La democracia mexicana: farsas, tragedias e impugnaciones

Por Miguel Ángel Valenzuela Shelley.

Los resultados de la elección federal del pasado primero de julio, han dejado al descubierto –una vez más- los problemas, pendientes, debilidades y vacíos de nuestro sistema electoral; otra arista de la (al parecer) perenne problemática institucional mexicana. Se ha logrado mucho desde las elecciones limitadas de los años setenta, el fraude –ese sí, a todos luces- de 1988 y su “caída del sistema”, la (hasta cierto punto) cuestionable elección de Ernesto Zedillo y la sospechosista de Felipe Calderón Hinojosa, doce años después de aquella. La jornada es, sin duda alguna, menos oscura, es transparente aunque confusa; no está exenta de fallas, pero es mucho más confiable que otros ejercicios. Sin embargo, nuestra transición a la democracia, sigue siendo una camino lleno de farsas, tragedias e impugnaciones.

Los reclamos de AMLO y, hay que decirlo, de buena parte de las izquierdas, incluyendo movimientos ciudadanos, están cayendo en la irracionalidad, las suposiciones, el fanatismo, la nada extraña falta de autocrítica y una clara falta de visión a futuro, e inclusive realismo. No haría daño reflexionar un poco sobre algunos de estos argumentos que sostienen (débilmente) la impugnación; misma que se entiende más como una expresión irracional (en el sentido de la filosofía política) del hartazgo y frustración, que como una respuesta articulada y razonada frente a la profunda inequidad del proceso. Lo delicado, es que lo que se necesita –y desde hace 12 años, al menos- es lo segundo, y no lo primero.

En efecto EPN ganó la elección presidencial teniendo a más del 60% del electorado en contra de su candidatura, pero eso no lo hace una imposición, ni ilegítimo; y en todo caso el porcentaje se amplía con AMLO y JVM. Pretender que se desconozca a EPN o que renuncie y sea (nombrado) presidente AMLO, sí sería una imposición. No pretendo ser un apólogo del IFE, ni defensor de EPN o el PRI -¡jamás!- pero clamar “¡Fraude!” o “¡Impugnación!” es un asunto muy serio y debe estar documentado con pruebas irrefutables, no suposiciones, aunque estén fundamentadas en la razón o la historia. No invito al silencio, ni a la sumisión, pero sí a la responsabilidad que supone la presentación de pruebas, a fin de demostrar allende cualquier duda los ilícitos en materia electoral.

A ver, separemos tres cuestiones elementales: una cosa es la jornada electoral en su conjunto, otra el conteo de los votos y aún otra las condiciones en que se desarrolla el proceso electoral en sentido amplio. La primera obedece a los acontecimientos que suceden el día de la elección, ya sea dentro, fuera, cerca o en los alrededores de las casillas; así como todo aquello que impacte en la votación, de manera directa o indirecta, en todo el territorio nacional. Esta fue muy accidentada, no fue tersa, impoluta o inmaculada; nada más lejano a ello. Pero eso no la hace fraudulenta per se. Cierto, el IFE reportó más de mil incidentes el 1º de julio, pero la gran mayoría obedecieron a problemas al instalar las casillas; como las más de 70 casillas en Tamaulipas que tuvieron que cambiar de lugar o que retrasaron su apertura debido a la lluvia. Ahora bien, existen muchos reportes de compra del voto –Soriana y Monex- lo cual debe investigarse y es nuestra obligación exigir penas EJEMPLARES para quienes hayan cometido dichos ilícitos. Eso sí puede calificarse como fraude.

La Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral es muy clara al señalar que no se puede ejercer presión o violencia física para influir en el resultado de la elección, de hacerlo sería causa de nulidad en la casilla (Artículos 75, 76, 77 y 77 bis). Pero también es clara la Ley al señalar que se deben comprobar dichas acciones, y para que se anule la elección se deben anular el 25% del total de casillas instaladas. No dudo de la compra de votos, pero sí dudo que haya sido exclusivo del PRI; ¿acaso no recordamos las elecciones internas del PRD? ¿ya olvidamos que alguna o algunas tuvieron que ser anuladas, precisamente por la compra de votos? Y también dudo que la compra de votos pueda cambiar el 25% de las casillas, y en consecuencia anular la elección; lo cual por cierto, haría el TEPJF, no el IFE. Por supuesto queda la duda de cómo comprobar que hubo compra del voto; ¿cómo comprobar que Juan Pérez cambió su voto a cambio de una despensa o un horno de microondas? Si estamos insatisfechos con los criterios del COFIPE, del TEPJF o con la Ley mencionada, entonces hay que organizarnos, hay que presionar para que se modifiquen. Pero esas reglas del juego, esos actores, esos árbitros, fueron avalados por los Partidos políticos, no fueron impuestos. El fraude desde la autoridad electoral, al menos en esta elección, es una farsa, un ardid, un sofisma o retórica, pero la limpieza de la jornada electoral también lo es. No porque haya dados cargados, o una conspiración a todo lo largo del territorio nacional para evitar que AMLO sea presidente, sino porque hay permisividad para la trampa, para el cochupo. Porque hay árbitros con muy pocos dientes, e interesados en que eso se mantenga. El IFE no aprobó la Ley, sino el Congreso.

La segunda, el conteo de los votos, se refiere simple y llanamente a eso, al ejercicio de sacar las boletas de las respectivas urnas y ubicarlas en el montoncito que le corresponde: PAN – PRD – PRI – PANAL – Nulos, y posteriormente contar las boletas no utilizadas. Corroborar las cifras finales de la casilla y  registrar el resultado en la sábana respectiva, con la anuencia y aprobación de los representantes de los partidos que ahí se encuentren. En esta elección, vale recordarlo, hubo representantes de todos los partidos políticos en poco más del 96% de las casillas; y simpatizantes de AMLO en más del 98% de ellas. Se reporta el resultado al IFE, se lleva la urna al Instituto, y ahí se lleva a cabo el conteo rápido, que es sólo una muestra estadística y una proyección del resultado. El miércoles posterior a la elección de realiza el cómputo de todas las casillas, y ése es el resultado final, que ratifica el Consejo General del IFE. A grandes rasgos, eso sucede en esta etapa del proceso, y en ella es muy difícil que exista manipulación alguna, toda vez que quienes participan son ciudadanos –no a partidistas muy probablemente, pero tampoco militantes- y además ¡hay representantes de los partidos en las casillas! Por si fuera poco, la UNAM -que de algún prestigio goza y no es de corrupta- analizó los procedimientos del Instituto Federal Electoral y los aprobó –podríamos decir- con Mención honorífica. Ahora, cierto, un buen conteo no significa equidad, ni legitimidad, aunque sí legalidad. De cualquier forma, esa sería otra discusión.

La tercera, es decir las condiciones en que se desarrolla el proceso electoral en sentido amplio, es en buena medida –a mi parecer- la clave del problema en nuestra transición a la democracia. El proceso fue claramente inequitativo, las irregularidades son la regularidad; el caos, la falta de certidumbre, de transparencia, el sospechosismo, la debilidad, temor y acotamiento del árbitro, son la norma, lo normal. Lo que debe estar ahora en nuestra mira es precisamente eso, las condiciones del sistema político-electoral, y del político en su conjunto. Si hubiera ganado AMLO, ¿hubiera estado todo bien? No, las tareas seguirían pendientes, al menos muchas de ellas. Recordemos que algunas de las leyes que el Gobierno del DF ahora presume –y hace bien- fueron detenidas por AMLO, quien por ejemplo quería someter a referéndum algunos derechos de la comunidad LBGTQ. Cosas de la vida, una diputada panista le corrigió la plana. Hay que presionar a los legisladores -vía personal, ONG’s o Movimientos ciudadanos- para que no sea permisible la compra del voto o cualquier otra ilegalidad, para que haya equidad en el proceso, para que haya penas duras ante alguna infracción o ilícito. Si creemos que la Segunda Vuelta electoral resolverá el problema de la legitimidad, entonces presionemos para que se legalice, se regule de forma precisa y no de forma espontánea. Sólo consideremos que la segunda opción de quienes simpatizan con el PAN es el PRI, por cuestiones de Agenda, y no el PRD.

