Ideologizando la banalidad del mal

Segunda parte, el asesinato discriminado de civiles 

Por Amando Basurto.-

El ejército estadounidense, en coordinación con la Agencia Central de Inteligencia (C.I.A.), ha utilizado vehículos aéreos no tripulados (drones) en su “lucha contra el terrorismo”. Estos vehículos telecomandados han sido utilizados, de manera sistematica durante los últimos diez años, para el asesinato (ejecución) de líderes de Al-Qaeda y talibanes en Pakistán y Afganistán. En el año 2010, reporta The Bureau of Investigative Journalism, 874 personas fueron asesinadas por drones; este número se ha reducido este año a “sólo” 93 (los datos de la proporción de las llamadas víctimas civiles varía entre 6 y 2% del total) y eso mantiene a la administración Obama defendiendo su uso.

Uno de los argumentos a favor del uso de vehículos no tripulados es que hacen las operaciones antiterroristas mucho menos caras financiera y humanamente. Desde la reducida perspectiva de quienes defienden el asesinato de “terroristas” a control remoto, el uso de drones evita tener que organizar operaciones muy elaboradas, que sean proclives a un mayor margen de error, que pongan en riesgo la vida de tropas estadounidenses y que generen un alto numero de víctimas civiles. Esta perspectiva, con un realismo que atenta contra el sentido común, supone que la alternativa es solamente entre enviar tropas o utilizar aeronaves no tripuladas para matar “terroristas” (como sucedió en el caso de la “aprehensión” de Osama bin Laden) por lo tanto desconoce no sólo el problema de legitimidad y legalidad de las ejecuciones extrajudiciales, también peca de asumir que las víctimas civiles “no terroristas” son daño colateral justificado.

Quienes critican el uso de drones para el asesinato de terroristas a larga distancia, lo hacen desde varias perspectivas. Hay quienes simplemente rechazan esta práctica por ser una actividad táctica que pone en riesgo la estrategia general de contraterrorismo estadounidense por básicamente dos razones: el uso de drones ha hecho que por un lado, pequeños grupos de extremistas islámicos se vuelvan mucho más activos y tengan mayo poder de reclutamiento y, por el otro, ha propiciado la enajenación de naciones aliadas. En el otro extremo de las perspectivas críticas se encuentran aquellos individuos y organizaciones (como Amnistía Internacional) que se enfocan en señalar la ilegalidad de los ataques y la violación masiva de derechos humanos que conllevan. Es evidente a todas leguas que los ataques con naves no tripuladas son ilegales y sólo son legítimas para quienes creen que una ejecución extrajudicial es una expresión de justicia.

El concepto de “banalidad del mal” de Hannah Arendt (ver primera entrega de este artículo) suma un ángulo nuevo a todos estos argumentos y perspectivas. Sin dejar de reconocer los problemas tácticos o políticos, o enfocarse a señalar el dolor de las víctimas y el abuso grave de sus derechos, exige que reconozcamos el grave colapso moral y el desafío legal y judicial que el uso de drones representa. La nueva táctica contraterrorista estadounidense es una expresión de, ambos, un nuevo tipo de crimen y de criminal. Por un lado, la ejecución extrajudicial contraterrorista de carácter internacional implica un asesinato discriminado de civiles; es decir, es una ejecución que distingue (discrimina) de antemano el tipo de víctimas al etiquetarlas como “terroristas” o “civiles”. Sólo de esta manera se puede entender que se reporte, como hizo el mismo gobierno paquistaní el 30 de octubre pasado, que desde 2008 los ataques con drones han generado 2,227 víctimas, de los cuales “sólo” 67 son civiles. ¿Cómo sabemos que 2,160 de esos individuos eran “terroristas”? ¿Por qué esos “terroristas” no son civiles? Por el otro lado, cómo explica Arendt al respecto de Adolf Eichmann, el tipo de criminal al que aquí nos enfrentamos es nuevo, no solamente porque todos los partícipes en la cadena de toma de decisión son responsables directa o indirectamente, sino porque el ejecutor final, quien jala el gatillo, no está presente al momento de la ejecución. Lo que jala es un gatillo virtual, lo que facilita el asesinato discriminado de civiles sin motivo ulterior.

Todo esto nos pone frente a una serie de desafíos: ¿cómo enjuiciar moralmente a alguien que está asesinando “terroristas” bajo ordenes militares? ¿cómo enjuiciar moralmente a quien considera que 2 o 6 % de los asesinados son daño colateral ya presupuestado y justificado? ¿cómo enjuiciar judicialmente a alguien que asesina no sólo siguiendo órdenes sino jalando un gatillo meramente “virtual”? ¿cómo enjuiciar –políticamente­– a un régimen que asesina a 2,227 personas en menos de cinco años bajo la protección ideológica de la victimización resultado de los ataques del 11 de septiembre de 2001? Y finalmente ¿cómo emitir todos estos juicios sin defender o justificar el terrorismo en ninguna de sus expresiones?

Estas preguntas no tienen hoy una respuesta, no sólo porque es muy difícil contestarlas sino porque no nos hemos atrevido a formularlas.