¿Voto olvidado?

Por Luis Alberto Herrán Ávila–

Toda vez que las campañas electorales parecen haber salido de su letargo inicial, existen varios temas que, por la naturaleza inmediatista de la propaganda y el proselitismo, parecen haber quedado por fuera del discurso público. Me referiré aquí a dos de ellos, ligados ineludiblemente al diagnóstico general que habrá que hacer pasada la tormenta electoral: el voto de los mexicanos en el extranjero; y la cuestión de la migración y sus aspectos políticos.

La reforma que permitió el sufragio desde el extranjero a partir de la elección de 2006 fue sin duda un avance para nuestro sistema electoral, abriendo las puertas para los mexicanos en el exterior pudiesen participar y sentirse partícipes, siendo que entre 2000 y 2010 más de cuatro millones de connacionales salieron del país, formando comunidades de migrantes recientes con nexos sólidos con sus familias y lugares de origen. Los cambios en el procedimiento para registrarse como votante en el extranjero y las campañas de promoción del voto, aunque importantes, parecen no haber logrado un impacto positivo en el grueso de los mexicanos fuera de México. El caso de los migrantes en los Estados Unidos (por mucho, el núcleo más numeroso) es sintomático: según datos del Pew Hispanic Center, 31% de los mexicanos en ese país tiene credencial para votar; unos tres millones de votantes potenciales. Pero sólo cerca de sesenta mil completaron el registro, con el antecedente de que en 2006 poco más de la mitad de los inscritos votó finalmente. Las causas de estas cifras desalentadoras son múltiples: dispersión de la población, desinterés, desencanto, falta de acceso a la información, entre otros. A ello sumémosle que el proceso de voto postal es propenso a fallas de logística y organización que quizá escapan de la competencia del IFE, pero que podrían prevenirse o mejorarse. Basta escudriñar las redes sociales para enterarse de cientos de casos de registros incompletos por alguna minucia burocrática, paquetes electorales que no llegan al votante por error en los datos de envío, o que son regresados a México por problemas en la entrega y sin notificar al interesado. O, más frustrantes, los casos de gente ansiosa por votar y que ni siquiera se enteró del proceso de registro.

El propio IFE reconoció este año, que el sistema actual de registro por internet y voto postal restringe el sufragio, y que se requiere una reforma constitucional para modificar estos mecanismos y ofrecer más opciones para el votante externo. A pesar de que desde 2006 se advirtieron tanto la bajísima participación como el carácter restrictivo del proceso, se perdió un sexenio completo para impulsar los cambios de fondo necesarios en la legislación y sobreponerse a un déficit de credencialización y participación electoral que no puede seguir tolerándose, si es que pretendemos, como país, procurar que se garantice y promueva el voto de nuestros condicionales.

Por otra parte, la reforma migratoria, tema que incumbe a buena parte de los mexicanos en Estados Unidos, no ha sido tema importante para los candidatos, sabiendo que, en buena medida, un cambio dependerá de las voluntades políticas en Washington y no sólo de las presiones que se hagan desde México. Las comunidades migrantes tampoco han recibido la debida atención, a excepción de algunas reuniones de candidatos con algunos líderes comunitarios en Estados Unidos, en un tono de “amarres políticos”, perpetuación de redes clientelares ahora a un nivel transnacional, y de vagas promesas electorales, más que en aras de desarrollar cierta sensibilidad hacia problemas y demandas a las cuales el estado mexicano está en capacidad de responder. Además, atados por la legislación vigente, los candidatos no pueden hacer campaña oficialmente en el extranjero, limitando muchísimo el acceso a sus proyectos y propuestas. También, contrario a lo que sucede ya en países como República Dominicana donde existen los llamados “diputados de ultramar”, los mexicanos que residen permanentemente en el exterior carecen de mecanismos de representación directa, y no se les permite elegir a los diputados federales y senadores de su distrito y entidad correspondientes. En términos generales, el migrante sigue siendo tratado por los partidos e instituciones como fuente de remesas y, por lo tanto, de influencia sobre sus lugares de origen, y menos como ligazón con comunidades tanto en México como en sus lugares de residencia para promover alternativas de participación cívica, además de contribuir a la credencialización, registro y emisión del sufragio. Iniciativas como el ya existente Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), presente en todos los consulados para proveer servicios de salud, educación y desarrollo comunitario, podrían ser piedra angular para avances más concretos en este rubro. Pero sin una visión que considere la pluralidad de la población migrante y que garantice no sólo su derecho al voto sino también las condiciones institucionales para ejercerlo ya sea por correo, en urnas o por internet, será difícil mantener lazos con aquellos que, al salir del país, extienden nuestras fronteras y nuestro sentido de solidaridad.

El autor es candidato a doctor en Ciencias Políticas e Historia por la New School for Social Research en Nueva York.