El futuro político de la Ciudad de México

Por Amando Basurto–

La participación de representantes independientes en la asamblea constituyente de la Ciudad de México será fundamental para que la capital no sea presa fácil de la partidocracia. Los aspirantes a candidatos independientes –algunos organizados en forma de colectivos como #CiudadFeminista, #TúConstituyente y #PorLaLibre– requieren no sólo de casi 74 mil firmas para registrarse como candidatos sino, después, ganar un escaño en la asamblea y, aún más importante, dar voz a propuestas que permitan refundar una ciudad políticamente participativa, incluyente y responsable.

Los temas incluidos en las plataformas de estos colectivos incluyen la promoción de políticas de igualdad con perspectiva de género, la ampliación  y garantía de derechos y libertades y la democracia horizontal y deliberativa. Todos estos temas parecen complementarios y es muy difícil pensar que algún ciudadano o colectivo intente llegar a formar parte de la asamblea con propuestas radicalmente diferentes (como promover políticas de desigualdad, restringir derechos y libertades, o impulsar una oligarquía piramidal). Hay que tomar en cuenta que en esta primera fase los aspirantes sólo tienen que obtener el apoyo necesario para poder competir en las elecciones y por ello sus plataformas son muy generales; sin embargo, vale la pena comenzar a poner sobre la mesa temas que pronto deberán ser considerados y discutidos de manera más específica.

Quisiera referirme aquí a un tema en especial: ¿El objetivo de la nueva constitución es refundar la Ciudad de México o implantar el Estado Ciudad de México? Me parece fundamental tener claridad en la diferencia entre crear el estado 32 de la República y repensar políticamente a la Ciudad de México sin replicar la estructura Estado/Municipios que impera en el resto del país. Es cierto que la nueva constitución es una legislación sujeta al marco jurídico establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes federales secundarias que de ella emanan, pero nada obliga a que la CDMX tenga que ser un estado más de la República. Refundar la CDMX requiere considerar las grandes oportunidades que representa y los límites que enfrenta.

Se puede argumentar que la CDMX es la ciudad “más progresista” del país y que su nueva constitución debe refrendar ese status, pero la ciudad también es una megalópolis sobrepoblada con graves desafíos en términos de polución ambiental, movilidad y crimen y corrupción. ¿Cuál será la mejor manera de enfrentar todos estos problemas dando voz y voto a los ciudadanos tanto en planeación como en ejecución y salvaguardando los derechos de todos quienes habitan la ciudad (sin discriminación alguna)? ¿Será necesario descentralizar la toma de decisiones a nivel delegacional, transformando a las hoy Delegaciones en Municipios? ¿O acaso será mejor mantener cierto nivel de concentración de poder en la jefatura de gobierno obligando a la creación de espacios de participación de y consulta a la ciudadanía que permita mejor planeación, transparencia y fiscalización de recursos (manteniendo en manos de las delegaciones la planeación y ejecución de políticas urbanas de impacto más local)?

La primer opción parece ser la mejor para establecer espacios de participación ciudadana localizados y efectivos; pero también puede ser la mejor manera de volver la planeación urbana aún más ineficiente y de permitir que los partidos político conviertan a las Delegaciones en pequeños feudos (cosa que ya sucede de alguna manera el día de hoy). La segunda opción pareciera otorgar mucho poder a la jefatura de gobierno, pero esto sólo sucedería así si la asamblea constituyente fallase en a) otorgar a la asamblea legislativa de CDMX suficiente poder como contrapeso, b) conferir a los ciudadanos la capacidad (eficaz) de hacer uso de los tribunales para iniciar procedimientos en contra de funcionarios públicos por causa de corrupción, conflicto de interés y/o daños y c) establecer obligaciones de transparencia y rendición de cuentas del gobierno acompañadas por la creación de espacios de participación y consulta ciudadana. Evidentemente esta “concentración” de poder puede ser peligrosa si estos contrapesos no son puntualmente establecidos en la nueva constitución de la ciudad.

Es por esto que creo la primera respuesta que hay que obtener de aquellos que quieren ser miembros de la asamblea constituyente es si están a favor de crear el estado 32 o de refundar la ciudad. Mucho depende de ello.

- Amando Basurto Salazar

Doctor en Política por la New School for Social Research, N.Y. y Maestro en Estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México @amandobasurto

amandobasurto@nomospolitico.com

Partidocracia y constitución CDMX

Por Amando Basurto.-

Nada más notable en ingeniería institucional que la edificación de un cuerpo político. Ejemplos históricos hay muchos, pocos realmente ejemplares. Las constituciones tienden a ser el epítome de la concentración de poder o una expresión de las tensiones entre la constitución del poder político y el resguardo de derechos individuales. Es por ello que muchas constituciones comienzan con una retahíla de derechos mucho antes de definir tanto las instituciones como los espacios de participación política ciudadana y las herramientas para la transparencia y rendición de cuentas.

En el caso de la constitución de la Ciudad de México, los primeros temas que parecen centrales en la ingeniería institucional son: primero, ya que conocemos perfectamente los graves costos de la partidocracia en México, ¿cómo dificultamos que la recientemente creada CDMX se vuelva presa fácil de los partidos políticos? Es decir, ¿cuáles son las instituciones que deben ser planteadas para contrapesar el poder corporativista y el compadrazgo político característicos de los partidos en México? Digo, para no vernos pronto en la penosa y tortuosa tarea de "re-ciudadanizar" la política de la capital. Y segundo, ¿cómo aseguramos que desde el principio los funcionarios del gobierno de la ciudad rindan cuentas? Es decir, ¿cuáles serán los medio por los cuales se sancionará la corrupción oficial?