Hay que aceptar, no guste o no, que el voto favoreció al PRI y su candidato; es decir, no sólo a EPN, sino al PRI, eso puede apreciarse en los resultados de la elección general, no sólo presidencial. Afirmar que quienes votaron por el PRI son corruptos o ignorantes, es un error y una irresponsabilidad. Hay millones de personas que eligieron esa opción, y seguramente la mayoría lo hizo consciente de su decisión; no coincido con ellos, en lo absoluto, pero tampoco puedo descalificarlos, ni acusarlos. Merecen respeto a su voto, amén del desacuerdo.

El resultado parece ser definitivo y no se ven signos, pruebas, de que un fallo del TEPJF vaya en sentido opuesto; en consecuencia debemos trabajar con las elecciones intermedias de 2015 y las federales d 2018 en mente. Presionemos por una Reforma del Estado que abra espacios de toma de decisión política, por la transparencia y el acceso a la información, por imponer límites a los grupos de interés, por otorgar dientes a los órganos que lo requieren a fin de articular y construir condiciones democráticas. Consolidemos la rendición de cuentas y sus mecanismos. Construyamos un sistema democrático.

La democracia, una vez más, es mucho más que elecciones; participar es mucho más que votar; rendir cuentas trasciende la re elección y las instituciones gubernamentales; la inequidad no es fraude, la ilegalidad sí lo es. Pensar lo contrario es una farsa y una tragedia.

Evaluando los daños de la elección federal en México II

–Segunda entrega de dos

–Por Amando Basurto.

Hasta el día de ayer por la noche, al terminar de escribir la presente, los distritos electorales no había terminado de hacer el análisis ni el recuento total de (por lo menos) el 54.5% del total de la elección presidencial. Lo que quedaba cada vez más claro es la enorme cantidad de irregularidades del proceso; lo que ha significado de entrada una bofetada con guante blanco a todos aquellos que repitieron alguna variante del estribillo iluso: “la jornada electoral fue un ejemplo de pulcritud y expresión fina de la democracia mexicana”. Tener que recontar más de la mitad de la elección es un gran revés a la confiabilidad inicial del proceso.

Sin embargo, las irregularidades en las actas no es el peor de los problemas que enfrenta la confiabilidad de nuestro sistema electoral. Si lo es, desafortunadamente, el desaforado uso del poder político, el corporativismo, la corrupción, la compra sistemática de votos y el uso ilegal de recursos públicos en los que se ha convertido la maquinaria política de los partidos políticos. Especialmente las maquinarias estatales del Partido Revolucionario Institucional han demostrado ser el renovado origen de su poder político. Los grandes ganadores de las elecciones del año 2000 fueron los comités estatales que, tras depender del poder concentrado en la figura del presidente desde 1930, obtuvieron descomunales recursos para su operación política local (un avanzado cacicazgo institucionalizado). Estos son los espacios desde donde la coacción y la compra de votos fue orquestada este año con una coordinación difícilmente igualable. Esto ha puesto de cabeza el sistema electoral al que se había (supuestamente) blindado en contra del “embarazo” de urnas. El Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no tienen suficiente facultades para castigar estas ilegalidades y no tienen suficiente poder para anular completamente unas elecciones con tal cantidad de irregularidades. En este sentido, la evaluación arroja números rojos tanto para la confiabilidad general del proceso como para la legalidad con la que proceden los partidos políticos.

¿Cómo hacer para evitar que las dinámicas de corrupción y abuso de la necesidad sigan siendo la constante en nuestro país? Por lo visto una reforma política a fondo no será fácilmente aprobada por la partidocracia mexicana. Lo que nuestro país necesita es una sacudida política; al estilo del “pípila” –ese cuasi-mítico personaje de nuestra independencia– la estructura política necesita ser incendiada desde sus cimientos para reestablecer límites civiles de acción política, imponiendo altos costos al abuso y la corrupción y construyendo definitivamente un sistema electoral confiable. Pero más importante, ¿cómo lo hacemos políticamente antes de que la violencia nos gane el paso y veamos a nuestro país envuelto en una guerra civil?

