Varios temas sobre Brasil ha preponderado en los medios: la crisis económica, el caso de corrupción ligado a PETROBRAS, el caso de lavado de dinero llamado lava jato (lavado de auto) y el desaseado proceso de juicio político a la presidente Dilma Rousseff. Lo que es más, Brasil seguirá siendo nota ahora que se acerca la celebración de los Juegos Olímpicos en Rio de Janeiro en medio de una grave crisis de legitimidad política del gobierno de Michel Temer.
La pregunta que muchos se han dedicado a contestar es si el juicio político a Rousseff por maquillar el déficit presupuestal (violando normas fiscales) representa un golpe de estado o no, y para ello habría que intentar responder primero si es posible realizar un golpe de estado de manera legal (es decir, utilizando la normas constitucionales) o no –el dilema central reside en acabar equiparando el juicio político a un golpe de estado (especialmente cuando se considera que la verdadera rendición de cuentas requiere la posibilidad de la revocación de mandatos).
Ciertamente, no todos los golpes de estado son militares y por lo tanto no requieren del asalto armado del gobierno (ni de la cooperación de la CIA, como sucedió en Guatemala en 1954 o en Chile en 1973); el golpe de estado parlamentario (es decir realizado por el Congreso) en Honduras en 2009 y en Paraguay en 2012 son muestra de la destitución y exilio (ilegal e ilegítimamente) de un presidente sin el uso generalizado y espectacular de las fuerzas armadas. Sin embargo, la complejidad del caso brasileño reside tanto en sus intensos y contrastantes tintes políticos como en un problema de fondo en el hiperfragmentado sistema político heredado tras el fin de la dictadura militar (1964-1985); a esto habría que sumar la densa red de corrupción en la que están involucrados la mayoría de los representantes populares federales brasileños (el 60% de los miembros del Congreso brasileño enfrentan cargos administrativos y/o judiciales).
Hay dos generalidades que hay que tener en mente desde un inicio: 1) un golpe de estado es usualmente definido como un acto rápido y violento en el que uno de los poderes del Estado disuelve o usurpa las funciones de otro poder (ver RAE), y 2) de acuerdo al Artículo 85 de la Constitución Federal de Brasil (1988), los delitos contra la ley presupuestaria son delitos de responsabilidad del Presidente y pueden derivar en su juicio político (Art. 86). Esto quiere decir que formalmente (es decir, normativamente) el juicio político a Rousseff no es un golpe de estado. ¿Por qué entonces –si el juicio parece procedente y la mayoría de los brasileños desaprueba la administración de Rousseff– el actuar del Congreso brasileño parece ser un golpe de estado? La explicación parece residir en la combinación de la incapacidad de Dilma Rousseff para navegar políticamente en un sistema que requiere de una gran cantidad de compromisos y la oportunidad de endilgarle a ella todos los costos políticos de la crisis económica por la que atraviesa el país.
La gobernabilidad en Brasil ha exigido, desde la promulgación de la constitución de 1988, una red de compromisos que permiten establecer y mantener vivas alianzas no sólo electorales sino legislativas. Como ejemplo baste anotar que Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), fue reelecta presidente en 2014 en una boleta que incluyó a Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), como su vice-presidente. Rousseff y Temer encabezaron en aquel entonces una coalición electoral de nada menos que nueve partidos políticos, misma que conforman la alianza legislativa que otorga(ba) mayoría al gobierno de aquella. Es decir que a pesar de ser presidencialista, el sistema brasileño obtiene tintes parlamentarios cuando el presidente no consigue construir la mayoría legislativa o cuando no hace lo necesario para mantenerla o reconstruirla. No es casualidad que la destitución de Fernando Collor de Mello, a través de un juicio político por corrupción en 1992, haya sucedido en un contexto en el que el presidente no tenía una coalición de mayoría legislativa que le apoyara; sin importar aquí si Collor o no era culpable (años más tarde la Suprema Corte lo declaró inocente de los cargos) lo importante que hay que entender es que una mayoría legislativa generada a través de compromisos diversos se encarga de proteger al presidente de juicios políticos al hacer impensable que dos tercios de los diputados voten a favor.
Al parecer el estilo duro, personalista e intransigente de Dilma Rousseff acabó por desintegrar la coalición que le sostenía en el poder. Por un lado, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (partido de centro al que pertenecen tanto el hoy presidente interino Michel Temer como el expresidente de la cámara de diputados Eduardo Cunha –quien impulsó el juicio político contra Rousseff) vio en la crisis económica y los multitudinarios casos de corrupción una oportunidad para desbancar al PT. Por el otro lado, es posible que Rousseff haya sido intransigente incluso con los miembros corruptos dentro de su propio partido (PT) quienes pueden haberse sentido abandonados o traicionados al no ser protegidos por la presidente (hay que tomar en cuenta las sentencias de cárcel que recibieron José Dirceu, João Vaccari Nieto y Renato Duque hace un mes por el caso de corrupción PETROBRAS).
Frente a la crisis y los casos de corrupción, los legisladores encontraron en el maquillaje del déficit fiscal (a pesar de ser práctica común federal y estatalmente) la excusa perfecta y decidieron aplicar la Constitución para deshacerse de Dilma Rousseff y generar el ambiente político necesario para fundar una coalición más favorable a los intereses del PMDB. Es por esta razón que el juicio político contra Rousseff es un golpe de estado sui generis ya que, a pesar de tener fundamento legal, iniciar el proceso se ha convertido en un arma política de partidos políticos en “rebeldía” especialmente cuando –a diferencia de lo que sucede en un sistema parlamentario cuando falla un voto de confianza– el vicepresidente es designado por la constitución como presidente interino, lo que crea el estimulo perfecto para este tipo de rebeliones legislativas. El golpe de estado contre Rousseff es pues un ejemplo de la debilidad institucional tanto del sistema de partidos como de la presidencia brasileños.
La ingobernabilidad en la que Brasil está cayendo tras la suspensión de Rousseff de su cargo hace imprescindible la formación de una nueva coalición electoral legislativa y, por ello, una serie de nuevos compromisos y componendas que mantengan al sistema político a flote. El (ahora) presidente Michel Temer no tiene mucho margen de maniobra pero puede que el objetivo de alejar al PT del gobierno sea la clave para construir una nueva coalición. Por ahora, lo que parecía un gran éxito de Luiz Inacio Da Silva (organizar tanto la Copa Mundial de fútbol y los Juegos Olímpicos, casi uno tras el otro) se ha convertido en un gran inconveniente que Brasil ahora tiene que sortear por entre crisis económica, bretes políticos y aprieto sanitario.
- Amando Basurto Salazar
Doctor en Política por la New School for Social Research, N.Y. y Maestro en Estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México @amandobasurto
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