Lanzándole un tirabuzón al congreso. Notas sobre el estado de la Unión de Barack Obama.

Por Amando Basurto.-

El discurso sobre el estado de la Unión que el presidente estadounidense presenta cada año frente al congreso, es uno de los eventos más vistos por televisión en este país. El primer discurso en cada administración es altamente esperado porque, más que reportar el estado de la Unión, marca el tono de la relación entre el ejecutivo federal y el congreso. El discurso también se caracteriza por vocalizar los temas más relevantes para el ejecutivo; temas en el que se espera el congreso actúe con prontitud y responsabilidad (lo que significa usualmente que lo haga de acuerdo a la opinión del presidente en turno). Ahora, el discurso del día de ayer es el primero después de una reelección histórica. Frente a unos republicanos que hace un año confiaban con poder ganar la presidencia después de radicalizar su posición contra la administración Obama (política correctamente llamada obstruccionista), el presidente recién electo presentó todo su arsenal de legitimidad renovada para presionar al congreso a actuar con respecto a temas prioritarios en su agenda. Así, Barack Obama se presentó ante los legisladores para anunciar y promover una serie de iniciativas como lanzando un “tirabuzón” a la caja de bateo del congreso.

Muchos de los temas y el tono del discurso fueron reediciones de aquello que ha mantenido a los estadounidenses políticamente radicalizados y en una perenne posición de sordera. De esta manera los temas de reducción del déficit, el equilibrio en el presupuesto, la reparación de la infraestructura y la promoción del uso de fuentes renovables de energía, desfilaron con un alto entusiasmo partidista. Otros cruzaron sin pena ni gloria precisamente por ser difícil oponerse a ellos; como es el caso de la mejora a la calidad de la educación preescolar, media-superior y superior, la recuperación del poder de manufactura estadounidense y la relevancia de mejorar la seguridad cibernética nacional. Evidentemente los presentes aplaudieron sin compromiso alguno. Otros temas sin mucho futuro legislativo desfilaron con hartos aplausos y entusiasmo pero destinados muy probablemente al fracaso; como es el caso del incremento del salario mínimo federal a 9 dólares la hora.

Un par de temas destacan por estar relacionados con justicia social y derechos políticos. Por un lado, Obama exigió al congreso la aprobación de la ley de justicia salarial que garantice la igualdad de salarios para hombres y mujeres desempeñando el mismo –o similares– puestos. Hay que recordar que las mujeres sólo perciben el 77% de lo que percibe un hombre por realizar el mismo trabajo en los Estados Unidos. El segundo tema es la conformación de una comisión para mejorar la “experiencia electoral” estadounidense. Esto debido a los problemas y la larga espera que tuvieron que sufrir miles de ciudadanos para poder emitir su voto en las pasadas elecciones.

Pero son dos candentes temas los que no sólo atrajeron más la atención, sino que tuvieron un lugar central en el discurso de Barack Obama. El primero, que interesa mucho a connacionales viviendo sin documentos en territorio estadounidense, es el tema de la reforma integral de migración. El presidente volvió a exigirle al congreso la aprobación de una reforma que asegure no sólo un camino a la legalización de estatus de aquellos inmigrantes indocumentados que ya están en territorio estadounidense, sino también refuerce la seguridad fronteriza para evitar o desanimar el cruce ilegal desde territorio mexicano. El discurso de Obama sigue siendo progresista a medias porque enfatiza la seguridad fronteriza y la penalización de aquellos que empleen personas indocumentadas, pero eso precisamente es lo que la palabra “integral” quiere decir en este caso. La probabilidad de que esta reforma sea aprobada por el congreso es mayor que en otros años debido precisamente al fracaso electoral de los republicanos para capturar el voto latino. 

El segundo tema candente, que de hecho ocupó el centro del informe, fue la legislación para aumentar el control sobre el comercio y tenencia de armas y la reducción del tamaño de los cartuchos disponibles para uso de los civiles. Este tema incluyó las historias más sentimentales durante un discurso que exige que el congreso actúe respetando la constitución pero sin dejar de atender la grave problemática que se enfrenta todos los días en calles, escuelas e incluso templos. Pero esta legislación al parecer requerirá algo más que trágicas historias personales. Va a requerir convencer tanto a los fundamentalistas constitucionales de que no viola el espíritu de la segunda enmienda, como a los miembros de la National Rifle Association de que no atenta contra sus intereses económicos. Aún así, Barack Obama cerró su discurso insistiendo en su estrategia de lanzar tirabuzones al congreso al exigir que se voten las iniciativas con el evidente objetivo de señalar –con nombre y apellido– a los legisladores que se oponen a un mayor control sobre la tenencia de armas y, con ello, contribuyen a perpetuar la violencia en las calles. El tirabuzón, resta decir, no va dirigido sólo a legisladores republicanos; veremos como paga el partido demócrata su falta de consenso alrededor de este tema.

