad para garantizar gobernabilidad, no democracia. Beltrones ha estado impulsando una reforma constitucional que permita el establecimiento de Gobiernos de Coalición. Esto implicaría que si el partido del presidente en turno no obtiene mayoría legislativa podría optar por negociar una coalición con el partido que se la garantice, acordando sobre las “políticas compartidas que serán de carácter obligatorio para sus partes” y sometiendo la ratificación del nombramiento de los miembros del gabinete a la aprobación por el Senado. Dos problemas importantes se derivan de esta propuesta: 1) es cierto que las políticas acordadas se pondrían sobre la mesa pero eso no significa que los ciudadanos sepamos qué fue lo que se negoció y 2) establecer Gobiernos de Coalición posibilitaría que dos partidos saquen de la jugada de manera cuasi-permanente al resto de las fuerzas políticas. Lo que veríamos es una institucionalización de la llamada concertacesión  y una insistente repetición de acuerdos como aquel torpemente firmado César Nava y Beatriz Paredes cuando presidían sus respectivos partidos y que fue motivo de la renuncia de Fernando Gómez Mont a la Secretaría de Gobernación. Ese acuerdo pretendía ser un instrumento jurídico pero evidentemente no era vinculante, que es precisamente lo que la propuesta de Beltrones trata de subsanar al hacer el acuerdo obligatorio. A todas luces, la preocupación de Beltrones es “la dificultad del Presidente de la República para llevar a cabo decisiones de autoridad se ha destacado como uno de los temas centrales de la democracia en México. Hemos sido testigos de la imposibilidad de los gobiernos para tomar decisiones eficaces, que sean realmente obedecidas.” Es obediencia y no democracia lo que está al centro de la propuesta; no es una visión al “futuro que es hoy”, sino la añoranza de un pasado autoritario donde el presidente tenía un séquito que legislaba por encargo.

Aunque muy distintos, ninguno de los llamados a la “unidad” y “cohesión” representa un paso adelante para la aún-mal-lograda democracia mexicana. El caso de las izquierdas no sólo evidencia ineficacia electoral sino la terrible falta de formación de cuadros y reconocimiento de nuevos liderazgos. El caso de los líderes priístas representa el peligro de regresar a un sistema autoritario en el que las minorías simplemente no tienen poder político real.

miércoles, noviembre 09, 2011

Reseña/Comentario sobre ¿Qué hacer? La alternativa ciudadana de Carlos Salinas de Gortari (nov. 2011)


El libro publicado este mes por el expresidentes Carlos Salinas es una síntesis de su obra Democracia Republicana publicado el año pasado. No es claro si esta síntesis intenta resanar las pocas ventas que pudo haber tenido el libro en su versión original o si pretende ser un librito de bolsillo y referencia rápida para quienes dirigen la campaña de Enrique Peña Nieto. Lo que es evidente es que la publicación de esta versión resumida tiene la intención de poner el tema del “liberalismo social” sobre la mesa electorera de los próximos meses.

El libro tiene tres ejes principales: el primero es la crítica a los intelectuales orgánicos del neoliberalismo y del neopopulismo en México. Para ello, Salinas hace uso de las nociones de “intelectuales orgánicos” y “lucha de posiciones” de Antonio Gramsci como la columna vertebral del texto. Sería mejor, e incluso honesto, si Salinas hiciera las referencias a ambas categorías desde el principio para saber el origen de ambas nociones tan centrales en su argumento. Sin embargo las referencias cuasi-subliminales proliferan incluyendo el título del libro “¿Qué Hacer?”, que Salinas atribuye a Nikolai Chernishevski, pero que es el mismo título del programa para el partido revolucionario de Lenin, y la primer línea del prólogo “Dos agravios recorren México” que es obviamente una patética paráfrasis de la multicitada frase con la que Karl Marx inicia El Manifiesto Comunista, “Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo.”

En el capítulo sobre intelectuales orgánicos, Salinas se abalanza primero en contra de Enrique Krauze, a quien llama cacique cultural y servicio del régimen en turno, “indigno heredero del legado intelectual” de Octavio Paz y califica su obras de “meros cotilleos sobre incidentes históricos.” Mientras Krauze es descrito como el acomodaticio intelectual orgánico del neoliberalismo, Lorenzo Meyer es tildado de intelectual orgánico neopopulista. Salinas acusa a Meyer de solapador del menosprecio lopezobradorista a las instituciones. Salinas enfila armas también contra tres figuras a las que critica por ser entreguistas o abogados del intervencionismo. A Sergio Aguayo lo acusa de ser un “apóstol del intervencionismo” y, prácticamente, de espionaje por recibir financiamiento y colaborar con la National Endowment for Democracy y en el CISEN. El segundo entreguista es Jorge Castañeda Gutman, por el apoyo al gobierno de los Estados Unidos de América tras los ataques terroristas del 11 de septiembre  de 2001 y por los votos a favor de las resoluciones 1441 y 1511 del Consejo de Seguridad de la ONU. La tercera, un poco de manera sorprendente, es Denise Dresser, a quien acusa de ser un “intelectual «ninguneador»” y de borronear la historia nacional a favor de intereses intervencionistas. Finalmente, Salinas señala y acusa a Miguel Ángel Granados Chapa por publicar “notas sembradas de información falsa, sesgada y, por supuesto, nunca cotejada con los aludidos,” y a Carmen Aristegui por escribir y opinar “por encargo” además de su tendencia a “victimizarse”. Por ser una “incondicional” de Andres Manuel López Obrador, Aristegui es la principal editorialista orgánica del neopopulismo. Pero más allá de sus acusaciones, cabe resaltar que Carlos Salinas menciona a un “intelectual” y a un “periodista” a los cuales no incluye entre los “orgánicos”: Héctor Aguilar Camín y el “destacado periodista Carlos Marín.” Esto nos deja ver el otro lado de las alianzas y fidelidades “intelectuales.”

