Nubarrones en el escenario.
La Reforma política para el Distrito Federal aprobada el pasado 15
de diciembre de 2015 presenta una importante y necesaria oportunidad para
repensar la Ciudad, para transformarla estructuralmente en un proyecto dinámico
a largo plazo, resultante de una idea de Ciudad más o menos clara y lo más
consensuada posible. El momento para tratar de incidir en este ejercicio es
idóneo, toda vez que están por definirse los miembros de la Asamblea
Constituyente para la elaboración del marco jurídico de la Ciudad de México;
nuestra Constitución. Éste, es el primero de una serie de artículos en Nomos
político, en los que se expondrán algunas críticas al proceso que estamos
viviendo, pero también propuestas, ideas o cuestionamientos, que creemos vale
la pena compartir. El primer paso es conocer el escenario.
¿Qué cambios supone la transformación de DF a Ciudad de México?
Además del cambio de nombre, de convertirse en una entidad federativa y de
tener nuestra propia Constitución –la cual deberá ser aprobada a más tardar el
31 de enero de 2017- la Asamblea legislativa se transformará en Congreso local,
las delegaciones se transformarán en alcaldías y se gobernarán por el alcalde y
concejales; se concretará la autonomía en lo referente al nombramiento del Jefe
de Policía y del Procurador de Justicia; con esto la Ciudad de México ya no se
gobernará por órganos de gobierno, sino por tres poderes como el resto de las
entidades federativas. Otro aspecto importante será la autonomía presupuestaria
y la capacidad que tendrá de establecer el techo del endeudamiento.
Este cambio en la administración ya presenta posibilidades, pero
también algunos peligros de los cuales debemos estar atentos; peligros no per
se, sino provenientes tanto del sistema de partidos, como del oportunismo
político. Por un lado, es altamente probable que ya exista una Constitución
acordada entre los partidos políticos o al menos entre algunos de ellos a fin
de proteger sus intereses, y ya que serán éstos los que dominen la Asamblea
Constituyente, la ciudadanía debe estar muy pendiente de su proceso de
construcción. Por otro lado, los partidos políticos dominarán la Asamblea, y es
que la democratización en México es en el mejor de los casos alternancia en el poder
o bien, una simple partidocracia, en la que el sistema trabaja para resolver
los problemas de ella o incrementar sus ganancias. La estructura de la Asamblea
Constituyente parece una expresión más de ello, pues de los 100 diputados constituyentes,
60 serán electos por representación proporcional el día 5 de junio, 28 serán
electos dentro del Poder Legislativo (14 Senadores y 14 Diputados) y 12
designados por el Ejecutivo federal y local (6 por el Presidente y 6 por el
Jefe de Gobierno). Ahora bien, existe la posibilidad de los candidatos
independientes –como representantes de la Sociedad Civil- pero para que éstos
puedan ser electos deben estar en las listas de candidatos de alguno de los
partidos políticos, es decir, la independencia es limitada y muy probablemente
el peso que puedan tener en la construcción de la Constitución de la Ciudad de
México, también. En la lógica parlamentaria, los grupos pesan más que los
individuos.
Vinculado al punto anterior, es que existe el peligro de que la
sociedad civil no sólo quede limitada en la construcción de la Constitución,
sino de que se limite una vez más su capacidad de acción y de incidir en la
elaboración de políticas públicas. La composición de la Asamblea Constituyente
ya demuestra el dominio de la clase política sobre la sociedad civil, pero no
sólo eso, los partidos dominantes en el sistema político han demostrado poco
interés en el fortalecimiento de ella, en la participación ciudadana. El
vínculo que han establecido el PAN, el PRI, el PRD y Morena con la sociedad
civil, ha sido clientelar, no buscando su fortalecimiento, su desarrollo como
actor político, ni su integración en todo el proceso de las políticas públicas.
Los gobiernos perredistas desde Cuauhtémoc Cárdenas hasta Miguel Ángel Mancera
–y particularmente- de Andrés Manuel López Obrador, han cooptado, debilitado o
desarticulado movimientos sociales y organizaciones ciudadanas, bajo la premisa
de que ya no son necesarios dada la naturaleza de izquierda del gobierno
capitalino. Esto ni es verdad, ni tiene por qué ser así; la participación
ciudadana no sólo es más importante que la administración de izquierda (o
derecha o centro o…) sino que es indispensable. La Constitución de la Ciudad de
México debe garantizar y ampliar mecanismos para la participación ciudadana. Lo
que requiere, debemos tenerlo claro, un gran compromiso de nuestra parte.
Por último, en esta breve reflexión, quisiera advertir sobre el
peligro de la fragmentación de la Ciudad en 16 alcaldías desarticuladas. Si
bien es cierto que la Ciudad de México no será un estado como tal y que las
delegaciones no serán municipios sino un híbrido entre éstos y aquéllas,
quedando algunas tareas –como la seguridad- a cargo del gobierno central,
también lo es que la definición misma de los alcances y límites de las
alcaldías, así como de su contrapeso –los concejales, 10 ó 15 por cada
alcaldía- está por establecerse en la Asamblea Constituyente. Lo que se debe
cuidar, es la total desvinculación de las alcaldías de un proyecto de Ciudad,
abriendo la posibilidad de que los alcaldes sean sensibles a presiones locales,
tanto de empresarios como de distintos grupos u organizaciones; sin mencionar
la falta de articulación en el desarrollo urbano o el ordenamiento territorial.
Al respecto ahondaré en la segunda entrega de esta serie, cuando hable sobre
las posibilidades que presenta este camino hacia la Ciudad de México.