La evaluación de daños arroja un gran perdedor. El Partido Acción Nacional pierde posiciones políticas en casi todos los puestos de elección por los que compitió el domingo. Perder la Presidencia se suma a la pérdida definitiva de la gubernatura de Morelos, a la reducción de su fuerza en el Distrito Federal y, finalmente, a convertirse en tercera fuerza política en el Congreso. La gran impopularidad de la administración Calderón penetró hondo en el sentir del electorado y Josefina Vázquez Mota no sólo cometió errores graves durante su campaña sino que no pudo desmarcarse del todo para venderse como producto “diferente”. Es muy probable que la bancada intenten convertir al PAN en el partido “bisagra” en la negociación de las “reformas estructurales” con el PRI, pero en todo caso asistirá a las negociaciones con una fuerza muy menguada.

En términos de sistema de partidos, los ciudadanos resultamos perdedores tras la jornada dominical. Que el Partido Nueva Alianza mantenga su registro sólo coadyuva a la institucionalización de la corrupción y el corporativismo. Que Gabriel Quadri haya recibido poco más del 2% del voto presidencial habla muy mal de la política mexicana, en donde algunos prácticamente votarían por cualquiera con tal de no votar por los de siempre. Lo peor es que el recuento distrital podría poner al PANAL en la situación de convertirse en un partido “bisagra”, lo que nos dejaría en manos de un triunvirato temible PRI-PVM-PANAL.

Sorpresivamente, suceda lo que suceda tras los conteos distritales, la revisión de los paquetes con irregularidades y las impugnaciones ante el tribunal electoral federal, los verdaderos ganadores de la jornada del primero de julio son los partidos que conforman la Coalición Movimiento Progresista. Aun si después de agotar todas las instancias legales Andrés Manuel López Obrador no es declarado Presidente, la Coalición consiguió ganar las gubernaturas de los estados de Morelos y Tabasco, así como la Jefatura de Gobierno del D.F. (los números de la elección siguen sin ser finales pero es necesario trabajar con este supuesto). El capital político adquirido es enorme; de no dilapidarlo y coordinarlo, la Coalición se erigirá como segunda fuerza política.

Lo que se requiere es una verdadera autocrítica al interior de la Coalición y una definición de sus prioridades. En caso de que el TEPJF otorgue la constancia de mayoría a Enrique Peña Nieto, la Coalición deberá considerar lo inefectivas que fueron las acciones post-electorales de 1988 y del 2006. Posiblemente la mejor opción sería reconocer el resultado bajo protesta y usar el nuevo capital político para intentar crear un marco jurídico mucho más efectivo en contra de todas las irregularidades que se han presentado en las últimas elecciones presidenciales. Podrían también jugar un papel más constructivo en las reformas fiscal y laboral, y una muy legítima oposición política desde el Congreso. Incluso más importante, podrían utilizar el movimiento construido por AMLO para presionar políticamente y fiscalizar a los gobiernos estatales priístas y panistas, así como para asegurar que los gobernadores de “las izquierdas” cumplan con las expectativas de quienes los eligieron. De esta manera allanarían el camino para la elección presidencial del 2018. Para eso tendrían que reconocer que, a diferencia de los casos de Morelos y Tabasco, ganaron la Jefatura de Gobierno y una mayoría legislativa y delegacional aplastante del D.F. como resultado del efecto Ebrard y no López Obrador. Esto ayudaría a convencer a AMLO de liberar su movimiento de su liderazgo y permitir que trascienda su persona en pos de una izquierda políticamente lista para dirigir el país.

Mientras tanto nos queda estar pendientes al proceso de conteo y calificación de la elección; y debemos hacerlo reconociendo que el IFE, la FEPADE, el TEPJF no tienen las facultades de resolver todos los ilícitos ocurridos durante la campaña y la jornada. Actuar de manera efectiva y estratégica será lo único que puede hacer de este proceso uno constructivo.

