De la democracia cerrada a la democracia abierta

El Gobierno Abierto y los retos de la ciberdemocracia.

Durante el siglo XX la democracia se consolidó como herramienta legitimadora de gobiernos dado su carácter plural, representativo, incluyente, transparente y participativo. Sin embargo, los gobiernos democráticos han sido en su mayoría gobiernos cerrados, en los que cambió una clase política por otra, o bien, se incluyeron actores al sistema político, pero no hubo transformaciones sustanciales en la estructura política, que abrieran espacios de participación ciudadana más allá de procesos electorales, mismos que si bien son muy importantes, son sólo un forma de participación; algo así como la transición a la democracia en México.

En consecuencia, la distancia entre los intereses de los gobiernos, los partidos y los políticos, con respecto a los de la sociedad en su conjunto (o de grupos dentro de ella) se ha ampliado, generando con ello una severa crisis del sistema o mostrando su verdadero rostro. El descontento e incluso el hartazgo ante tal situación es claro, evidente y está en expansión, sin embargo, la apatía y la parálisis política de grandes sectores de la población, resultantes de la ignorancia (o de su prima sexy, la desinformación) así como de falta de mecanismos de participación o denuncia, están siendo revertidas gracias a la mega expansión de la web (y sus versiones) al ciberactivismo (desde Wikileaks hasta Anonymous) así como a la constante presión y participación de individuos y organizaciones no gubernamentales en diversos temas.

Como uno de los resultados de esta tríada, o al menos coincidiendo con ella y con la crisis de los gobiernos democráticos cerrados, está la Open Government Partnership (OGP; Alianza por el Gobierno Abierto, AGA, en español) que es una iniciativa multilateral encaminada a propiciar compromisos concretos por parte de los gobiernos para promover la transparencia en la información gubernamental y garantizar el libre acceso a ella; aumentar la participación ciudadana en los asuntos públicos; y la colaboración entre el sector público, el privado y la sociedad (en toda su diversidad) aprovechando las nuevas tecnologías a fin de combatir la corrupción y robustecer la gobernanza. Es decir, construir desde distintos polos un verdadero gobierno democrático abierto; la redundancia es discutible.

A la fecha y luego de poco más de cuatro años de existencia, la AGA cuenta con 68 países y se configura como una de las iniciativas internacionales voluntarias más vigorosas, con un desarrollo vertiginoso y un respaldo financiero seguro al menos al mediano plazo, condición sine que non para el desarrollo de los procesos indispensables para la tranformación de los gobiernos y el impulso de la participación ciudadana. Ahora bien, aunque AGA ha impulsado importantemente el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información como herramientas eje en la ampliación de la participación ciudadana –lo que es comprensible desde una visión urbana y/o de un país desarrollado- es indispensable subrayar que los procesos de Gobierno Abierto no pueden limitarse a la plasticidad de las “apps” o de la web 2.0, 3.0, etcétera. Éstos deben adaptarse a las necesidades y condiciones de países en desarrollo o tan disímbolos (¿acaso plurisímbolos?) como México; he ahí el reto que se nos presenta en la construcción de la democracia abierta.

El pasado mes de octubre se llevó a cabo en la Ciudad de México la Cumbre Global de la Alianza, reuniendo a más de 3500 asistentes de más de 70 países. Más allá de la Cumbre misma, en donde allende el intercambio de experiencias nacionales y locales en la construcción del Gobierno Abierto, fue evidente la diferencia de condiciones en las que se desarrollaba el proceso mismo, así como de voluntades y niveles de compromiso gubernamental. Por ejemplo, México ha hecho importantes avances en el marco de la AGA -no sin cuestionamientos, tal es el caso del Plan de Acción 2011-2012, elaborado sin la participación de la sociedad civil- como la creación de un Secretariado Técnico Tripartita (STT) que encabeza y articula acciones o programas de diversas dependencias de gobierno dentro de AGA, y está conformado por una representación del Ejecutivo Federal (la Oficina de la Estrategia Nacional Digital de la Presidencia), una representación del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y una representación del Núcleo de Organizaciones de la sociedad civil. Pero contrariamente al espíritu de AGA y de la idea de Gobierno Abierto, ha sido dudoso su accionar (por decir los menos) en temas de corrupción e impartición de justicia.

 
Por último, cabe destacar que el eje temático de la Cumbre fue la vinculación de AGA con los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Esta concatenación entre AGA y ODS, abre un abanico de oportunidades y de sinergias temáticas que representa una invitación a la participación ciudadana para avanzar en los temas que la comunidad internacional ha destacado como críticos en el mediano plazo. La construcción de esta democracia abierta, de este Gobierno Abierto (en transición, por cierto, a un Estado Abierto) está permitiendo a la ciudadanía definir la agenda local, nacional y/o global de acuerdo a percepciones, realidades e intereses comunes, frente a intereses particulares (de gobierno, de partido o individuales). Pero es imperativo tener claro que estos procesos, no serán tersos y que nuestra participación es una condición sinne que non. Estos son los retos de la democracia abierta, nuestros retos como ciudadanos.