El segundo eje del texto es la crítica al neoliberalismo que, según Salinas, durante la “década perdida” (1995-2006) ha debilitado “la soberanía y, con ella, el poder; el progreso sustentable; la justicia social y, finalmente la seguridad.” Este es el mismo argumento, ahora más sintético, del libro La década perdida 1995-2006 que Salinas publicó hace cinco años. Esta crítica se complementa a su vez con la ofensiva contra el opuesto ideológico: el neopopulismo lopezobradorista (y que es el mismo argumento que presenta en Neoliberalismo y populismo en México). Salinas divide la historia contemporánea de México y el mundo en tres: una primera etapa que se deriva del desarrollo histórico del régimen mexicano y del PRI a partir de la gran depresión de 1929, en la que el estado interventor no progresó hacia una mayor autonomía ciudadana debido a la batalla ideológica de la guerra fría; la segunda etapa es simplemente su sexenio, en el que el fin de la guerra fría permitió la instauración de un “liberalismo social” que hizo posible hacer uso productivo de la Política Popular de los setenta. Salinas argumenta que el Programa Solidaridad abrió las puertas a la participación ciudadana en la solución de sus problemas más apremiantes a pesar de la reticencia de la nomenklatura en el PRI, y su versión de la revolución paternalista:

“Solidaridad permitió rehabilitar 120 mil escuelas públicas, introducir agua potable en beneficio de 16 millones de personas y llevar electricidad a 22 millones de habitantes. Asimismo, se rescataron 234 hospitales y se edificaron 120 nuevos, al tiempo que se construyeron 1,373 centros de salud y 1,241 unidades médicas? Los colonos, por su parte, se unieron para pavimentar calles y banquetas en casi 10 mil colonias populares.” 

Lo que es claro es que Salinas confunde la acción ciudadana que es netamente política con la participación en comunidad que representa “pavimentar calles y banquetas.” Solidaridad sirvió para hacer que los ciudadanos hicieran lo que el gobierno dejó de hacer, para organizar barrios y colonias alrededor de actividades de mejoramiento y creación de los espacios públicos que el gobierno había abandonado. Aunque valiosa, esa participación vecinal no es ningún impulso en la participación política de los mexicanos.

Los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, representan en el imaginario de Salinas el período en el que el entreguismo institucionalizado terminó con la neoliberalización de las políticas públicas en México. En un argumento simplón, por decir lo menos, Salinas acusa a estos dos gobiernos de entregar al país al capital financiero internacional y de socavar la soberanía tomando como prueba el que la palabra soberanía no aparece en los informes presidenciales de Zedillo de 1999 y 2000 ni en ninguno de los de Fox. Evidentemente, el libro está plagado de intentos de convencer al lector que la crisis económica de 1995 fue consecuencia del “error de diciembre” de Zedillo.

No sólo extraña que Carlos Salinas sea el único que no considera que su administración fue neoliberal, también lo hace su mala memoria. Cuando hace referencia a su sexenio como presidente no hace referencia alguna a la grave crisis política en la que se hundió México entre los años 1988 y 1994, que desembocaron en un movimiento armado activo (el EZLN) de impacto considerable que acusaba el aislamiento y pobreza de las comunidades indígenas (aquéllas a las que Solidaridad no tocó), con asesinatos políticos como los de Luis Donaldo Colosio y José Fancisco Ruiz Massieu, y con las convenientes privatizaciones con las que pagó más de un favor. Si algo no extraña es la inconsistencia y simpleza del tercer eje del texto. Carlos Salinas pretende reconstruir una versión maniquea de la filosofía política en la que su “liberalismo social” se encumbra como la cúspide de un liberalismo que combina republicanismo y democracia. Esta reconstrucción resume su incoherencia cuando Salinas afirma: “El republicanismo original es indisociable de la democracia clásica: el gobierno por el pueblo y para el pueblo. De ahí deriva la sentencia actual, varias veces citada en estas páginas: «Nadie hará por el pueblo lo que el pueblo no haga por sí mismo».” Cualquier profesor de Teoría Política 101 diría que como teórico político, Carlos Salinas es un gran economista.