Evaluando los daños de la elección federal en México

–Primera de dos entregas–

–Por Amando Basurto

Mucho se ha escrito al respecto de la jornada electoral del pasado domingo. Algunos, a pesar de lo desaseado del proceso, se refieren a la jornada electoral como una gran expresión de la democracia mexicana. Otros califican la jornada y el trabajo del Instituto Federal Electoral (IFE) como un ejercicio parcial y fraudulento. Como sucede en circunstancias de polaridad radical, ambas opiniones tienen una alta carga ideológica combinada con sentimientos de frustración y arrogancia. Frente a esta oleada de sinrazones y verdades a medias, decidí esperar algunos días y dejar que la polvareda se asentara para poder realizar una evaluación de la jornada electoral y emitir opinión.

De inicio hay que considerar el papel jugado por el IFE y, en general, el valor de las instituciones. Lo primero que llama la atención es la firma del Acuerdo para la Defensa de las Instituciones y los Resultados Electorales (y el llamado Pacto de Civilidad) por ser una completa incoherencia. Todos los candidatos registraron su candidatura ante la autoridad electoral lo que implica la aceptación y el aval de las reglas de juego por parte de todas las partes (incluyendo los resultados). Firmar uno o diez pactos más no acumula ni incrementa el compromiso de los firmantes (el caso me recuerda lo gracioso de los señalamientos en las carreteras mexicanas que rezan “Respete los señalamientos”, como si el conductor que no respeta el resto de los señalamientos le fuese a hacer caso a éste en específico).

Evidentemente el acuerdo es resultado del conflicto postelectoral de hace seis años y refleja más miedo a que se repita que un verdadero compromiso con las instituciones.

El segundo problema con el acuerdo es de percepción; de alguna manera la gente supuso que al firmarlo los candidatos y partidos renunciaban a impugnar casillas o el proceso y llevar los casos a las cortes correspondientes. Los medios de información han ayudado a generar esta percepción al aplaudir el que los candidatos Vázquez Mota y Quadri reconocieran temprano esa noche que los resultados no los favorecían (es muy fácil hacerlo cuando sólo se obtiene el 25 y el 2.2% del voto respectivamente y cuando sólo algunos ilusos no sabían que serían los candidatos con menos votos). No tiene mucho mérito reconocer la derrota cuando nunca se tuvo la posibilidad de ganar. El caso de López Obrador es diametralmente opuesto ya que pudo haber “reconocido” los resultados bajo protesta y explicar que esperaría al conteo distrital (posible recuento) y a las impugnaciones correspondientes. Sin embargo, López Obrador utilizó un lenguaje titubeante que no ha ayudado a sus seguidores y si le ha servido de combustible a sus detractores. Ojalá que a los dirigentes de “las izquierdas” les quede claro que la movilización y los plantones no sirven para resolver casos de fraude electoral; esta es una enseñanza de lo ocurrido tanto en 1988 como en el 2006. No tiene que ver con lo que piensan los detractores del movimiento, es un asunto de efectividad nula históricamente comprobada.

También es importante reconocer que tener una autoridad electoral como el IFE nos enfrenta a nuevos y más complejos retos. Antes de la creación del instituto, la sociedad mexicana vivía presa de resultados electorales organizados, contados y sumados por el partido en el poder y desde el poder. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) controlaba todo el sistema electoral y los resultados eran altamente “confiables”. Para el año de 1988, el fraude incluía todas las modalidades de coacción del voto, rellenado de urnas, acareo y conteo “irregular” de votos (y caídas de sistema). Tras la dura tarea de crear un instituto electoral confiable (confiabilidad que los partidos se han dedicado a erosionar), ahora tenemos urnas más limpias y conteos “menos amañados” pero poca capacidad de verificar y castigar la compra y coacción de voto. Esto quiere decir que hablar hoy de fraude no es hablar simplemente del conteo de votos sino de una serie de actos ilegales que son muy difíciles de fiscalizar y comprobar en la corte; el fraude se ha movido a un espacio es que sólo es prevenible si la pobreza y el hambre; no hiciera a la sociedad mexicana una presa fácil de los partidos políticos. Por desgracia, el sistema hoy permite a los partidos recurrir a estas prácticas y pagar un muy bajo costo político y legal.