Libertad y armamento. Un reto de la renovada administración Obama.

Por Amando Basurto

El Presidente Barack Obama inauguró su segundo término con una agenda política repleta de retos legislativos. Entre éstos, el control de la venta y posesión de armas es si no el más urgente sí el del impacto mediático más importante. La complejidad de este reto deriva de que la portación de armas de fuego ha dependido históricamente de la interpretación judicial de una controversial enmienda constitucional.

Si dos de los objetivos básicos del Estado son proveer seguridad e impartir justicia, uno podría pensar que lo lógico es que el Estado controle quién puede portar qué tipo de armas. Sin embargo, la Segunda Enmienda a la constitución de los Estados Unidos de América hace que el control sobre la posesión y distribución de armas sea un tema de controversia judicial. Así que antes de simplemente hablar sobre la necesidad o las bondades de controlar el tráfico de armas es importante conocer el origen del problema que enfrenta el gobierno vecino y que tiene relevantes implicaciones para la seguridad nacional de México.

La Segunda Enmienda reza:
“A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.” –“Una milicia bien regulada, siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo de poseer y portar armas, no debe de ser infringido.”–

La explicación histórica es muy simple: con la intención de mantener una formal autonomía, los Estados de la Unión decidieron garantizar el mantenimiento de milicias estatales que les permitiese defenderse de abusos de poder del gobierno federal. Evidentemente la idea de que las milicias estatales podrían enfrentarse al ejército de los Estados Unidos para defender la “libertad” de uno de los estados caducó completamente desde principios del siglo XX. ¿Cómo pretenderían tales milicias enfrentarse al ejército mejor armado y con mayor capacidad de fuego del planeta? Es simplemente impensable.

Sin embargo las decisiones de la Suprema Corte han llevado a que la legislación federal sobre la compra-venta y posesión de armas sea laxa e intermitente. La interpretación de la segunda enmienda ha favorecido una lectura que reconoce la posesión de armas como un derecho individual. Por otro lado, las prohibiciones de portación de armas de asalto se han expedido con tiempos de expiración y no se han aplicado con todo el rigor tanto por falta de capacidad como por evitar enfrentamientos judiciales con los gobiernos estatales.

Es por ello que, en su Discurso Inaugural de ayer, Obama insistió: “Ser fieles a nuestros documentos fundacionales no requiere que estemos de acuerdo en cada detalle de la vida. No significa que definamos la libertad de la misma manera o que sigamos exactamente el mismo camino a la felicidad. El progreso no nos obliga a resolver de una sola vez debates añejos sobre el rol del gobierno, pero requiere que actuemos de acuerdo a nuestros tiempos.”

Ante los últimos eventos de violencia –entre los que se encuentra el asesinato de 20 niños de primer grado en Newtown, Connecticut– y haciendo uso de la inercia política que le ha concedido su reelección, Obama anunció la semana pasada una serie de 23 acciones ejecutivas para aumentar el control sobre la venta y tenencia de armas de fuego. De esas acciones la mayoría son paliativos menores que puede realizar el ejecutivo directamente, entre las que destaca: 1) hacer más accesibles los datos relevantes para la verificación de antecedentes en manos de las agencias federales, además de reducir las obstáculos legales innecesarios en la disponibilidad de dicha información; y 2) revisar las categorías de los individuos que no pueden portar armas y trabajar críticamente en la prevención de la violencia con armas de fuego.

Sin embargo, las dos “acciones ejecutivas” más relevantes son, en el mejor de los casos, buenos deseos. Ambas son peticiones –o requerimientos– al Congreso para que cree un sistema universal de verificación de antecedentes y para que restablezcan la prohibición de armas de asalto de tipo militar. Evidentemente, Obama redirigirá la presión pública sobre el tema hacia el Congreso para empujarlos a actuar. Por desgracia en este caso no sólo se enfrentará a la oposición republicana sino a una grave división al interior de la bancada demócrata.

 De esta manera, el riesgo que corre Obama es mantener la idea de que su gobierno es poco efectivo e incapaz de concretar legislaciones que requieren el convencimiento de los moderados. Además tendrá que enfrentarse a las lecturas esencialistas provenientes de la Suprema Corte. Así que, a pesar de aquellos que desde México consideraron las acciones ejecutivas trascendentes para limitar el trasiego de armas a nuestro país, no veremos en el mediano plazo una legislación federal que permita un más férreo control de la venta y posesión de armas en los Estados Unidos. Seguirá siendo una importante tarea del gobierno mexicano, pues, garantizar la seguridad de sus ciudadanos evitando el fragante cruce de armas de alto poder desde el vecino del norte.

