–Segunda
entrega de dos
–Por Amando Basurto.
Hasta
el día de ayer por la noche, al terminar de escribir la presente, los distritos
electorales no había terminado de hacer el análisis ni el recuento total de
(por lo menos) el 54.5% del total de la elección presidencial. Lo que quedaba
cada vez más claro es la enorme cantidad de irregularidades del proceso; lo que
ha significado de entrada una bofetada con guante blanco a todos aquellos que
repitieron alguna variante del estribillo iluso: “la jornada electoral fue un
ejemplo de pulcritud y expresión fina de la democracia mexicana”. Tener que
recontar más de la mitad de la elección es un gran revés a la confiabilidad
inicial del proceso.
Sin
embargo, las irregularidades en las actas no es el peor de los problemas que
enfrenta la confiabilidad de nuestro sistema electoral. Si lo es,
desafortunadamente, el desaforado uso del poder político, el corporativismo, la
corrupción, la compra sistemática de votos y el uso ilegal de recursos públicos
en los que se ha convertido la maquinaria política de los partidos políticos.
Especialmente las maquinarias estatales del Partido Revolucionario
Institucional han demostrado ser el renovado origen de su poder político. Los
grandes ganadores de las elecciones del año 2000 fueron los comités estatales
que, tras depender del poder concentrado en la figura del presidente desde
1930, obtuvieron descomunales recursos para su operación política local (un
avanzado cacicazgo institucionalizado). Estos son los espacios desde donde la
coacción y la compra de votos fue orquestada este año con una coordinación
difícilmente igualable. Esto ha puesto de cabeza el sistema electoral al que se
había (supuestamente) blindado en contra del “embarazo” de urnas. El Instituto
Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
no tienen suficiente facultades para castigar estas ilegalidades y no tienen
suficiente poder para anular completamente unas elecciones con tal cantidad de
irregularidades. En este sentido, la evaluación arroja números rojos tanto para
la confiabilidad general del proceso como para la legalidad con la que proceden
los partidos políticos.
¿Cómo
hacer para evitar que las dinámicas de corrupción y abuso de la necesidad sigan
siendo la constante en nuestro país? Por lo visto una reforma política a fondo
no será fácilmente aprobada por la partidocracia mexicana. Lo que nuestro país
necesita es una sacudida política; al estilo del “pípila” –ese cuasi-mítico
personaje de nuestra independencia– la estructura política necesita ser
incendiada desde sus cimientos para reestablecer límites civiles de acción
política, imponiendo altos costos al abuso y la corrupción y construyendo
definitivamente un sistema electoral confiable. Pero más importante, ¿cómo lo
hacemos políticamente antes de que la
violencia nos gane el paso y veamos a nuestro país envuelto en una guerra
civil?
La
evaluación de daños arroja un gran perdedor. El Partido Acción
Nacional pierde posiciones políticas en casi todos los puestos de elección
por los que compitió el domingo. Perder la Presidencia se suma a la pérdida
definitiva de la gubernatura de Morelos, a la reducción de su fuerza en el
Distrito Federal y, finalmente, a convertirse en tercera fuerza política en el
Congreso. La gran impopularidad de la administración Calderón penetró hondo en
el sentir del electorado y Josefina Vázquez Mota no sólo cometió errores graves
durante su campaña sino que no pudo desmarcarse del todo para venderse como
producto “diferente”. Es muy probable que la bancada intenten convertir al PAN
en el partido “bisagra” en la negociación de las “reformas estructurales” con
el PRI, pero en todo caso asistirá a las negociaciones con una fuerza muy
menguada.
En
términos de sistema de partidos, los ciudadanos resultamos perdedores tras la
jornada dominical. Que el Partido Nueva Alianza mantenga su registro sólo
coadyuva a la institucionalización de la corrupción y el corporativismo. Que
Gabriel Quadri haya recibido poco más del 2% del voto presidencial habla muy
mal de la política mexicana, en donde algunos prácticamente votarían por
cualquiera con tal de no votar por los de siempre. Lo peor es que el recuento
distrital podría poner al PANAL en la situación de convertirse en un partido “bisagra”,
lo que nos dejaría en manos de un triunvirato temible PRI-PVM-PANAL.
Sorpresivamente,
suceda lo que suceda tras los conteos distritales, la revisión de los paquetes
con irregularidades y las impugnaciones ante el tribunal electoral federal, los
verdaderos ganadores de la jornada del primero de julio son los partidos que
conforman la Coalición Movimiento Progresista. Aun si después de agotar todas
las instancias legales Andrés Manuel López Obrador no es declarado Presidente,
la Coalición consiguió ganar las gubernaturas de los estados de Morelos y
Tabasco, así como la Jefatura de Gobierno del D.F. (los números de la elección
siguen sin ser finales pero es necesario trabajar con este supuesto). El
capital político adquirido es enorme; de no dilapidarlo y coordinarlo, la
Coalición se erigirá como segunda fuerza política.
Lo que
se requiere es una verdadera autocrítica al interior de la Coalición y una
definición de sus prioridades. En caso de que el TEPJF otorgue la constancia de
mayoría a Enrique Peña Nieto, la Coalición deberá considerar lo inefectivas que
fueron las acciones post-electorales de 1988 y del 2006. Posiblemente la mejor
opción sería reconocer el resultado bajo protesta y usar el nuevo capital
político para intentar crear un marco jurídico mucho más efectivo en contra de
todas las irregularidades que se han presentado en las últimas elecciones
presidenciales. Podrían también jugar un papel más constructivo en las reformas
fiscal y laboral, y una muy legítima oposición política desde el Congreso. Incluso
más importante, podrían utilizar el movimiento construido por AMLO para
presionar políticamente y fiscalizar a los gobiernos estatales priístas y
panistas, así como para asegurar que los gobernadores de “las izquierdas”
cumplan con las expectativas de quienes los eligieron. De esta manera allanarían
el camino para la elección presidencial del 2018. Para eso tendrían que
reconocer que, a diferencia de los casos de Morelos y Tabasco, ganaron la
Jefatura de Gobierno y una mayoría legislativa y delegacional aplastante del
D.F. como resultado del efecto Ebrard
y no López Obrador. Esto ayudaría a
convencer a AMLO de liberar su movimiento de su liderazgo y permitir que trascienda su persona en pos de una
izquierda políticamente lista para dirigir el país.