Finalmente, es necesario referir el proceso de conteo y publicación de números que sigue siendo obscuro para parte de la ciudadanía. Primero tenemos las encuestas que durante meses insisten en presentar una medición científica de preferencias y que han demostrado por años que en México sólo sirven para hacer propaganda política. Después recibimos las encuestas de salida y conteos rápidos privados que dan una idea de lo cerrado o definitivo de los resultados. Pero el IFE, entonces, inicia la publicación de dos cálculos y sumatorias muy distintas que generan mucha confusión: el Programa de Resultados Preliminares (PREP) y un conteo rápido. Si uno no entiende la diferencia pareciera que antes de media noche, con pocas casillas computadas en el PREP, el IFE otorga la victoria a uno de los candidatos. Puedo decir, por experiencia[1], que la manera en como los resultados son capturados y computados contribuye a la incertidumbre de la jornada. Por falta de cuidado, por cansancio, o de mala voluntad, las actas y las sábanas con los resultados de cada casilla son muchas veces llenados con errores. A esto hay que añadir que las alianzas y coaliciones han vuelto muy complicado el proceso de computo. Cuando los paquetes electorales arriban a las oficinas distritales se descubren muchos problemas en las actas, pero estos problemas no son siempre resueltos antes de que el acta se ingrese al PREP. A esto hay que sumarle además todos los errores de captura que se dan en el PREP. La incertidumbre así generada se suma al resto de irregularidades del proceso (en especial a la compra de votos).

Es por eso que el conteo que comienza el día de hoy es muy importante para saber cual es exactamente el resultado electoral (antes de ser llevado a las cortes a calificar). La defensa del voto emitido, desafortunadamente, no protege a los electores de la coerción y corrupción a los que son sometidos antes de emitirlo.

–El día de mañana presentaré mi evaluación sobre los daños por partido

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[1] En 1994 fui representante de partido en casilla, el año 1997 participé con Alianza Cívica en el ejercicio de conteo rápido el la primera elección de jefe de gobierno del D.F. y el año 2000 fungí como representante distrital de partido.

La resaca del debate y el voto desde el extranjero

Por Amando Basurto –

El primer debate entre los candidatos presidenciales pasó dejando una estela de desencanto y sinsabor político. Ninguno presentó un esquema serio y claro de políticas públicas. Las descalificaciones sólo fueron agravadas por el nivel de demagogia en los discursos. El incidente de la “edecán” playmate se ha reducido a una disculpa por parte del IFE y se ha centrado en la vestimenta de la chica en vez de enfatizar el grave problema que representa en el esquema general del debate: una visión machista con un insultante rol de las mujeres en el debate.

Primero, es totalmente innecesario tener a una “edecán” entregando las tarjetas de orden alfabético a los y la candidata. No importa si la chica es voluptuosa y en un vestido entallado o todo lo contrario; bien pudieron ubicar una urna con las tarjetas al centro y pedir a cada candidato que se acercara para escoger la que designaría su turno. El simple hecho de tener una “asistente” con la única labor de ofrecer una cajita con tarjetas a los participantes resulta denigrante y demuestra el enanismo mental de la producción. Segundo, invitar a una periodista como Guadalupe Juárez a “moderar” al debate parece incluyente pero acaba siendo un engaño –me hizo recordar el penoso caso de las “juanitas”. Su participación se redujo a tomar y leer las tarjetas de los subtemas y preguntas que estaban previamente acordadas para ser “debatidas”, a sonreír y decir “gracias” al final, o tras la interrupción, de la participación de cada candidato. Ese trabajo lo pudo haber realizado, no una computadora, sino un panel como el que se usa en programas de concurso como el de “Jeopardy”. ¿Para qué tener a una mujer inteligente y profesionalmente preparada para “moderar” un debate si solo va a leer tarjetas? Resulta insultante, por decir lo menos.

