Evaluando los daños de la elección federal en México II

–Segunda entrega de dos

–Por Amando Basurto.

Hasta el día de ayer por la noche, al terminar de escribir la presente, los distritos electorales no había terminado de hacer el análisis ni el recuento total de (por lo menos) el 54.5% del total de la elección presidencial. Lo que quedaba cada vez más claro es la enorme cantidad de irregularidades del proceso; lo que ha significado de entrada una bofetada con guante blanco a todos aquellos que repitieron alguna variante del estribillo iluso: “la jornada electoral fue un ejemplo de pulcritud y expresión fina de la democracia mexicana”. Tener que recontar más de la mitad de la elección es un gran revés a la confiabilidad inicial del proceso.

Sin embargo, las irregularidades en las actas no es el peor de los problemas que enfrenta la confiabilidad de nuestro sistema electoral. Si lo es, desafortunadamente, el desaforado uso del poder político, el corporativismo, la corrupción, la compra sistemática de votos y el uso ilegal de recursos públicos en los que se ha convertido la maquinaria política de los partidos políticos. Especialmente las maquinarias estatales del Partido Revolucionario Institucional han demostrado ser el renovado origen de su poder político. Los grandes ganadores de las elecciones del año 2000 fueron los comités estatales que, tras depender del poder concentrado en la figura del presidente desde 1930, obtuvieron descomunales recursos para su operación política local (un avanzado cacicazgo institucionalizado). Estos son los espacios desde donde la coacción y la compra de votos fue orquestada este año con una coordinación difícilmente igualable. Esto ha puesto de cabeza el sistema electoral al que se había (supuestamente) blindado en contra del “embarazo” de urnas. El Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no tienen suficiente facultades para castigar estas ilegalidades y no tienen suficiente poder para anular completamente unas elecciones con tal cantidad de irregularidades. En este sentido, la evaluación arroja números rojos tanto para la confiabilidad general del proceso como para la legalidad con la que proceden los partidos políticos.

¿Cómo hacer para evitar que las dinámicas de corrupción y abuso de la necesidad sigan siendo la constante en nuestro país? Por lo visto una reforma política a fondo no será fácilmente aprobada por la partidocracia mexicana. Lo que nuestro país necesita es una sacudida política; al estilo del “pípila” –ese cuasi-mítico personaje de nuestra independencia– la estructura política necesita ser incendiada desde sus cimientos para reestablecer límites civiles de acción política, imponiendo altos costos al abuso y la corrupción y construyendo definitivamente un sistema electoral confiable. Pero más importante, ¿cómo lo hacemos políticamente antes de que la violencia nos gane el paso y veamos a nuestro país envuelto en una guerra civil?

La evaluación de daños arroja un gran perdedor. El Partido Acción Nacional pierde posiciones políticas en casi todos los puestos de elección por los que compitió el domingo. Perder la Presidencia se suma a la pérdida definitiva de la gubernatura de Morelos, a la reducción de su fuerza en el Distrito Federal y, finalmente, a convertirse en tercera fuerza política en el Congreso. La gran impopularidad de la administración Calderón penetró hondo en el sentir del electorado y Josefina Vázquez Mota no sólo cometió errores graves durante su campaña sino que no pudo desmarcarse del todo para venderse como producto “diferente”. Es muy probable que la bancada intenten convertir al PAN en el partido “bisagra” en la negociación de las “reformas estructurales” con el PRI, pero en todo caso asistirá a las negociaciones con una fuerza muy menguada.

En términos de sistema de partidos, los ciudadanos resultamos perdedores tras la jornada dominical. Que el Partido Nueva Alianza mantenga su registro sólo coadyuva a la institucionalización de la corrupción y el corporativismo. Que Gabriel Quadri haya recibido poco más del 2% del voto presidencial habla muy mal de la política mexicana, en donde algunos prácticamente votarían por cualquiera con tal de no votar por los de siempre. Lo peor es que el recuento distrital podría poner al PANAL en la situación de convertirse en un partido “bisagra”, lo que nos dejaría en manos de un triunvirato temible PRI-PVM-PANAL.

Sorpresivamente, suceda lo que suceda tras los conteos distritales, la revisión de los paquetes con irregularidades y las impugnaciones ante el tribunal electoral federal, los verdaderos ganadores de la jornada del primero de julio son los partidos que conforman la Coalición Movimiento Progresista. Aun si después de agotar todas las instancias legales Andrés Manuel López Obrador no es declarado Presidente, la Coalición consiguió ganar las gubernaturas de los estados de Morelos y Tabasco, así como la Jefatura de Gobierno del D.F. (los números de la elección siguen sin ser finales pero es necesario trabajar con este supuesto). El capital político adquirido es enorme; de no dilapidarlo y coordinarlo, la Coalición se erigirá como segunda fuerza política.

Lo que se requiere es una verdadera autocrítica al interior de la Coalición y una definición de sus prioridades. En caso de que el TEPJF otorgue la constancia de mayoría a Enrique Peña Nieto, la Coalición deberá considerar lo inefectivas que fueron las acciones post-electorales de 1988 y del 2006. Posiblemente la mejor opción sería reconocer el resultado bajo protesta y usar el nuevo capital político para intentar crear un marco jurídico mucho más efectivo en contra de todas las irregularidades que se han presentado en las últimas elecciones presidenciales. Podrían también jugar un papel más constructivo en las reformas fiscal y laboral, y una muy legítima oposición política desde el Congreso. Incluso más importante, podrían utilizar el movimiento construido por AMLO para presionar políticamente y fiscalizar a los gobiernos estatales priístas y panistas, así como para asegurar que los gobernadores de “las izquierdas” cumplan con las expectativas de quienes los eligieron. De esta manera allanarían el camino para la elección presidencial del 2018. Para eso tendrían que reconocer que, a diferencia de los casos de Morelos y Tabasco, ganaron la Jefatura de Gobierno y una mayoría legislativa y delegacional aplastante del D.F. como resultado del efecto Ebrard y no López Obrador. Esto ayudaría a convencer a AMLO de liberar su movimiento de su liderazgo y permitir que trascienda su persona en pos de una izquierda políticamente lista para dirigir el país.

Mientras tanto nos queda estar pendientes al proceso de conteo y calificación de la elección; y debemos hacerlo reconociendo que el IFE, la FEPADE, el TEPJF no tienen las facultades de resolver todos los ilícitos ocurridos durante la campaña y la jornada. Actuar de manera efectiva y estratégica será lo único que puede hacer de este proceso uno constructivo.