El reconocimiento como Estado observador no-miembro de Palestina en la ONU

Por Amando Basurto

Hace unas semanas escribí sobre el primer paso serio de diplomacia en Siria. El reconocimiento de beligerancia de la Coalición rebelde siria significó otorgar a quienes luchan contra el régimen de Bashar Al-Assad una legitimidad internacional que va acompañada con derechos pero también con obligaciones. El principio de racionalidad es muy simple: un grupo o comunidad–nacional o internacional– actúa con respecto al marco legal y político que se le presenta en cada ocasión; en este caso la Coalición rebelde siria puede seguir actuando fuera de todo marco jurídico y de responsabilidad política (comúnmente mal-llamada anárquicamente) o podía ser incluido en un marco en el que sea responsable de su actuar (incluyendo los abusos que se cometan).

El día de ayer se dio otro paso diplomático importante en la búsqueda de la resolución al conflicto entre Israel y el pueblo palestino. La Asamblea General (AG) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció el status de Estado observador no-miembro a Palestina. ¿Qué significa? En pocas palabras, que la Autoridad Palestina (un gobierno hasta ayer no reconocido internacionalmente como Estado) ahora es reconocida como un gobierno legítimo de un Estado legítimo que aún no es miembro del sistema de Naciones Unidas. De hecho, este reconocimiento allana el camino para presionar a que el Consejo de Seguridad reconozca finalmente su status de Estado miembro de pleno derecho.

En este caso, la Asamblea General de la ONU fue el escenario en el que la voluntad política de reconocer al Estado Palestina se expresó de manera contundente. 138 estados votaron a favor, mientras 41 se abstuvieron y solamente 9 votaron en contra. Es de destacarse que México (si “México” porque, aunque el nombre de nuestro país es Estados Unidos Mexicanos, así se lee en el personalizador de la delegación mexicana sin necesidad de cambiarle el nombre al país [nota para el presidente saliente]) votó a favor de la resolución. Pero aún más destacado es el hecho que sólo una de las superpotencias miembro del Consejo de Seguridad haya votado en contra: los Estados Unidos de América (junto con Israel, Canadá, Palau, Micronesia, la República Checa, Panamá, Nauru y las Islas Marshal). Esto pone mayor presión sobre el gobierno de Barack Obama al señalarlo como el único miembro del Consejo de que aún se reúsa a reconocer el status de Estado a Palestina.

La reelección del presidente Obama y el control de los demócratas sobre el Senado estadounidense le otorgan un mayor espacio de maniobra; sin embargo, no parecen estar listos para dar el siguiente paso en la resolución de este conflicto. No es de extrañar que la posición temerosa e indecisa que el gobierno estadounidense ha mostrado con respecto al conflicto en Siria se asemeje a su decisión de votar en contra el día de ayer. Y no es que los conflictos sean similares o que uno pretenda calificar con tabula rasa la política exterior del vecino del norte, sino de evidenciar que el gobierno estadounidense no ha sabido liderar a la comunidad internacional en la solución de los conflictos del “medio oriente.”

La resolución de ayer expresa claramente que la mayoría de los estados miembros de la ONU, al igual que el Secretario General, consideran que es necesaria la formación de dos estados independientes para resolver el conflicto israelí-palestino. También deja en claro que la solución del conflicto no pasa por ni termina en la formación de dos estados, sino que comienza con el reconocimiento del estado palestino para que, en igualdad de condiciones y responsabilidades jurídicas, éste pueda llevar a buen término las negociaciones necesarias. El principio de racionalidad en el reconocimiento de la Coalición rebelde siria no es muy distinto en el caso del reconocimiento de Palestina como Estado: mientras que Palestina no sea un Estado reconocido, su responsabilidad internacional será muy limitada. Paradójicamente, si el gobierno israelí quiere asegurar que la autoridad palestina sea sujeta a responsabilidad internacional, tiene que aceptar primero la formación de un estado con el poder institucional necesario para hacerlo. Así como la guerra es un fenómeno entre Estados, la paz sólo es posible entre Estados con autoridad e igualdad de circunstancia jurídica. Las negociaciones de paz seguirán estando condenadas al fracaso mientras sean realizadas entre un estado y el “brazo político” de “un grupo terrorista.” Es por ello que es un asunto de interés nacional para Israel reconocer al estado palestino; pero también sido un asunto de interés nacional el mantener a los palestinos sin una estructura política estable que les garantice derechos.

La reacción del gobierno israelí a la resolución de la Asamblea General ha sido de completa descalificación. A corto plazo, el conflicto parece no tener solución y requerirá mayor presión internacional sobre el gobierno de Israel. Por su parte, los estadounidenses deben detener los chantajes políticos de un lado y poner las cartas claras sobre la mesa, liderando de nuevo un proceso de paz que los involucra directamente por la enorme asistencia financiera y militar que le han otorgado al gobierno de Israel. El gobierno mexicano, por su lado, tomó la decisión adecuada y votó con enorme sentido de diplomacia y estrategia. Eso siempre hay que reconocerlo.