Por Miguel Ángel Valenzuela Shelley.
Los resultados de la elección
federal del pasado primero de julio, han dejado al descubierto –una vez más-
los problemas, pendientes, debilidades y vacíos de nuestro sistema electoral;
otra arista de la (al parecer) perenne problemática institucional mexicana. Se
ha logrado mucho desde las elecciones limitadas de los años setenta, el fraude
–ese sí, a todos luces- de 1988 y su “caída del sistema”, la (hasta cierto
punto) cuestionable elección de Ernesto Zedillo y la sospechosista de Felipe Calderón Hinojosa, doce años después de
aquella. La jornada es, sin duda alguna, menos oscura, es transparente aunque
confusa; no está exenta de fallas, pero es mucho más confiable que otros
ejercicios. Sin embargo, nuestra transición a la democracia, sigue siendo una
camino lleno de farsas, tragedias e impugnaciones.
Los reclamos de AMLO y, hay que
decirlo, de buena parte de las izquierdas, incluyendo movimientos ciudadanos,
están cayendo en la irracionalidad, las suposiciones, el fanatismo, la nada
extraña falta de autocrítica y una clara falta de visión a futuro, e inclusive
realismo. No haría daño reflexionar un poco sobre algunos de estos argumentos
que sostienen (débilmente) la impugnación; misma que se entiende más como una
expresión irracional (en el sentido de la filosofía política) del hartazgo y
frustración, que como una respuesta articulada y razonada frente a la profunda
inequidad del proceso. Lo delicado, es que lo que se necesita –y desde hace 12
años, al menos- es lo segundo, y no lo primero.
En efecto EPN ganó la elección
presidencial teniendo a más del 60% del electorado en contra de su candidatura,
pero eso no lo hace una imposición, ni ilegítimo; y en todo caso el porcentaje
se amplía con AMLO y JVM. Pretender que se desconozca a EPN o que renuncie y
sea (nombrado) presidente AMLO, sí sería una imposición. No pretendo ser un
apólogo del IFE, ni defensor de EPN o el PRI -¡jamás!- pero clamar “¡Fraude!” o
“¡Impugnación!” es un asunto muy serio y debe estar documentado con pruebas
irrefutables, no suposiciones, aunque estén fundamentadas en la razón o la
historia. No invito al silencio, ni a la sumisión, pero sí a la responsabilidad
que supone la presentación de pruebas, a fin de demostrar allende cualquier
duda los ilícitos en materia electoral.
A ver, separemos tres cuestiones
elementales: una cosa es la jornada electoral en su conjunto, otra el conteo de
los votos y aún otra las condiciones en que se desarrolla el proceso electoral
en sentido amplio. La primera obedece a los acontecimientos que suceden el día
de la elección, ya sea dentro, fuera, cerca o en los alrededores de las
casillas; así como todo aquello que impacte en la votación, de manera directa o
indirecta, en todo el territorio nacional. Esta fue muy accidentada, no fue
tersa, impoluta o inmaculada; nada más lejano a ello. Pero eso no la hace fraudulenta
per se. Cierto, el IFE reportó más de
mil incidentes el 1º de julio, pero la gran mayoría obedecieron a problemas al
instalar las casillas; como las más de 70 casillas en Tamaulipas que tuvieron
que cambiar de lugar o que retrasaron su apertura debido a la lluvia. Ahora
bien, existen muchos reportes de compra del voto –Soriana y Monex- lo cual debe
investigarse y es nuestra obligación exigir penas EJEMPLARES para quienes hayan
cometido dichos ilícitos. Eso sí puede calificarse como fraude.
La Ley General de Medios de
Impugnación en Materia Electoral es muy clara al señalar que no se puede
ejercer presión o violencia física para influir en el resultado de la elección,
de hacerlo sería causa de nulidad en la casilla (Artículos 75, 76, 77 y 77
bis). Pero también es clara la Ley al señalar que se deben comprobar dichas
acciones, y para que se anule la elección se deben anular el 25% del total de
casillas instaladas. No dudo de la compra de votos, pero sí dudo que haya sido
exclusivo del PRI; ¿acaso no recordamos las elecciones internas del PRD? ¿ya
olvidamos que alguna o algunas tuvieron que ser anuladas, precisamente por la
compra de votos? Y también dudo que la compra de votos pueda cambiar el 25% de
las casillas, y en consecuencia anular la elección; lo cual por cierto, haría
el TEPJF, no el IFE. Por supuesto queda la duda de cómo comprobar que hubo
compra del voto; ¿cómo comprobar que Juan Pérez cambió su voto a cambio de una
despensa o un horno de microondas? Si estamos insatisfechos con los criterios
del COFIPE, del TEPJF o con la Ley mencionada, entonces hay que organizarnos,
hay que presionar para que se modifiquen. Pero esas reglas del juego, esos
actores, esos árbitros, fueron avalados por los Partidos políticos, no fueron
impuestos. El fraude desde la autoridad electoral, al menos en esta elección,
es una farsa, un ardid, un sofisma o retórica, pero la limpieza de la jornada
electoral también lo es. No porque haya dados cargados, o una conspiración a
todo lo largo del territorio nacional para evitar que AMLO sea presidente, sino
porque hay permisividad para la trampa, para el cochupo. Porque hay árbitros
con muy pocos dientes, e interesados en que eso se mantenga. El IFE no aprobó
la Ley, sino el Congreso.