Con respecto a la participación de los y la candidata, me parece interesante que se puede hacer una comparación directa con los materiales de presentación y propuesta que el Instituto Federal Electoral incluyó en el paquete que reciben quienes votarán desde el extranjero. El contenido general del paquete puede ser consultado en cualquier otro lado; lo que me interesa comentar es el contenido y el formato con el que están presentados. Para comenzar, Josefina Vázquez Mota, al igual que en el debate, se dirige a los lectores en segunda persona del plural (estilo que contrasta directamente con el uso de la segunda persona del singular por parte de Enrique Peña Nieto) en su presentación escrita y en video. La candidata se refiere a los mexicanos en el extranjero como su amiga y se dirige específicamente a aquellos que viven en los Estados Unidos de América; presume de su flamante desempeño al frente de la Secretaría de Desarrollo Social pero no menciona la reforma migratoria. Al igual que en el debate su discurso es seco, memorizado e irreflexivo; el video está filmado en un set que parece una oficina lo que refuerza su oficialismo.

Tanto en el debate, como en su descripción escrita y en video, Enrique Peña Nieto se presenta dirigiéndose al público en segunda persona del singular y presume su “cumplida” gubernatura del Estado de México. El escenario en que está grabado el video contrasta con el de Josefina, aparenta ser su hogar y detrás de él, fuera de foco, aparece un retrato de su hoy familia ampliada. Su folleto hace más énfasis en cómo transformar México que en la defensa de los derechos de los migrantes; apoyar la Reforma Migratoria aparece como única referencia de Política Exterior en lo que parece un anexo de última hora. Todo se concentra en acusar el mal estado de la economía e inseguridad que él dice va a poder exterminar.

El caso de Andrés Manuel López Obrador es poco más disparejo. Durante el debate se dedicó a informar con la intención de “ilustrar” cómo es que los de arriba controlan los sistemas político y económico de México. En su folleto de Propuestas que envía el IFE, AMLO también utiliza toda la primera, de dos y media páginas, en poner como antecedente la existencia de una “pequeña minoría” que se ha beneficiado de una política económica “entreguista”. Al parecer a alguien en su equipo se le ocurrió que esa página y el debate eran el mejor lugar para hacer ese tipo de análisis sin entender que ni las páginas en el primero ni el tiempo en el segundo permitían espacios suficientes para un argumento razonable. A eso hay que sumar que el perfil de AMLO es el peor escrito; enfatiza más su lucha social que su experiencia al frente del gobierno del Distrito Federal: “Se distingue por ser el principal crítico del rescate bancario (Fobaproa) y el más importante líder de izquierda”. Pareciera que alguien lo escribió sobre las rodillas en el último momento. Su video enfatiza su entrevista con el vicepresidente Joe Biden, a quien le dijo que había que concentrar la relación bilateral en desarrollo y quien, a su vez, le comentó que el presidente Obama estaba consciente de la necesidad de una reforma migratoria integral. Posiblemente por perder mucho tiempo hablando de “antecedentes” y muy poco en propuestas, el video-mensaje de AMLO está tajado, editado de manera forzada.

Finalmente, Gabriel Quadri, como buen pupilo, se presenta y enlista sus propuestas de manera muy ordenada. Su video parece una presentación de “power point” a la que le sobrepusieron su figura en pleno discurso; tiene todo un perfil de infomercial. Evidentemente tanto el video como el folleto muestran que Quadri es el candidato que más puede “prometer” sin comprometerse; es decir, es el candidato que más demagogia puede verter sin tomársela tan en serio (usualmente la demagogia es un recurso discursivo para tratar de ganar una posición o cargo político, pero él utiliza toda la mentira y super-demagogia que le permite el saber que es casi imposible que gane la elección presidencial). Además de nombrarse a favor de promover el respeto a los derechos de los migrantes propone (sin un gramo de realismo) la extensión de elecciones desde fuera del territorio por senadores, diputados y presidentes municipales desde todas las sedes consulares. Propone una sexta circunscripción plurinominal que lo único que haría es dar más asientos antidemocráticamente asignados a miembros del PANAL. Peor aún, aunque el “medio ambiente” es el tema preponderante, Quadri hace referencia a la educación antes que a temas como seguridad y legalidad. Evidentemente, cuando se refiere a la educación en México no menciona la palabra “evaluación” y el texto termina siendo un abominable panfleto condenado a la irrelevancia.

Por desgracia los ciudadanos, dentro y fuera del territorio  estamos condenados y limitados a una de estas opciones. El mes de julio nos agarre confesados.