Sin embargo, hoy el tema se ha centrado en equilibrar el poder partidista dentro del constituyente. Mientras el grupo asesor para la redacción del proyecto es mayoritariamente perredista (y simpatizantes de izquierda), 40 de los 100 constituyentes son miembros actuales del Congreso y 6 serán designados por el Presidente Peña. Esto quiere decir que el Partido Revolucionario Institucional obtendrá una importante (si no mayoritaria) representación en la asamblea constituyente. El resto de la Asamblea Constituyente (60 individuos) será electa entre partidos y aquellos que logren registrarse como independientes. Por desgracia aquí los candidatos independientes jugarán en contra del posible equilibro de fuerzas partidistas en la asamblea, porque a más constituyentes independientes, mayor la posible representación del PRI.

La batalla política se tornará más violenta en tanto la Asamblea decida modificar en un mayor grado el proyecto presentado por el grupo asesor de Miguel Ángel Mancera. En vez de concentrarse en construir instituciones políticas modernas y democráticas, los partidos pueden simplemente tratar de dividirse de mejor manera el pastel político que la ciudad representa. Por ello, la constitución de la CDMX puede acabar consolidando la partidocracia mexicana en vez de empoderar a la ciudadanía; enfatizar la centralizad de los derechos políticos de los residentes de la capital será fundamental, pues, en los trabajos de la Asamblea Constituyente.



- Amando Basurto Salazar

Doctor en Política por la New School for Social Research, NY y Maestro en Estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México

Las candidaturas ciudadanas “patito”

Por Amando Basurto

En México, los últimos reacomodos en las “pre-campañas” han sido no solamente vertiginosos sino incluso sorpresivos. Después de ver la manera tan cívica en la que Marcelo Ebrard concedió la candidatura ante la popularidad de Andrés Manuel López Obrador y en la que Manlio Flavio Beltrones se retiró para dejarle el camino libre a Enrique Peña Nieto, parecía que la disciplina y el claro perfil partidista de los candidatos sería la principal característica de las elecciones. Incluso los panistas, a pesar del boxeo de sombra y el intento de madruguete, parecen haber encontrado la manera de competir sin llevarse al partido entero entre las patas. En ninguno de estos casos están en duda las credenciales partidistas de los aspirantes. Sin embargo, los últimos cambios en las pre-candidaturas para jefe de gobierno del Distrito Federal modifican las cosas, aunque sea un poco.

En el caso del Partido de la Revolución Democrática, las dimisiones han sido radicalmente opuestas en sus formas y contenidos políticos. Por un lado, Mario Delgado abandonó la competencia sin sumarse ni declinar a favor de otro candidato; recodemos que la declaración de su renuncia fue sencilla, muy directa, y sin aspavientos. Sin tonos derrotistas, Delgado se reconocía simplemente como un no-favorito. En contraste, el Senador Carlos Navarrete declinó en una ceremonia festiva, casi triunfalista, en la que le levantó la mano a Alejandra Barrales. La intención es, obviamente, sumar fuerzas y contrapesar la cargada que apoya a Miguel Ángel Mancera. Y no es que Mancera represente a una tribu opuesta; exactamente lo contrario: es un incondicional de Ebrard que no milita en el PRD y que no ha militado en ningún otro partido. Su alto perfil técnico y su bajo perfil partidista parecen representarle una importante ventaja.

Algo parecido, que no igual, sucedió en la designación de la señora Isabel Miranda de Wallace como candidata por el Partido Acción Nacional para la jefatura del Distrito Federal. Hay que recordar que el PAN ha criticado la manera en que los candidatos a la presidencia del PRI y PRD son “únicos” y “designados desde la cúpula;” a diferencia de la “gran competencia democrática” en la que participan Santiago Creel, Ernesto Cordero y Josefina Vázquez Mota. Evidentemente los jalones de pelo y las bofetadas poco amistosas entre estos influyó en la drástica decisión tomada en el caso del Distrito Federal. Dejar a jóvenes promesas políticas del partido como Gabriela Cuevas, Mariana Gómez del Campo y Carlos Orvañanos como el chinito –nomás milando– no ha de haber sido fácil pero tal vez necesario. Si, necesario no sólo para evitar mayor desgaste en el partido como consecuencia de la “competencia democrática” sino también para enlistar como candidata a alguien que tenga un perfil más “ciudadano” que “partidista”. ¿Qué aceptaron los pre-candidatos en la negociación? Sólo lo sabremos si la Señora Miranda gana la jefatura.

De manera tal que si el candidato termina siendo Miguel Ángel Mancera, tendremos al PRD y al PAN presentando candidaturas ciudadanas “patito.” El ejercicio será, por decir lo menos, interesante. Si alguno de los dos ganase la elección podríamos ser testigos de una de dos: podemos soñar con que el carácter ciudadano del nuevo jefe de gobierno modificase los patrones clientelares de los partidos (por lo menos en el D.F.), y posiblemente sería un sueño frustrado porque muy probablemente presenciemos el poder que tienen los partidos políticos para corromper tan falsa “ciudadanización” de sus candidaturas. Sea cual sea el caso, las ventajas de Miranda y Mancera son a la vez el talón de Aquiles del PAN y el PRD: un deseo de mayor ciudadanización y menos partidocracia.