La segunda, el conteo de los
votos, se refiere simple y llanamente a eso, al ejercicio de sacar las boletas
de las respectivas urnas y ubicarlas en el montoncito que le corresponde: PAN –
PRD – PRI – PANAL – Nulos, y posteriormente contar las boletas no utilizadas.
Corroborar las cifras finales de la casilla y registrar el resultado en la sábana respectiva, con la
anuencia y aprobación de los representantes de los partidos que ahí se
encuentren. En esta elección, vale recordarlo, hubo representantes de todos los
partidos políticos en poco más del 96% de las casillas; y simpatizantes de AMLO
en más del 98% de ellas. Se reporta el resultado al IFE, se lleva la urna al
Instituto, y ahí se lleva a cabo el conteo rápido, que es sólo una muestra
estadística y una proyección del resultado. El miércoles posterior a la elección
de realiza el cómputo de todas las casillas, y ése es el resultado final, que
ratifica el Consejo General del IFE. A grandes rasgos, eso sucede en esta etapa
del proceso, y en ella es muy difícil que exista manipulación alguna, toda vez
que quienes participan son ciudadanos –no a partidistas muy probablemente, pero
tampoco militantes- y además ¡hay representantes de los partidos en las
casillas! Por si fuera poco, la UNAM -que de algún prestigio goza y no es de
corrupta- analizó los procedimientos del Instituto Federal Electoral y los aprobó –podríamos decir- con Mención
honorífica. Ahora, cierto, un buen conteo no significa equidad, ni legitimidad,
aunque sí legalidad. De cualquier forma, esa sería otra discusión.
La tercera, es decir las
condiciones en que se desarrolla el proceso electoral en sentido amplio, es en
buena medida –a mi parecer- la clave del problema en nuestra transición a la
democracia. El proceso fue claramente inequitativo, las irregularidades son la
regularidad; el caos, la falta de certidumbre, de transparencia, el sospechosismo, la debilidad, temor y
acotamiento del árbitro, son la norma, lo normal. Lo que debe estar ahora en
nuestra mira es precisamente eso, las condiciones del sistema
político-electoral, y del político en su conjunto. Si hubiera ganado AMLO,
¿hubiera estado todo bien? No, las tareas seguirían pendientes, al menos muchas
de ellas. Recordemos que algunas de las leyes que el Gobierno del DF ahora
presume –y hace bien- fueron detenidas por AMLO, quien por ejemplo quería
someter a referéndum algunos derechos de la comunidad LBGTQ. Cosas de la vida,
una diputada panista le corrigió la plana. Hay que presionar a los legisladores
-vía personal, ONG’s o Movimientos ciudadanos- para que no sea permisible la
compra del voto o cualquier otra ilegalidad, para que haya equidad en el
proceso, para que haya penas duras ante alguna infracción o ilícito. Si creemos
que la Segunda Vuelta electoral resolverá el problema de la legitimidad,
entonces presionemos para que se legalice, se regule de forma precisa y no de
forma espontánea. Sólo consideremos que la segunda opción de quienes simpatizan
con el PAN es el PRI, por cuestiones de Agenda, y no el PRD.
Hay que aceptar, no guste o no,
que el voto favoreció al PRI y su candidato; es decir, no sólo a EPN, sino al
PRI, eso puede apreciarse en los resultados de la elección general, no sólo
presidencial. Afirmar que quienes votaron por el PRI son corruptos o
ignorantes, es un error y una irresponsabilidad. Hay millones de personas que
eligieron esa opción, y seguramente la mayoría lo hizo consciente de su
decisión; no coincido con ellos, en lo absoluto, pero tampoco puedo
descalificarlos, ni acusarlos. Merecen respeto a su voto, amén del desacuerdo.
El resultado parece ser
definitivo y no se ven signos, pruebas, de que un fallo del TEPJF vaya en
sentido opuesto; en consecuencia debemos trabajar con las elecciones
intermedias de 2015 y las federales d 2018 en mente. Presionemos por una
Reforma del Estado que abra espacios de toma de decisión política, por la
transparencia y el acceso a la información, por imponer límites a los grupos de
interés, por otorgar dientes a los órganos que lo requieren a fin de articular
y construir condiciones democráticas. Consolidemos la rendición de cuentas y
sus mecanismos. Construyamos un sistema democrático.
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